Dentro de la organización política de nuestro país el municipio juega un papel fundamental. Significa el primer orden de gobierno y en el que se presentan y resuelven las principales problemáticas ciudadanas. Es el nivel de atención y organización política-administrativa más cercano a la gente. Por ello la aplicación y ejercicio de los recursos públicos en estas demarcaciones está estrechamente ligado al mejoramiento de la vida de la población. Dicha cercanía entre la ciudadanía y su municipio actualmente cuenta con una importante área de oportunidad en uno de los ámbitos centrales de cualquier gobierno y en particular del orden municipal como lo es el de la transparencia y el combate a la corrupción.
Mediante la reforma a la Constitución general en 2015 se creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) cuyo propósito es coordinar a las autoridades gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal para castigar, prevenir e investigar la corrupción. En este marco la fiscalización se convirtió en uno de los pilares fundamentales del combate a la corrupción en México. Se trata de que estados y municipios hagan un uso eficiente y transparente de los recursos públicos. Desde 2016 la Ley estableció que las legislaciones estatales debían armonizarse para adoptar este nuevo modelo de fiscalización, buscando prevenir y corregir los abusos del poder, obligar al poder a someterse al escrutinio ciudadano y forzarlo a explicar sus actos y someterlo a sanciones.
En Zacatecas con la promulgación de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de 2017 se inició con la transición a este nuevo modelo. No obstante, junto con esta actualización no se reformaron otras que son de sustancial relevancia para avanzar decididamente en la transparencia y rendición de cuentas en los municipios. En primera instancia es importante homologar definiciones y facultades en diversos ordenamientos para fortalecer las Contralorías municipales sean estas verdaderas autoridades fiscalizadoras en beneficio de la ciudadanía y para ello es necesario reformar los mecanismos de nombramiento y destitución de las y los contralores municipales.
Nuestro estado es un caso singular en el país donde la segunda minoría electoral del ayuntamiento tiene la atribución de proponer a quien ocupará la Contraloría Municipal, y la destitución se prevé como una facultad de la Presidencia Municipal y el Cabildo. Esto no corresponde con el espíritu de la reforma constitucional de 2015 ni con los principios que persigue la fiscalización y la rendición de cuentas. Para transparentar el ejercicio de los recursos públicos, es fundamental separar la política de la fiscalización.
En este sentido, es impostergable ciudadanizar las hoy denominadas contralorías y eliminar la injerencia partidista en un ámbito tan delicado y de tanta relevancia para el bien común y el desarrollo de nuestras ciudades y municipios. Se trata de dotar de autonomía técnica y de gestión a las autoridades fiscalizadores en el orden municipal, como ocurre a nivel federal y estatal y de conformidad con la Constitución General de la República.
Quien sea titular de la función fiscalizadora en nuestros municipios debe contar con un perfil idóneo y probado, y sus capacidades deben ser evaluadas mediante un procedimiento transparente y abierto en el que la ciudadanía tenga la oportunidad de participar.
Por todo lo anterior es que desde hace más de dos años invité a mis colegas contralores para que uniéramos esfuerzos, conocimientos y experiencias para construir una propuesta que actualice y corrija estas omisiones jurídicas que repercuten negativamente en la fiscalización de nuestros municipios. Afortunadamente Zacatecas cuenta con un grupo de contralores sumamente capaces, que quieren a su estado y que aportan su profesionalismo, sin ningún otro interés que el de mejorar la aplicación y ejercicio de los recursos públicos en sus comunidades.
Hoy esta propuesta es una realidad y estamos en pláticas con diputadas y diputados que estén decididos a impulsar la transparencia y la rendición de cuentas en nuestro estado. El trabajo que se ha hecho hasta ahora incluye decenas de reuniones donde hemos participado todas y todos los contralores de diversas regiones de Zacatecas, así como foros con expertos, entre otras actividades. Todo este trabajo está dedicado a modernizar la fiscalización municipal para ciudadanizar y no politizar más la vigilancia de los recursos públicos de nuestras comunidades, porque solo así se combate verdaderamente la corrupción. ■
