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jueves, 28 marzo, 2024
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Reforma eléctrica y explotación del litio

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Por: SAÚL MONREAL ÁVILA •

La iniciativa de reforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28, enviada al Congreso de la Unión por parte del presidente, Andrés Manuel López Obrador, conocida como “reforma eléctrica”, genera una ola de reacciones que, como es costumbre, se dividen entre quienes la respaldan de forma incondicional y quienes la denuestan y pretenden generar alerta entre la opinión pública. No obstante, es responsabilidad de los actores sociales profundizar en el debate y conocimiento de dicha iniciativa, para dar información objetiva y reflexionar sobre sus alcances para el desarrollo económico nacional. 

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El objetivo principal de la iniciativa es fortalecer la rectoría del Estado mexicano sobre las áreas económicas estratégicas, para preservar la seguridad y autosuficiencia energética, dando marcha atrás a la política de desmantelamiento de las empresas productivas, como lo es la Comisión Federal de Electricidad, que en el viejo régimen competía en condiciones de desigualdad con respecto de las empresas privadas. Un ejemplo de ello son los límites temporales que existen para otorgar certificados de energía limpia, que excluye a la cfe de este mecanismo, pese a producir el 55 por ciento de este tipo de energía en el país, lo que configura una estrategia privatizadora que deriva en precios más altos para la población. 

Los privilegios al sector privado, con respecto a estos certificados, permiten que las empresas (principalmente extranjeras) transfieran la energía a otras empresas de forma gratuita y subsidiada, lo que provoca inequidades que llegan al extremo de que las empresas más grandes paguen menos por el servicio eléctrico que las familias mexicanas; esto generó que dichas empresas se ampararan en contra de la reforma; en este sentido, la Ley de la Industria Eléctrica, publicada en el Diario Oficial de la Federación en marzo de este año, hizo necesaria una reforma de rango constitucional, que a principios de este mes fue presentada ante la Cámara de Diputados. 

Esta reforma contempla adicionar el artículo 27 constitucional que, al tratarse de minerales radioactivos, como el litio y demás minerales considerados estratégicos para la transición energética, no se otorgarán concesiones. ¿Implica ello nacionalización, expropiación o afectaciones a los intereses de las empresas? No. Se trata de una forma de proteger los intereses y las riquezas de la nación ante un mercado naciente, que podría explotarse por empresas extranjeras sin beneficio para las comunidades aledañas a los yacimientos de este mineral, tal como sucede de forma histórica con metales como el oro y la plata, de lo cual Zacatecas puede dar testimonio. 

Pese a que en 2018 la aportación de la minería, principalmente desarrollada por empresas extranjeras, al Producto Interno Bruto de Zacatecas representó hasta el 11.2 por ciento, lo que equivale a más del doble del promedio nacional, esta actividad únicamente emplea al 2 por ciento de la población económicamente activa, y debido a la falta de vinculación con la industria nacional, no explota todo su potencial en cuanto a la derrama económica. Si bien el mercado del litio es prometedor, al punto de ser considerado “oro blanco”, existe una urgente necesidad de transformar la forma en que se aprovechan nuestras riquezas minerales, para generar bienestar para quienes vivimos en esta tierra. 

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