Las democracias modernas enfrentan paradojas en cuanto a su legitimidad y desempeño cada vez más evidentes. En tanto que para ganar una elección, y para comunicar con eficiencia, hay que simplificar mensajes, procesos, propuestas y estrategias, para gobernar con efectividad, hay que gestionar la complejidad de cada fenómeno sobre el que toca tomar decisiones. Es en este escenario la tensión, ya existente, pero en pleno auge, entre políticos, burocracia y los componentes del Estado de Derecho se ha disparado, con pobres resultados para ambas partes.
Distintos gobiernos, de todas las expresiones ideológicas, han promovido la reducción del Estado y sus instituciones, en un movimiento que apuesta por la simplificación de procesos, mayor margen presupuestal y el cumplimiento de plataformas electorales, sin embargo, las dificultades a las que se han enfrentado en el diseño e implementación de soluciones públicas como resultado de dichas reformas, han sido del todo contraproducentes. Y es que la gestión pública si bien requiere y exige voluntad política para la acción, para que esta se materialice, se precisan potentes engranajes, mecanismos e instrumentos para implementar las decisiones surgidas del compromiso político.
Desafíos como la impensable pandemia que provocó el virus de Covid-19, o la captura de las instituciones por parte de poderes fácticos, legales e ilegales, requieren de una robusta ingeniería jurídica y constitucional para que el desempeño del Estado sea proporcional al tamaño del reto. Empero la evolución de la administración pública en general parece ir en un camino distinto. El equilibrio entre un cuerpo técnico capaz de diseñar estrategias exitosas y un liderazgo político que consiga movilizar al aparato burocrático en la dirección de conquistar la legitimidad democrática no parece estarse dando.
Tanto México como otros países que experimentaron transiciones políticas en las décadas finales del siglo pasado, han comenzado a sufrir las consecuencias de crisis paralelas que han impactado en el éxito de sus procesos de democratización, y a su vez, en la consolidación de un Estado de Derecho que permita, tanto la garantía plena de los derechos humanos, incluidos los sociales, como el desarrollo y una robusta certidumbre jurídica que permita el crecimiento económico.
Así pues, las consecuencias de fenómenos ya añejos (como el efecto de la alternancia partidista y pluralidad política fruto de la liberalización democrática de nuestro período de transición en la fortaleza y solidez del Estado frente a los poderes fácticos, tanto a nivel nacional como regional y local), y nuevas realidades políticas (como la concentración del poder en las reformas que tuvieron lugar a finales del sexenio pasado), nos ponen frente a la indispensable labor de una reforma profunda, y siempre pendiente, a la arquitectura constitucional que da forma al poder público.
En relación al primer punto, vale la pena un análisis crítico de nuestro federalismo, que concentra facultades en materia presupuestal y fiscal, pero las distribuye (mal) en cuanto a seguridad pública y procuración de justicia. Ha llegado el momento de considerar un pacto federal que se haga cargo de la debilidad de un Estado fragmentado, frente a organizaciones de magnitud supranacional. Sin obviar que en tal labor no puede dejarse fuera una reforma sustancial a la justicia, que reconsidere la actual configuración del poder judicial y se avoque de fondo a las fiscalías.
En lo que hace al segundo, cabe atender el muy recomendable análisis de Galo Daniel Marmolejo Rodríguez, publicado recientemente en el Blog “El juego de la nueva Suprema Corte”, de la revista Nexos, al que cito textualmente: México terminó de construir, en menos de un sexenio, la presidencia formalmente más poderosa de su historia reciente. Nadie reparó, sin embargo, en que el edificio era inhabitable. (…) Ningún centro decisional, por más poder formal acumulado, tiene capacidad para procesar toda la información que un Estado moderno genera.”
Ahora más que nunca, cuando México enfrenta la amenaza injerencista (por lo demás latente en nuestra historia desde siempre), se requiere pensar en la fórmula que dé al país la fortaleza institucional necesaria para responder a los desafíos de la desigualdad, la violencia y la corrupción. El minimalismo formalista ya mostró sus límites: la realidad ha superado toda simulación política y nos ha dejado expuestos. Superarlo exige partir de una lógica democrática sustancial, una reforma que no sea cosmética sino de fondo.
@CarlosETorres_
