Diputadas federales del PRI interponen queja ante la CDHEZ en contra de la gobernadora de Campeche

En conferencia de prensa, las diputadas federales por el PRI, Carolina Dávila Ramírez y Fuensanta Guerrero Esquivel informaron que presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas (CDHEZ) en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, por violencia política de género, ya que ésta afirmó que posee fotografías comprometedoras de las 35 legisladoras priístas, supuestamente solicitadas por el dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, ‘Alito’, lo que señalaron coma una calumnia y ataque a su integridad.
Las legisladoras fueron respaldadas en esta decisión por el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Enrique Flores Mendoza; la secretaria general, Araceli Guerrero Esquivel y la dirigente estatal del ONMPRI, Isadora Santiváñez Río, quienes señalaron que el priísmo zacatecano siempre estará dispuesto a respaldar a sus militantes y especialmente en estos casos, por la evidente violación de sus derechos.
Carolina Dávila Ramírez y Fuensanta Guerrero Esquivel anunciaron que mantendrán una férrea posición contra esta violación a sus derechos de género, sin importar que quien agrede sea la gobernadora de un estado, porque se trata de acusaciones hechas con falsedades y calumnias y la intención política no sólo de golpear a las 35 diputadas federales, sino de amedrentar al presidente nacional de este instituto político, Alejandro Moreno Cárdenas “Alito”, debilitar al PRI, así como a la coalición “Va por México”.
Las diputadas expusieron que en este momento de extrema violencia en todo el país, las intimidaciones contra las mujeres pueden ser la base para agresiones mayores, porque ahora más que nunca ser mujer significa estar en riesgo de violencia.
Por su parte, Isadora Santiváñez Ríos señaló que Layda Sansores no sólo ha buscado intimidar a las diputadas priístas, sino que ha logrado ponerlas en la indefensión porque pueden ser objeto de mayores agravios y por ello, insistirán con demandas civiles y penales hasta que la ley se aplique con todo su rigor contra esta gobernadora de extracción morenista que, sin duda, está respondiendo a los intereses del máximo poder en México.