■ Mientras se modifica Ley de Ingresos, por decreto gubernativo la fotostática ya cuesta 1.50 pesos y no 15
■ Copia digital se quedará entre 12.50 o 13 pesos; vía correo electrónico debe ser gratuita, advierte
A decir del secretario de la Función Pública (SFP), Guillermo Huizar Carranza, fue un “error tipográfico” no premeditado incrementar este 2015, mil 500 por ciento el costo de las copias impresas que solicita un ciudadano para obtener información pública vía la Ley de Transparencia.
En entrevista, informó que la falla “involuntaria” por decreto gubernativo se ha corregido, por ello el precio es de 1.50 pesos por cada hoja impresa y no de 15 pesos como actualmente lo establece con número y letra la Ley de Ingresos de este año, cuota que admitió, se salía de “toda proporcionalidad”.
Aunque estableció que la copia digital con un precio actual de 17 pesos se bajará a un rango de 12.50 o 13 pesos cada una. “Aprovechando que vamos a verificar el cobro de derechos por estos preceptos, tomaremos no sólo referente a la copia impresa, sino también la digital, a efecto de que quede con un incremento razonable”.
Huizar aseguró que en 2014 la copia digital costaba 10 pesos. Aunque advirtió que el envío por correo electrónico es gratuito. “Les ponemos a su disposición que a través de la vía electrónica no tenga costo”, expuso.
Sin embargo, según han referido algunos ciudadanos, a ciertas solicitudes hechas vía Infomex no se les da la opción de elegir el envío de la información por correo (gratuito como señaló el funcionario) o de forma impresa, únicamente establece la disponibilidad de la información de manera digital.
Según explicó Guillermo Huizar, por copia digital se entiende cuando el solicitante de la información pública, previo pago, lleva a la dependencia un dispositivo USB u otro para que se lo proporciones. Esa modalidad funciona esporádicamente, la vía documental es la más común. El año pasado se utilizó la digital, a lo mucho en dos ocasiones.
Si bien ayer el área de Comunicación Social de Gobierno del Estado anunció que la SFP en coordinación con la Legislatura “analiza” corregir el costo, este miércoles en entrevista el funcionario aseguró que independiente a las modificaciones jurídicas que se puedan hacer a la Ley de Ingresos en su momento, por decreto de Miguel Alonso ya no se pagan 15 pesos, e incluso quienes erogaron ese monto pueden reclamar el retroactivo.
Dichos cambios y las aclaraciones las hizo días después de que la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP) envió un escrito de protesta a la SFP por el elevado costo. En declaraciones púbicas la comisionada presidenta, Raquel Velasco Macías, consideró que con ese precio pareciera que la intención era inhibir la transparencia.
Al respecto Huizar Carranza admitió que, en efecto, la cuota era “desproporcional”, máxime que el promedio nacional es de un peso y 2.25 pesos la más cara.
Aseguró que cuando la SFP -como responsable de albergar en su sistema la plataforma Infomex- se dio cuenta, se le informó al gobernador Miguel Alonso acerca del hecho y el mandatario solicitó hacer lo necesario para restablecer el costo en 1.50 pesos; es decir, 50 centavos más que en 2014.
Aunque consideró que ya no tiene mucho sentido, el secretario de la Función Pública informó que se analiza dónde estuvo el error, pero insistió “categóricamente”, nunca fue la intención elevar de esa manera las cuotas para proporcionar información pública documental. No obstante, para corregir se deberá saber si se trató de un error o un proceso legislativo que se rectificará como tal.
Es importante que el costo que impere en Zacatecas esté dentro del promedio nacional, independientemente de cuántos ciudadanos participen de su derecho. Refirió que hay ciudadanos que han pagado hasta 50 mil o 60 mil pesos “para llenar tres camionetas de copias, no hay problema, nunca será la intención utilizar el costo para inhibir el acceso a la información”.
Guillermo Huizar agregó dos posibles vías para corregir el “error” en la Ley de Ingresos podría ser una fe de erratas o una iniciativa de reforma a la Ley de Ingresos 2015, pero eso lo determinarán en conjunto con el Legislativo, con el objetivo de garantizar que el costo para obtener información pública esté por debajo de la media nacional.
