Hace apenas unas semanas se cumplieron 100 años de la Revolución Rusa; fue Eric Hobsbawm quien enmarcó el siglo 20 entre esa revolución y la desaparición de la URSS en 1991. Quienes vivieron esa época conocieron los horrores del fascismo en sus diferentes modalidades nacionales, dos guerras mundiales, el holocausto nazi, las formas más violentas de colonialismo y neocolonialismo militar, político y económico y los espantos y mediocridades de los regímenes del llamado socialismo real, etc. Sin embargo, fue también el siglo de la esperanza y del progreso social. El avance de los movimientos socialistas y de las organizaciones sindicales y populares en los países desarrollados se tradujo en derechos sociales y políticos para sectores cada vez más amplios de la población y en una concepción de la democracia vinculada a unas mínimas bases materiales de bienestar. En Europa Occidental, y en menor medida, también en Estados Unidos la economía de libre empresa se hizo compatible con formas de redistribución de la riqueza y con la mejora del nivel de vida de una parte considerable de los sectores populares, en particular de la clase obrera empleada en los sectores económicos que contaban con una fuerte presencia sindical. Las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial en Europa Occidental fijaron un nuevo contrato social, conocido como Estado de Bienestar, con el que una parte considerable de las mayorías sociales de estos países tuvieron mucho que ganar.
Sin embargo, a partir de la crisis del petróleo de la década de los años setenta, los sectores dominantes globales apostaron por nuevas estrategias políticas, que pasaban por empoderar a los sectores financieros y por acelerar los procesos de integración económica mundial. La globalización económica, de signo político neoliberal, implicó cambios tales como la desregulación financiera, que acabó con el sistema monetario y financiero de Bretton Woods y vino acompañada por un extraordinario desarrollo de los transportes, así como de las tecnologías de la información y la comunicación. En los países desarrollados se produjeron privatizaciones y se redujo, tras durísimos conflictos, la capacidad de negociación de los sectores organizados de la clase trabajadora. Se empezaron a contener los incrementos salariales y a limitar los instrumentos de protección social, al tiempo que se producían traslados de instalaciones productivas hacia áreas donde la mano de obra era barata y carecía de poder social y político. En los países periféricos, el neoliberalismo se tradujo en la imposición de planes de ajuste estructural, a veces respetando, hasta cierto punto, la democracia procedimental (Corea del Sur, desde 1987) y a veces no (Chile, desde 1973). En nuestro país, la aplicación de esos planes de ajuste estructural (neoliberalismo) a partir de 1982 corrió paralelamente a un proceso gradual de liberalización política, que culminó con la alternancia en el poder ejecutivo con Vicente Fox a la cabeza en el año 2000, para dar paso a una rápida descomposición institucional.
El fracaso innegable de las políticas neoliberales en México y la exhibición impúdica de la corrupción y la impunidad como vicios mayores de la élite del poder, han contribuido de manera decisiva a desencadenar una crisis de régimen que ha abierto, no sabemos durante cuánto tiempo, una estructura de oportunidad política inédita, dada la frustración de expectativas de importantes sectores de las clases medias y asalariadas , constituyendo uno de los elementos más decisivos a la hora de entender las posibilidades políticas del momento. Las grandes movilizaciones de la CNTE y, poco tiempo después, las que convocó el descontento de millones por la desaparición en Iguala de los normalistas de Ayotzinapa, constituyen experiencias que han dejado ver la profundidad y extensión del descontento, pero también expresan las limitaciones de estos movimientos para consolidarse como sujetos políticos capaces de conducir la lucha pacífica y electoral para conquistar el control de las riendas del poder del Estado. Esas limitaciones prácticas, acompañadas de una descomposición acelerada de los jefes de las tribus que se apoderaron del PRD, así como la persistencia de Andrés Manuel López Obrador para recorrer una y otra vez el país entero, explican el vertiginoso crecimiento de la fuerza política de Morena y su posición preponderante en todas las encuestas levantadas en el año.
La emergencia de Morena como fuerza política ha propiciado una redefinición del tablero político electoral, y se ha colocado en la posibilidad real de propiciar un cambio político que avance por una senda de recuperación de los derechos sociales. Es evidente que no puede hablarse de revolución, en el sentido histórico del término, ni de nada que pueda llamarse transición al socialismo, pero sí de procesos de recuperación de la soberanía que limiten el poder de las finanzas, impulsen transformaciones en los modelos productivos, aseguren una mayor redistribución de la riqueza, garanticen la vigencia de los derechos humanos, y apuesten por una reconfiguración de la institucionalidad mexicana en un sentido democrático. ■
