Zacatecas, este estado con el 1% de población nacional, y similar proporción en el Producto Interno Bruto, se llevó la portada del periódico Reforma el día de ayer por la situación de violencia.
El diario nacional reportó que en un mes de este gobierno se rompió la cifra récord de homicidios dolosos con 220, y que Zacatecas es el estado con mayor tasa de víctimas de ese delito con 61.51 por cada 100 mil habitantes.
Apenas se enfriaba la tinta del periódico, cuando el mandatario estatal ya daba respuesta al rotativo a través de un mensaje en sus redes sociales, aunque sin referirse a él directamente.
Habló de una “herencia maldita” producto de la desigualdad y de cuarenta años neoliberalismo, y recordó que la “torpeza” de Felipe Calderón en declarar la guerra contra el narcotráfico que derivó en este estado de cosas.
No se equivoca. La “herencia maldita” es real y difícilmente puede controvertirse ello sin filtros ideológicos o partidistas.
Sólo la superficialidad más supina podría considerar que un cambio de gobierno deja sin efecto lo que hicieron los anteriores.
Pero eso no significa que las “herencias” sean realidades inamovibles o destinos fatales. Justamente se elige a un gobernante porque sabe de esa “herencia” y tiene una propuesta para modificarle.
En este caso concreto aún no conocemos la propuesta, y como se heredó al responsable de atender el tema, es de suponer que será la misma que la del gobierno anterior.
Quizá se asume que requiere más tiempo para evaluarse, toda vez que el titular del tema apenas tiene un año en el cargo; o probablemente la decisión de ratificarlo es producto de un acuerdo con la Federación, tal como fue la decisión de designarlo según se ha dicho abiertamente.
O quizá es que no ven el problema en el quién, sino en cuántos pues a decir del gobernador sólo hay un tercio de la fuerza policiaca recomendada por organismos internacionales.
Falta ahora saber cómo se pretende aliviar ese déficit. Se antoja difícil que haya muchos interesados en un trabajo donde las bajas violentas se cuentan por decenas.
Tampoco ayuda la continua incertidumbre salarial en los servidores públicos. Hace unos días circulaba en redes sociales un supuesto comunicado de trabajadores del Centro de Readaptación Social de Cieneguillas que anunciaban que trabajarían bajo protesta por encontrarse sin pago.
No tengo datos suficientes para dar por cierta esa versión, pero resulta verosímil no tanto la información misma, sino el estado de ánimo que deriva de que se arregla la nómina en un lado, pero surge el problema en otro. Es decir, la sensación de que sólo se tapa un hoyo cuando se destapó otro.
Los efectos de esta incertidumbre no abarcan únicamente a los servidores públicos directamente relacionados. Poco a poco alcanzará también a la ciudadanía en general que al menos en Zacatecas y Guadalupe está estrechamente vinculada a la actividad económica gubernamental.
El resultado previsible es justamente el descrito por el gobernador, el de la acentuación de la desigualdad social que termina por convertirse en inseguridad, perpetuando la terrible espiral que nos ahoga.
No ayuda tampoco la percepción de vacío e ingobernabilidad que dejó el tortuguismo en el nombramiento de titulares de las más altas esferas, entre ellas la secretaría de Gobierno, fundamental en el tema en cuestión.
Tampoco la descoordinación que se percibe entre gobierno estatal y los municipios, como dejó claro el reclamo del alcalde de Sombrerete a quien no se le tuvo la cortesía mínima de invitarle, o avisarle de una visita del mandatario a aquella demarcación.
Ya se había quejado el poder legislativo de esas faltas de comunicación en la toma de protesta, y remediar el entuerto obligó a ceder comisiones legislativas generándose uno peor que por momentos ha paralizado ese poder.
El diagnóstico es correcto, la “herencia maldita” es real, y también es cierto que es pronto para esperar que el problema está resuelto. Del pasado no es responsable, y al futuro le cabe un “todavía”. ¿Pero qué hay en el presente?
