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sábado, 27 noviembre, 2021

En el mundo, el modelo de desarrollo cambia de dirección, y en México hay resistencia

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Por: RAYMUNDO CÁRDENAS HERNÁNDEZ •

La pandemia del Covid-19 ha revelado las debilidades y fragilidades provocadas por el modelo de desarrollo neoliberal, especialmente por las políticas aplicadas para salir de las crisis de 1982, 1994-5 y 2008. Las consecuencias de esta crisis sanitaria dejan lecciones evidentes: Haber descuidado los servicios públicos, privatizado el sistema de salud y seguridad social, dejando en manos privadas la fabricación y dotación de vacunas y medicamentos y, en general, relegado la defensa de los derechos sociales, nos ha estallado en la cara cuando más lo hemos necesitado. Sin embargo, la crisis social y económica generada por la pandemia está provocando un giro neokeynesiano en la orientación de las políticas económicas como respuesta a la crisis. En prácticamente todo el mundo está de regreso el Estado cómo garante de los derechos y rector del desarrollo económico. Hoy, ni siquiera en Estados Unidos y Gran Bretaña mencionan el ideal del Estado mínimo, y el presidente Biden promueve el fortalecimiento del sindicalismo y los incrementos salariales; por todas partes se aprueban intervenciones públicas multimillonarias para vacunar a la población y atender la salud de todos, para reactivar la economía y recuperar las soberanías energéticas, alimentarias y en medicamentos. Los pueblos presionan cada vez con mayor fuerza a sus gobiernos para que cumplan sus compromisos en el combate al cambio climático. En suma, regresa el Estado de Bienestar.

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En medio de este proceso de aprendizaje de las lecciones que nos ha dejado este último año, en el mundo se dan pasos firmes hacia un nuevo paradigma económico, que ponga el bienestar social, los servicios públicos y el desarrollo de un nuevo modelo industrial en el centro. Por doquier se reconoce la necesidad de acelerar la búsqueda de un nuevo contrato social que genere los consensos necesarios para impulsar un nuevo estado de bienestar. Ya es visible que diversos sectores de la Unión Europea se han visto arrastrados a asumir ese nuevo rumbo debido al fracaso de la ruta de las privatizaciones corruptas, los recortes salariales y la austeridad fiscal. Las importantes movilizaciones populares que se han llevado a cabo en muchos países del sur de Europa durante esta última década, han servido para que las instituciones de la Unión Europea eliminen la opción de gestionar esta crisis igual que la de 2008-2012. También el cambio político presente en algunos Gobiernos europeos ha llevado a una nueva política económica en Europa durante este periodo. Los Estados de la UE han alcanzado un acuerdo que, en lugar de fijar recortes en los servicios públicos de la ciudadanía, establece la mutualización de las deudas de los distintos países para hacer frente de forma conjunta y coordinada a los retos derivados de la pandemia y la reconstrucción.

Pero no todo son avances, hace unos días la Organización Mundial del Comercio (OMC) informó que sus países miembros no lograron concretar acuerdo alguno para la liberación de las patentes de las vacunas contra el Covid-19 que se propuso con la finalidad de acelerar su producción y cerrar la enorme brecha abierta entre naciones ricas y pobres en la protección de sus ciudadanos ante el coronavirus. En este escenario, el fracaso de las negociaciones en el organismo multilateral deja al descubierto que, para las grandes trasnacionales farmacéuticas y para los gobiernos que respaldan sus intereses, las ganancias privadas están efectivamente por encima de la vida humana. Se trata de una política tan egoísta como autodestructiva, pues se sabe que la pandemia no terminará mientras haya amplias regiones expuestas a la propagación del virus.

Al mismo tiempo, en el México de hoy, los conductores y comentaristas que dominan en los medios de comunicación se aferran al mito de la capacidad superior de los oligopolios para gestionar los sístemas energéticos nacionales, y se oponen a que el Estado mexicano recupere su función rectora del sistema eléctrico nacional para garantizar el abasto para todos a precios accesibles, y apoyan la permanencia de normas que propician el proceso acelerado de desmantelamiento de la empresa pública y que una de las redes de transmisión y distribución más grandes del mundo, construida por décadas con recursos públicos, siga siendo utilizada como si fuera propiedad del oligopolio privado, impulsado por las fuerzas políticas que han cogobernado México desde 1982.

En el escenario político actual y con la correlación de fuerzas existentes en el Congreso de la Unión, lo más probable es que los aspectos principales de la iniciativa de reformas constitucionales enviada por el titular del Poder Ejecutivo no sean aprobados y que se genere un empate de fuerzas hasta que el pueblo de México lo resuelva con su voto en 2024. Claro que también hay que considerar que, por primera vez en México, sea la presión de la gente en las calles la que produzca un cambio de posición en un número suficiente de legisladores para que la mayoría simple de Morena y aliados, se convierta en mayoría calificada (más de 2/3 de legisladores presentes en cada cámara). Pronto lo veremos.

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