Martha Berenice Vázquez González, fiscal especializada en Atención de Delitos contra las Mujeres por Razones de Género, reconoció ayer que el programa Reconecta con la Paz fue diseñado originalmente para atender a jóvenes involucrados en delitos no graves, condición distinta al caso del adolescente de 13 años vinculado a proceso por la agresión contra la niña Areli en el municipio de Tabasco.
No obstante, la fiscal consideró que el programa tiene un “amplio espectro” y podría adaptarse a hechos graves como este; aclaró que no será la única medida y que se requerirá “un acompañamiento muchísimo más integral y especializado”.
Sobre el reclamo social de que el adolescente sea procesado como un adulto, Vázquez González reconoció que es “entendible” la indignación ciudadana, pero subrayó que “la ley no la hace el estado de Zacatecas”.
Cuestionada sobre el planteamiento del Partido Acción Nacional, que un día antes pidió en el Congreso del Estado revisar la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes por supuestos vacíos de justicia ante crímenes graves, la fiscal dijo estar de acuerdo en que la ley debe perfeccionarse y calificó de pertinente que académicos y legisladores pongan el tema sobre la mesa. Sin embargo, advirtió que los derechos humanos son progresivos y que cualquier reforma debe evitar “dar pasos hacia atrás” en la protección integral de las infancias.
La funcionaria aseguró que, hasta el momento, no existe ninguna línea de investigación que permita afirmar la participación de una persona adulta en la agresión. Consideró que las autoridades, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, están trabajando de forma interinstitucional para estudiar el contexto familiar y social tanto de la víctima como del adolescente imputado, con el fin de garantizar «una restitución de derechos para todas las partes». Señaló que, en muchos casos, «los contextos donde una persona se vuelve agresor pueden ser victimizantes».
Vázquez González explicó que el caso es atendido bajo el protocolo de violencia feminicida y dijo que el área psicosocial de la Fiscalía ha acompañado a la familia desde que arribó el traslado aéreo. Indicó que la niña presenta un “buen pronóstico” de salud, aunque todavía requiere de atención médica. Añadió que la Ley de Víctimas prevé apoyos económicos, médicos y psicológicos para su recuperación, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres y la Procuraduría de Protección de NNA.
La fiscal precisó que el sistema de justicia para adolescentes prevé procesos de resolución rápida de no más de cuatro o cinco meses y que, en caso de determinarse la responsabilidad del adolescente, la ley contempla medidas de seguridad socioeducativas y reeducativas, con atención psicológica, para evitar que la persona represente un riesgo para sí misma, su entorno familiar o la sociedad.
«Yo no conozco ningún caso en concreto que me haya tocado en lo personal acompañar, pero seguramente hay otras experiencias a nivel de varias especialidades», afirmó la fiscal al ser cuestionada sobre experiencias de reinserción en casos similares en Zacatecas.
Como parte de las acciones preventivas, Vázquez González mencionó que se han reforzado programas de prevención de la violencia contra mujeres y niñas desde el nivel preescolar, dirigidos a profesores y padres de familia.
