Los gobiernos a nivel municipal, estatal y nacional, y los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, e independientemente del partido en el poder, han buscado a lo largo de los dos siglos de vida del país controlar, aliarse, contrarrestar, desprestigiar y someter al periodismo crítico, pero en la actualidad cuando este fenómeno se ha acentuado, afirmó Fausta Gantús Inurreta, investigadora del Instituto “Dr. José María Luis Mora”.
En el marco del 14 Encuentro Internacional de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica que se celebra en Zacatecas, la investigadora impartió la conferencia magistral “La prensa en clave histórica: siempre acotada, no totalmente silenciada”, en la que afirmó que solo en el gobierno de Francisco I. Madero hubo una postura diferente respecto a su relación con la prensa.
Explicó que la existencia del periodismo crítico implica que haya marcos legales y condiciones políticas para que lo posibiliten, de manera que citó a la periodista Ivabelle Arroyo, quien afirmó que “lo que define la libertad de prensa no es la crítica, sino las garantías para ejercerla”.
Comentó que en los diferentes momentos históricos los poderes y gobiernos en turno han recurrido a mecanismos de control, sometimiento y censura de la prensa, pero en los últimos años el problema se ha agravado.
Por ejemplo, expuso que se han documentado casos significativos en donde integrantes del poder político atentan contra la libertad de expresión, ahora con nuevas estrategias. Por ejemplo, la ciudadana Karla María Estrella Murrieta fue sentenciada a disculparse públicamente durante 30 días consecutivos con la diputada Diana Karina Barrieras Samaniego por violencia política en razón de género. El delito fue tuitear: “así estaría el berrinche de Sergio Gutiérrez Luna para que incluyeran a su esposa que tuvieron que desmadrar las fórmulas para darle una candidatura. Cero pruebas y cero dudas”.
Gantús Inurreta mencionó que Gutiérrez Luna en ese momento era el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el comentario era discriminatorio, minimizaba la trayectoria profesional de la política e invisibilizaba sus méritos políticos.
“Casos como este y otros similares permiten afirmar que no hay garantías y mientras la presión siga creciendo habrá cada vez menos periodistas y ciudadanos dispuestos a señalar actos de corrupción o delitos”.
Por tanto, la presión y las medidas represivas para frenar las libertades de publicación y difusión en contra de periodistas han sido una constante en el país que, en lugar de disminuir, han aumentado en los últimos años.
De acuerdo con la organización Artículo 19, expuso que de enero a julio de este año se reportaron en México 51 casos de acoso judicial en contra de la libertad de prensa, de los cuales 39 son a periodistas y 12 a medios de comunicación. Además, en maeria a represión extrema, la que se traduce en la muerte de una persona, se ha documentado el asesinato de 174 periodistas en los últimos años.
En ese contexto, Gantús Inurreta manifestó su preocupación por las modificaciones y los intentos que se han hecho en materia legislativa, tales como expedir nuevas leyes como la Ley Garrote que se promulgó en Tabasco en 2019 y mediante la cual se prohibía a la ciudadanía las manifestaciones públicas en contra de las obras instrumentadas por el gobierno, aunque gracias a la Suprema Corte de Justicia de la Nación se declaró inconstitucional.
También se refirió a la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión cuya existencia, aunque momentánea, “exhibe el carácter autoritario y represivo del régimen actual”.
