Salvador Lara Martínez, exrector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas, afirmó durante el programa “Dos con Todo” con Dulce Olvera y Montserrat Antúnez, desde Sin Embargo Al Aire, ser un “chivo expiatorio” en el caso de la “Estafa Maestra”, ya que, aunque hay pruebas de que sus firmas fueron falsificadas, él es el único que está bajo un proceso judicial.
Lara Martínez fue rector de la UPSZ de 2016 hasta enero de 2017, cuando el exgobernador, Alejandro Tello le pidió dejar el cargo. Ahora se encuentra imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por la supuesta contratación indebida de servicios no académicos a empresas fachada, aún y cuando, un dictamen de grafoscopía realizado por la propia FGR demostró que su firma fue falsificada en dichos convenios.
“A pesar de que me falsificaron las firmas, a pesar de que ellos tenían los tokens, a pesar de que ellos hicieron las transacciones, a pesar de que todas las contadoras declararon que yo no manejaba esos proyectos, a mí se me vinculó”, denunció el exrector de la UPSZ.
Señaló que el juez le reprochó que, si era el titular cómo fue posible que no se enterara, sin embargo, Lara Martínez menciona que él se dio cuenta de todo a partir de las auditorías forenses y posterior a eso, el gobernador en turno (Alejandro Tello), le pidió la universidad y no tuvo tiempo de defenderse.
La denuncia, presentada ante la FGR en 2021 y que a la fecha sigue congelada, expone que de 2014 a 2018, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y los gobiernos de Miguel Alonso Reyes y Alejandro Tello Cristerna, se desviaron al menos 400 millones de pesos, triangulados de recursos federales hacia la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas y la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Menciona que se cometieron actos de corrupción, fraude y enriquecimiento ilícito por parte de: Guadalupe Estrada Rodríguez (exrector de la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas desde 2002 a 2011 y notario público de Fresnillo), Nicolás Castañeda Tejeda (expresidente del partido Encuentro Social PES en Zacatecas), Claudia Elena León Ibarra y Ricardo Aguilar Castillo (exdirector de la Sagarpa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, exdirector de organización del PRI de 2011 a 2012, además de haber sido diputado federal plurinominal de 2018 a 2021, por lo que, tenía fuero cuando se presentó la denuncia en su contra ), a través de su subordinado Isaac López Estrada, bajando programas federales a universidades y falsificando firmas de los beneficiaros y productores, así como de funcionarios de universidades.
Salvador Lara apuntó a que la razón por la cual los implicados no han sido tocados por la autoridad, es por las relaciones políticas que tienen (un priísta, un ahora notario público y un expresidente del PES estatal). Y mencionó que se especula que el recurso que se desvió, tuvo como fin apoyar al PRI en las campañas políticas.
El ex rector, señaló que los verdaderos culpables, tienen propiedades en Estados Unidos, casas en Zacatecas, terrenos cerca de centros comerciales y edificios, todos con prestanombres, y que de alguna manera han lavado el dinero desfalcado para poder beneficiarse, mientras que él, tuvo que vender bienes para poder seguir pagando su defensa legal. Y apuntó que fue en una propiedad de José Guadalupe Estrada, y otra de Nicolás Castañeda en donde tenían las oficinas, y operaban, y aseguró que él no tuvo acceso a dichos convenios en los cuales se falsificó su firma.
“A mí me podrán meter a la cárcel, pero ¿cuándo van a resarcir ese daño que sufrió el Estado cuando no siguieron la ruta del dinero?”, denunció el ex rector, señalando que no ganan nada poniendo a una “persona en la cárcel cuando no recuperan el dinero que se robó, que se robaron las otras personas”.
