- También se requiere protección para los denunciantes, agregaron durante el apartado Responsabilidades ciudadanas; la denuncia de actos de corrupción, realizado como parte de los Foros para el Diseño de la Política Estatal Anticorrupción
- 93% de las víctimas de delitos no los denuncia y 56% de quienes lo hacen atestigua que tras hacerlo “no pasa absolutamente nada”: Armando Ávalos
- En caso de que aumenten las denuncias, el sistema de justicia “no tiene la capacidad” para darles respuesta, debido a la falta de recursos y personal para ello, abundó el magistrado presidente del TSJEZ
En el apartado Responsabilidades ciudadanas; la denuncia de actos de corrupción, dentro de los Foros para el Diseño de la Política Estatal Anticorrupción (PEA), los participantes coincidieron en la necesidad de que, además de una cultura de la denuncia, se constituya la “cultura de los resultados” a esas denuncias, pues persiste la impunidad como una realidad en el país.
El fenómeno fue asociado, entre otras variables, a las represalias que temen los probables denunciantes, por lo que también se subrayó la necesidad de su protección y el ejercicio de este derecho, y se dijo, también, “obligación ciudadana”, desde el anonimato.
El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Armando Ávalos Villarreal, trajo a colación los datos de la ENVIPE 2017 que exhiben que 93 por ciento de las víctimas de delitos no los denuncia y que 56 por ciento de quienes sí lo hacen atestigua que tras hacerlo “no pasa absolutamente nada”; en tanto, en los casos de 7% de las que sí se presentan, sólo tres de cada 100 obtienen una sentencia.
También con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública, expuso que 64.5 por ciento no acude a dar parte a las autoridades de la comisión de delitos “porque es una pérdida de tiempo” y 16.5 de las personas son desalentadas por la desconfianza en las mismas, y a la par, 7.7 por ciento considera que los trámites para interponer una denuncia “son largos y difíciles”.
Paradójicamente, el funcionario también sostuvo que en caso de que se incrementen las denuncias, el sistema de justicia “no tiene la capacidad” para darles respuesta, debido a la falta de recursos y personal para ello.
Entre las consideraciones que explican la cifra negra de las denuncias en México se señaló, asimismo, la falta de conocimiento de la ciudadanía para interponerlas y, por lo tanto, la necesidad de una educación y capacitación para ello, en que coincidieron la secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, y el académico Juan Francisco Valerio Quintero, quien, además, expresó que debe introducirse el tema en el sistema educativo.
La mesa desde la que partieron las consideraciones y propuestas para este apartado de los Foros para el Diseño de la PEA la integraron el presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) Zacatecas, Bulmaro Alvarado Almanza; Jorge Alatorre Flores, integrante del CPC nacional; Aarón Aurelio Grageda Bustamante, presidente del CPC Sonora; Salvador Eduardo Villa Almaraz, fiscal especial en Combate a la Corrupción de Zacatecas.
También, el presidente del TSJEZ, Armando Ávalos Villarreal; la secretaria de la Función Pública, Paula Rey Ortiz Medina, y el representante de la organización de la sociedad civil Nosotrxs e integrante del Consejo Consultivo para la PEA, Juan Francisco Valerio Quintero.