Para analizar el complejo fenómeno de la corrupción, más allá de una definición habitual, que la entiende como una acción orientada a conseguir un beneficio privado, en contra del interés público, (para provecho propio o de terceros), provocando con ese acto consecuencias sociales negativas.
Fundar una organización de la sociedad civil, dedicada al análisis de problemas sociales y políticos, proponen una interpretación más amplia acerca de la corrupción, al definirla como “la apropiación o distorsión de recursos, instituciones, decisiones, políticas y leyes para perpetuar una forma de dominación a favor de ciertos grupos políticos y/o económicos y que, como consecuencia, impacta en la protección y garantía de derechos humanos, sobre todo, en grupos de mayor situación de vulnerabilidad”.
Al conceptualizarla de este modo, introducen la denominada “captura del estado” (apropiación de…), a partir de la lógica de dominación -política, económica, social- a favor de “ciertos grupos”, lo que importa entonces es comprender esa lógica, en la medida en que produce -y reproduce- de manera estructural, la corrupción. Esta definición de Fundar ofrece herramientas para el análisis, que apuntan a ampliar y profundizar nuestra comprensión del fenómeno. Si, por nuestra parte, lo vinculamos a conceptos como el de las investigaciones sobre “redes de macrocriminalidad”, (de las que he dado cuenta en otras entregas siguiendo las investigaciones de Luis Daniel Vázquez), que permiten analizar -en los procesos de constitución y operación de esas “redes”- el modo en que operan -conjuntamente – actores tanto de la clase política, integrantes del sector empresarial, incluyendo a elementos de la delincuencia organizada. Este tipo de abordaje teórico nos permite dar cuenta y razón, de manera más adecuada, de la grave situación que estamos viviendo actualmente, comprender mejor las líneas de fuerza de la historia en curso, así como a enfocar, de manera más precisa, las políticas de combate a la corrupción, orientándolas -entre otros objetivos- al desmantelamiento de las redes macrocriminales.
Conectando a lo anterior otra vertiente de los análisis, considero importante incorporar a la reflexión compartida, lo relacionado con la entronización de un régimen de comercio e inversiones impulsado a escala mundial por las políticas neoliberales (o mejor, neo-neoliberales); mediante este tipo de régimen se busca establecer enclaves de inversión corporativa (“paraísos industriales” vinculados a la desregulación para atraer la inversión y a la devastación socioambiental que tales enclaves producen). Este tipo de régimen está dirigido a consolidar lo que el economista mexicano, Andrés Barreda, conceptualizó como “desvíos de poder”. Sus aportaciones, que retomo aquí, del estudio “Empresas transnacionales y libre comercio en México. Caravana sobre los impactos socioambientales”, nos permiten dar cuenta de las dinámicas vinculadas al comercio y la inversión en la economía global, como sus autores sostienen… “No se trata de un mero abuso de poder ni de una política estructural de corrupción o de violación de leyes, sino de algo más profundo, que pasa por la reestructuración completa del cuerpo institucional mediante una elaborada ingeniería jurídica”, esta profunda reingeniería está dirigida a establecer los arreglos institucionales necesarios para privilegiar sistemáticamente la generación de beneficios extraordinarios a favor de un grupo de capitales privados -deslocalizados-. A partir del “desvío del poder” político (legislativo, ejecutivo y judicial) se termina generando impunidad, lo que podría incluir -además- a las economías crimi-legales, con lo cual vemos, de nueva cuenta, cómo los fenómenos de macrocriminalidad, a los cuales está vinculada la corrupción estructural, operan -también- en beneficio de esos grupos de capitales privados -deslocalizados-.
Pienso que es posible advertir cómo estos dos tipos de aproximación, “redes de macrocriminalidad” y “desvío estructural del poder” desbordarían la denominada “brecha de implementación”, que -teóricamente- separaría el diseño de políticas públicas de combate a la corrupción, de su aplicación efectiva. Al no contemplarlas en los análisis, y en la actividad política colectiva -reflexionada y lúcida- indispensable para cambiar las dinámicas dominantes actualmente, con lo cual, sin ser agoreros del desastre, podemos anticipar su fracaso, en la medida en que “la realidad resiste” al no modificarse -a fondo- las tendencias que nos arrastran al quiebre societal, en medio de cuyo derrumbe habitamos. En consecuencia, debemos pensar juntos cómo este tipo de dinámicas, por la fuerza que adquieren, se convierten -en realidad- en un formidable obstáculo o “un muro” contra el que se estrellan nuestras mejores intenciones, dado que se deja que operen las profundas asimetrías institucionalizadas que esas lógicas de dominación generan-. Por la ausencia en esas políticas de límites, y de mecanismos de control y vigilancia que protejan el interés público, al anteponer los intereses de los inversionistas, se están objetivamente multiplicando los “nichos de impunidad. Al borrarlas del radar, analítico y político, al no situar como una necesidad de primer orden, la transformación efectiva de esas lógicas de dominación, considerándolas como causas efectivas que determinan la estructuración del modo de organización de la sociedad de la que formamos parte, estaríamos -de derecho y de hecho- obstaculizando – o “subvirtiendo”- la aplicación efectiva -y “universal”- de los valores centrales en que se fundamentaría la política pública anticorrupción: justicia, imparcialidad, integridad.
En particular, se estaría bloqueando el acceso a la justicia de quienes resultan afectados injustamente por estas dinámicas, por ejemplo, comunidades rurales y urbanas, productores agrícolas, empresarios sin poder de negociación, grupos sociales vulnerables, entre otros, beneficiando, en cambio, a quienes han elaborado e impulsado estos esquemas internacionales de comercio e inversión (a través del “desvío estructural del poder”), y en su caso, a quienes conforman las redes de macrocriminalidad.
De ahí la importancia de revisar y pugnar por la modificación de esos regímenes jurídicos lesivos que propician la proliferación de esos “paraísos” para los inversionistas, tal y como lo proponen los autores del estudio arriba mencionado, luchando por implantar, entre otras medidas necesarias… “mecanismos de control y auditoría, transparencia presupuestaria, endurecimiento de los requisitos para aprobar proyectos de inversión, a través de la presentación de dictámenes previos, así como de legislar y/o armonizar el marco normativo, necesario para incidir en la planeación del Estado” y, en el caso de su articulación con los circuitos macrociminales, dirigiendo, las estrategias de seguridad, procuración e impartición de justicia, entre otros objetivos (como parte de un espectro de profundas transformaciones), al desmantelamiento de esas redes de macrocriminalidad.
