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domingo, 26 junio, 2022
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Diputado plantea reformar Ley de Salud para frenar abusos de servicios privados por atención de Covid-19

■ La propuesta responde a las quejas de usuarios de hospitales, clínicas y laboratorios privados que denuncian aumentos del 15 al 20 por ciento en tarifas.

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Por: La Jornada Zacatecas •

Con el propósito de frenar los abusos de la Iniciativa Privada por los altos precios de sus servicios en la atención por Covid-19, el diputado federal, Miguel Ángel Torres Rosales, presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud y establecer el derecho del usuario a tener acceso al costo de los tratamientos y atención médica durante el diagnóstico, se informó en un comunicado.
Explicó que su propuesta contempla la obligatoriedad de los prestadores de servicios de salud privada de mostrar con antelación los costos de sus servicios, exponerlos a la vista de usuarios y mantenerlos hasta concluir el tratamiento, aun cuando el paciente cuente con algún tipo de seguro médico y que, de ser el caso, sean las mismas tarifas que se apliquen en la cuota que cubrirá dicho seguro.
Refirió que la elaboración de la iniciativa responde a las múltiples quejas de usuarios de hospitales, clínicas y laboratorios privados, que denunciaron ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aumentos exorbitantes en sus servicios durante el 2021 y 2022, que van desde el 15 al 20 por ciento en relación con el índice inflacionario, que fue de un porcentaje del 2.83 y 7.36, respectivamente.
Al reconocer que, ante la crisis del sistema de salud pública y la pésima estrategia para enfrentar la pandemia que dejó más de 300 mil muertes, el ingreso al sector privado fue para muchas familias mexicanas la alternativa a la que se vieron obligadas a acceder para salvar la vida de sus seres queridos contagiados del Coronavirus.
Esas familias, denunció, fueron forzadas a empeñar o perder todo su patrimonio, con el único propósito de ser atendidas en hospitales y clínicas privadas, porque el gobierno de López Obrador no les cumplió el compromiso de contar con una salud pública como la de Dinamarca.
Calificó de rapaz al sector privado de la salud, ya que ofertaron atención y tratamientos médicos con costos entre 150 mil a 600 mil pesos, y en varios casos llegó hasta el millón. La voracidad de los “empresarios de la salud” en los tiempos del Covid-19 es tal que al ingreso los familiares tuvieron que hacer grandes depósitos y firmar pagarés en blanco.
Si los servicios de salud privados de por sí ya eran costosos, la pandemia los hizo inaccesibles en un país donde el 60 por ciento de su población vive en pobreza y que tiene un deficiente sistema de salud pública, en el que la constante es la carencia de medicamentos, falta de personal y deterioradas instalaciones.

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