■ Discrepancia en su declaración patrimonial, entre las observaciones más relevantes
■ Ausencia en comprobación de gastos y contratación de agentes fuera de reglamento, otras anomalías
La semana pasada terminó la investigación que realizaba la Secretaría de la Función Pública (SFP) al ex director de Tránsito del Estado, Agustín Jaime Ortiz Arellano, concluyendo con su destitución del cargo y la inhabilitación para desempeñar cualquier función pública por un plazo de dos años.
Entre las observaciones más relevantes del caso se encuentran la discrepancia en su declaración patrimonial, la ausencia en la comprobación de gastos y la contratación de una cantidad de agentes fuera del reglamento establecido, entre los que destaca el propio hijo de Ortiz Arellano.
La información fue ofrecida por el titular de la SFP, Guillermo Huizar Carranza, quien explicó que a partir de la auditoría realizada se pudieron comprobar dichas irregularidades de carácter administrativo, sin embargo, aún no hay elementos que hablen de peculado o de un delito de carácter penal.
La posibilidad penal es una parte que aún no está concluida, señaló, pues según exige la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos, una vez cerrado un expediente administrativo, es preciso iniciar una valoración a fin de analizar si hay o no elementos constitutivos de delito, y en caso de haberlos, presentar una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas.
Según Huizar Carranza, en próximos días se determinará si se presenta el caso ante el Ministerio Público o si la sanción se quedará en una falta administrativa y no conllevará cárcel.
Cabe recordar que en una conferencia ofrecida por el Partido del Trabajo en Zacatecas en el mes de enero, se dieron a conocer los resultados de la investigación que se realizó a las finanzas de la Dirección de Tránsito y a la gestión de Ortiz Arellano.
En la rueda de prensa, tras enumerar las irregularidades, los petistas aseguraron que estas observaciones acreditaban ya la existencia de delitos penales de corrupción como el peculado.
Entre los señalamientos que se hicieron por parte de la SFP se encuentra el relacionado con la discrepancia en los ingresos del ex director. En este caso, se precisó que su sueldo durante 2012 fue de 279 mil 364 pesos y de enero a octubre del año siguiente fue de 226 mil 868, mientras que en la declaración patrimonial presentada el 5 de julio de 2013 reportó que sus percepciones salariales fueron de 843 mil 364 pesos.
Asimismo, otra observación fue la adquisición, por parte de Ortiz Arellano, de un predio de 357 metros cuadrados en el municipio de Jalpa, en el que se construyó un edificio de dos plantas con un valor comercial de 6 millones 210 mil 500 pesos, pese a que se detectó en la revisión que el ex funcionario no tenía la capacidad financiera que justificara ese gasto.
Al inicio de la presente gestión gubernamental, el hoy titular de la SFP, antes Contraloría del Estado, se había comprometido a investigar los presuntos casos de corrupción de administraciones pasadas y de la presente.
Sin embargo tras cinco años del gobierno actual, como reconoció el propio funcionario, ni por cohecho ni por peculado –que son los delitos que más se parecen a la corrupción- hay procesos penales en contra de funcionarios en Zacatecas.
En pasadas entrevistas dadas a este medio, Huizar Carranza informó que solamente hay abiertos cuatro procedimientos de carácter penal relacionados con el “uso indebido de las atribuciones públicas”, los cuales involucran a ex trabajadores de la Oficialía Mayor del gobierno de Amalia García como su entonces titular Eduardo Ruiz Fierro.
La última inhabilitación de un servidor público en Zacatecas tuvo lugar en 2005, durante el gobierno de García Medina. En esa ocasión la funcionaria sancionada con esta medida también era directora de Tránsito y se trató de Julia Olguín, quien fue inhabilitada por 10 años, plazo que expiró este 2015.
