Con la amenaza constante de las deportaciones que ejecuta actualmente el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en Estados Unidos hay familias zacatecanas que llevan hasta un mes sin salir de sus viviendas y carecen de lo más básico a consecuencia del encierro forzado, denunció Roberto Gutiérrez Flores, durante el parlamento abierto Derechos de las personas migrantes y sus familias, llevado a cabo este jueves en el vestíbulo del Congreso del Estado de Zacatecas.
Gutiérrez Flores advirtió que el miedo ha vaciado los espacios comunitarios y de organización migrante en distintas ciudades de Estados Unidos, lo que ha obligado a clubes y redes solidarias a organizar despensas y apoyos de emergencia en lugares como Chicago, Los Ángeles, Las Vegas o Des Moines. Lanzó un llamado urgente a autoridades, ciudadanía y organizaciones civiles para atender la crisis de manera presencial frente a carencias tan elementales como alimentación, salud o acompañamiento.
Explicó que hay paisanos que han sido deportados al salir a trabajar o solo a cargar gasolina, y que solo el 10 por ciento de los integrantes de clubes cuentan con papeles. “Estaban los señores llorando cuando les dimos sus despensas. Ellos agradecidos”, relató, al señalar que algunas de esas personas mantienen hasta diez familiares en México. “Al venirse no regresan porque son 300 mil pesos, 15 mil dólares que les cobran. Y así como están, imagínense cómo están.”
Avelino Meza Rodríguez, secretario general de Fuerza Migrante, sostuvo que Zacatecas ha perdido liderazgo en el reconocimiento efectivo de los derechos de su población migrante, luego de haber sido durante años un referente nacional en la materia. Explicó que el diagnóstico realizado por organizaciones migrantes muestra que el estado no ha logrado traducir su marco legal e institucional en participación política real ni en políticas públicas de fondo.
Subrayó que el estado recibió alrededor de 1 mil 900 millones de dólares en remesas, lo que representa más de 37 mil millones de pesos para la economía estatal, pero que ese aporte no se refleja en derechos políticos ni en políticas públicas efectivas. Como ejemplo, citó que de una población estimada de 1.3 millones de personas de origen zacatecano en el exterior, apenas 2 mil 846 participaron en la última elección desde el extranjero.
Meza Rodríguez también puso énfasis en la falta de estrategias dirigidas a jóvenes binacionales, hijas e hijos de migrantes de segunda y tercera generación, pese a que Zacatecas es uno de los estados con mayor presencia de este sector. Advirtió que el estado corre el riesgo de romper el vínculo político, cultural y social con las nuevas generaciones de zacatecanos en el exterior.
Además, expuso la falta de vinculación con el empresariado de origen zacatecano que genera empleo en ambos lados de la frontera. Indicó que la agenda migrante suele reducirse al envío de remesas o a la figura del trabajador, cuando existe una comunidad empresarial binacional capaz de detonar proyectos productivos, inversión y transferencia de conocimiento.
En ese contexto, resaltó que la educación no se da solamente en ámbitos académicos y propuso una ruta de trabajo que rescate mecanismos de educación financiera “para el aprovechamiento de los recursos que llegan a Zacatecas y que se detonan en los Estados Unidos”.
Un representante de la empresa Allcanza, plataforma digital de autogestión, advirtió que en Estados Unidos muchos abogados defraudan a personas migrantes, ante ello subrayó la importancia de impulsar trámites a distancia, sin intermediarios y sin exponerse a detenciones. Propuso la instalación, sin ánimo de lucro, de quioscos comunitarios (similares a cajeros) en puntos definidos por clubes y autoridades locales, para que quienes no cuentan con teléfono o conexión puedan hacer sus trámites de manera segura.
Otra participante explicó la importancia de integrar más diputados migrantes, ante una población de 1 millón 300 mil zacatecanos en el extranjero.
La siguiente intervención abordó la revisión del T-MEC, proponiendo que se avance hacia un modelo similar al de la Unión Europea, donde la homologación educativa y la certificación de oficios permitió la movilidad laboral regulada. Como ejemplo, expuso que Estados Unidos enfrenta hoy un déficit de un millón de trabajadores de la construcción, mientras que un trabajador documentado y certificado puede ganar hasta 46 dólares la hora, frente a los 10 dólares que recibe un paisano indocumentado sin derechos laborales. Ante ello, planteó que el Congreso local emita un exhorto al Gobierno federal para que la migración laboral sea un eje central en la renegociación del tratado.
Por parte del DIF Estatal, Álvaro García Hernández, procurador de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, expuso que Zacatecas también enfrenta la llegada de menores migrantes no acompañados, incluso de seis años, provenientes de países de Centroamérica. Señaló que en estos casos se brinda atención institucional y se trabaja en la reintegración familiar, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y consulados de Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
El foro fue organizado y presidido por la Comisión de Derechos de Niñas, Niños, Adolescentes y Familia de la 65 Legislatura del Estado de Zacatecas, encabezada por el diputado Roberto Lamas Alvarado, uno de los dos diputados migrantes del Congreso local.
