Ignacio Sánchez González, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), informó que este organismo está en quiebra técnica desde el 2018 y, ante esa situación, “hay de dos sopas: o se liquida (con un costo de 47 mil millones de pesos) o se crea una nueva ley” para dale viabilidad financiera.
En consecuencia, reiteró que este año tampoco pagará el aguinaldo a jubilados y pensionados porque, a pesar de que las sentencias judiciales han resultado a favor de ellos, no cuenta con los recursos necesarios para ello.
“No es que queramos cumplir las órdenes judiciales, sino que ya llegamos al momento en que la cuenta del banco está en cero. Hemos estado pagando por requerimiento judicial y pagar esos 30 millones de pesos con recursos del flujo de caja operacional del Issstezac es lo que nos tiene ahorita en una posición de insolvencia para enfrentar el pago del aguinaldo 2022”, expresó.
Aseguró que, en el caso del amparo de algunos pensionados para exigir el pago del aguinaldo, ningún juez ha entrado al fondo del asunto y ha emitido resolutivos en contra del Instituto sólo porque se había pagado en años anteriores.
Sin embargo, Sánchez González advirtió que por la falta de recursos hay la posibilidad de que el aguinaldo no se pague a los trabajadores en activo, pero ello dependerá del recurso que quede disponible luego de dispersar este jueves la nómina de la primera quincena de diciembre y la pensión correspondiente a este mes.
Expuso que, como consecuencia de los procedimientos legales por el pago del aguinaldo del año pasado, el instituto ha tenido que pagar 31 millones de pesos de un total de 156 millones de pesos para la totalidad de los jubilados y pensionados, mientras que el aguinaldo de este año tiene un valor de 169 millones de pesos, recurso con que no se cuenta.
Por tanto, consideró que en el primer semestre del 2023 deberá impulsarse no una reforma a la Ley del Issstezac, sino la creación de una nueva ley, porque la que está vigente no funcionó debido a que no consideró el uso de las unidades de medida de actualización en lugar de veces salario mínimo.
En ese sentido, refirió que en este momento ya se trabaja en derecho comparado para elaborar una iniciativa acorde a la realidad, en el entendido de que no habrá soluciones mágicas y en el mundo no hay un sistema de pensiones que sea del todo exitoso. De lo contrario, dijo que el Issstezac deberá ser liquidado y eso costaría 47 mil millones de pesos.
Por otra parte, Sánchez González informó que, como una medida emergente, por primera vez en el Presupuesto de Egresos del Estado (PEP) 2023, se destinarían 100 millones de pesos para buscar ahorros en el gasto.
Asimismo, detalló que, con ese recurso, se realizaría una homologación salarial del Issstezac, toda vez que hay 324 personas que sobrepasan los 20 mil 278 pesos mensuales, tope máximo de las categorías de base del tabulador del Gobierno de Zacatecas; es decir, se igualarían los salarios de la administración centralizada con los del Instituto.
También, se impulsaría un programa de separación voluntaria dirigido a personal con 15 o menos años de antigüedad y que no cumplan los requisitos para acceder a una pensión. El resto de la citada bolsa se aplicaría para redimir cuentas por pagos concernientes a devoluciones de cuotas, gastos funerarios y pólizas de defunción, éstas últimas porque en administraciones pasadas se vendieron seguros de gastos funerarios, pero no se dejó el dinero.
Después de poco más de un año al frente del instituto, el funcionario afirmó que el instituto está mejor administrado y ahora se realiza un manejo y transparente ejercicio del recurso, pero subrayó que ello es insuficiente para resolver la problemática de fondo sólo son medidas de contención en el gasto corriente.
Sánchez González explicó que los egresos ya son mayores a los ingresos porque se requiere la aportación de cuatro trabajadores activos para cubrir una pensión y, en ese sentido, no se tienen las condiciones financieras para pagar los aguinaldos 2022 de pensionados y trabajadores del Instituto que ascienden a 169 millones de pesos.
Por último, mencionó el caso del Colegio de Bachilleres del Estado de Zacatecas (Cobaez) y señaló que este subsistema nunca ha hecho sus aportaciones al Instituto y por tal motivo se ha pedido su desincorporación, sin embargo, es una decisión que compete a la Junta de Gobierno.
Mientras tanto, informó que ha impulsado un procedimiento de crédito fiscal para embargar las cuentas bancarias del Colegio, el cual tiene mil 91 agremiados al Instituto y 168 pensionados, pero nunca ha aportado sus cuotas.
