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martes, 19 marzo, 2024
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■ Homicidio y desplazamiento forzado afectan nivel de paz de Zacatecas: académico

Ataques a policías afectan la seguridad pública que debe garantizar el Estado

■ “Alternativas no pueden ser sólo reactivo-punitivas”: Jorge Vázquez Valdez

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Por: KAREN GARCÍA •

De acuerdo con el docente-investigador, Jorge Alejandro Vázquez Valdez, analista de temas de seguridad y violencia, las agresiones a policías de Zacatecas que han derivado en amenazas, ataques e incluso el homicidio, representan un agravio mayúsculo a ellos y sus familias, pero también hay un efecto negativo para la población pues se afecta el apartado de seguridad pública que debe garantizar el Estado. 

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Explicó que las agresiones a esos agentes han sido progresivas en los últimos años, se relacionan con la expansión de las actividades de los grandes grupos criminales que se mantienen activos en el país, y abonan a que las entidades tengan bajas posiciones en indicadores relacionados con la seguridad. 

“Al respecto se puede referir el deterioro que Zacatecas ha presentado en los últimos años en el nivel de paz que miden organismos como el Instituto para la Economía y la Paz, deterioro que se ha resentido en el estado en rubros como el del homicidio y el desplazamiento forzado. Jerez, Valparaíso, Guadalupe, Fresnillo, Río Grande, Sombrerete, entre otros municipios, han resentido esos ilícitos”, aseveró Vázquez Valdez. 

Sólo entre 2006 y 2020 –explicó-, las muertes relacionadas con las actividades de los grandes grupos del narcotráfico tuvieron un alza significativa en el país, al pasar de 669 a más de 16 mil, respectivamente. Zacatecas, junto con estados como Michoacán y Guanajuato, concentran buena parte de esas estimaciones.  

Según el doctor en Estudios del Desarrollo por la BUAZ, entre las alternativas a la problemática más referidas está  la de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la cual sugiere contar con 300 agentes por cada 100 mil habitantes, es decir, un agente por cada 333 habitantes. En contraste con esto, municipios como Guadalupe han llegado a presentar en años previos un déficit de un elemento por cada mil 125 habitantes. 

“No obstante, considero que las alternativas a la problemática no pueden seguir basándose estrictamente en parámetros reactivo-punitivos, o en el aumento indiscriminado de elementos de seguridad”, puntualizó. 

Señaló que el problema es complejo y demanda revisar al menos los apartados de control de confianza que no han contado con el mejor diseño para filtrar o corromper elementos; los complementos y sinergias que se pueden gestar desde la seguridad privada y la seguridad ciudadana para identificar los factores de riesgo y protección. 

“Las condiciones laborales de los elementos de seguridad son otro apartado relevante, pues la precariedad en la que se les ha mantenido a muchos de ellos, sumado a la falta de capacitación, equipo, aumento de las jornadas laborales y carencia de seguro potenciado, los expone a mayores riesgos y fomenta una alta rotación”.

Finalizó que, de igual manera, se deben valorar fenómenos transversales como el desbordamiento poblacional, que en municipios como Guadalupe son sensibles y demandan especial atención por la creciente mancha urbana, los asentamientos irregulares y los focos rojos que se han presentado en lugares como Villas de Guadalupe.

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