Mediante un comunicado de prensa, colectivas feministas del estado exigen protección a las infancias zacatecanas, además exhortaron a la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac) a que garantice que la enseñanza esté basada en el respeto irrestricto de la dignidad de niñas, niños, adolescentes (NNA) y que está obligada a denunciar cualquier delito sexual al interior de sus espacios, tal cual lo marca la NOM 045, en lugar de solapar a los responsables o ignorar las acusaciones, como ya ha ocurrido en esta y otras ocasiones.
El documento hace referencia a los casos de abuso sexual y violaciones perpetrados tanto en el kínder María R. Murillo, de Villas de Guadalupe, como en la primaria Raúl González Ferniza, de Sauceda de la Borda, en Vetagrande, en los que se contabilizan diversas víctimas menores de edad, son muestra de omisión, abandono e indolencia por parte de las autoridades, de inoperancia y falta de seguimiento de los protocolos establecidos desde hace muchos años, a los cuales deben ceñirse todas las instancias de gobierno, entre ellas la Seduzac, para proteger y garantizar los derechos de las infancias y juventudes del estado.
A decir del comunicado, el abuso sexual como las violaciones en contra de NNA son hechos deleznables que atentan contra su integridad física, emocional, psicológica; aún peor, los ocurridos dentro de instituciones educativas, porque debieran ser éstas un espacio seguro para proteger, respaldar y garantizar todas las medidas de sano desarrollo a sus estudiantes, y no el escenario de abominables prácticas por parte de docentes o personal de cualquier índole, como el de intendencia.
En ese sentido, las colectivas feministas de Zacatecas aseguraron que «repudiamos estos atroces delitos que laceran la vida, que truncan el sano desarrollo psicosexual de la niñez, de la adolescencia, de la juventud; exigimos el esclarecimiento de todos los casos, el castigo de cada uno de los responsables, de los cómplices de abuso sexual contra menores, así como la atención psicológica especializada de las víctimas por parte de los sistemas estatal y municipales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) como parte del seguimiento de la reparación integral de daños, incluyendo los procesos de rehabilitación psicológica especializada, además de las medidas pertinentes de no repetición para garantizar, desde la Seduzac, que toda persona en contacto con las y los estudiantes sea capacitada en protocolos de prevención y atención de abuso sexual infantil».
Aseguraron que, la corrupción al interior de los sistemas de justicia, lo que desemboca en impunidad y revictimización; por ello, reclamaron a las comisiones estatales de Atención Integral a Víctimas y de Derechos Humanos, a la Fiscalía, a la
Legislatura, que cumplan con su trabajo al observar, acompañar y supervisar que se ejecuten debidamente tanto los procesos jurídicos como psicológicos hasta restaurar en su grado máximo posible la salud físico-emocional de las víctimas primarias/secundarias, además de emitir sentencias más severas para los casos de abuso sexual infantil, con una legislación en pro de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.
Mientras que en las instituciones gubernamentales se debe romper con ese pacto patriarcal que
por influencias o amiguismos criminaliza y revictimiza a quienes sufren los daños, protege a los agresores, a quienes sólo se les cambia de adscripción, pero no se les pone ningún otro castigo; es urgente la modificación de los reglamentos para estipular que a quien tenga denuncia por delitos sexuales en cualquiera de sus modalidades no se le permita trabajar en ninguna instancia de gobierno, y menos en aquellas que se tenga contacto directo con menores de edad, como en las educativas.
