En el marco de la marcha a nivel nacional para manifestarse en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) realizada este domingo, cabe recordar que la iniciativa de Reforma Electoral que propone el Poder Ejecutivo de la Federación no es la única, sino también lo han hecho el Partido Revolucionario Institucional (PRI), el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido del Trabajo (PT), aunque de las últimas tres, ninguna pretende reducir los gastos onerosos del órgano electoral actual.
Entre las principales propuestas de la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentran la reducción del financiamiento de los Partidos Políticos, habiendo solamente para gastos de campaña; el acceso de los Partidos Políticos a Radio y Televisión en los llamados tiempos del Estado; la reducción del tiempo aire para las precampañas, intercampañas y de campaña, pasando de 48 minutos diarios a 30 minutos diarios y los promocionales serán, mínimo, de un minuto y no de 30 segundos, como en las reglas actuales.
Asimismo, busca que se unifiquen las autoridades electorales llamadas administrativas y también las jurisdiccionales. Desaparecerían los Institutos Electorales de los Estados y los Tribunales de Justicia Electoral Locales y el INE se trasforma en el Instituto Nacional Electoral y Consultas (INEC).
También, plantea reducir el número de integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión de 500 a 300 diputaciones y de 128 a 96 senadurías. Con esto, más allá de la reducción lo que pretende es el fortalecimiento de la representación política pues se estandariza el valor universal del voto ciudadano y se elimina toda posibilidad de sobrerrepresentación de partido político alguno. Asimismo, se elimina la fórmula de mayoría relativa y las diputaciones y senadurías serán electas mediante la fórmula de Representación Pura.
Plantea también el voto electrónico para los ejercicios de participación ciudadana como las consultas populares o revocaciones de mandato. La reducción de las cámaras de diputados de las entidades federativas y de los Ayuntamientos de la siguiente manera: entidades con hasta un millón de habitantes, tendrán máximo 15 diputaciones y una por cada medio millón excedente hasta un máximo de 45; Municipios con menos de 60 mil habitantes tendrán una regiduría; más de 60 mil a menos de 370 mil, tres regidurías. En general, plantea que ningún municipio de México tenga más de nueve regidurías.
Por su parte, la iniciativa por el Partido Acción Nacional (PAN) plantea, entre sus propuestas, una segunda vuelta electoral; la nulidad de las elecciones, en caso de que se acredite la intervención del crimen organizado en la contienda; la integración de las Listas de Candidaturas de RP intercaladas: Lista A, 20 candidaturas postuladas en las elecciones internas de los partidos políticos; y, Lista B, con 20 candidaturas tomadas de los distritos con mejor perdedor (perdedor pero más votado).En la cámara de diputados, plantea pasar del 8 por ciento de Sobrerrepresentación, al 4 por ciento.
De igual forma, plantea reforzar las regulaciones de Comunicación Social de los gobiernos: que institucional, objetiva e imparcial. Y en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, propone que sea sólo la autoridad electoral la única que haga la promoción de los ejercicios ciudadanos. Asimismo, plantea el voto en urna electrónica y la regulación para la declinación de candidaturas.
En tanto la presentada por el PRI aboga también por reducir la Cámara de Diputados a 300 integrantes: 150 de Mayoría Relativa y 150 de Representación Proporcional; asimismo, plantea una segunda vuelta electoral; la creación de la Vicepresidencia de la República; mayor libertad de expresión en las campañas político electorales y coincide con la del Ejecutivo Federal en la reducción del financiamiento público de los partidos políticos en 30 por ciento y pide incrementar el apoyo ciudadano o financiamiento privado.
Asimismo, plantea un combate frontal a la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales; propone el voto con urna electrónica; y coincide también con la del presidente en la nacionalización del Sistema Electoral: sin órganos electorales locales; plantea fortalecer el proceso de designación de las y los Consejeros Electorales del INE: se adiciona la insaculación al final del proceso de selección y busca que se establezca una defensoría pública en materia electoral.
Finalmente, la presentada por el PT plantea que haya un lenguaje incluyente en toda la legislación electoral; el voto para los reos en prisión preventiva; se regule el referéndum, plebiscito e iniciativa popular; se refuerce el principio de paridad en todo: vertical, horizontal y transversal en las candidaturas y elecciones; en los gabinetes de los gobiernos federal y locales; y en el poder judicial federal y de local.
Asimismo, que se regulen las acciones afirmativas; la pérdida del registro de los partidos políticos que no logren el 3 por ciento de la votación; salvo que mantengan ese porcentaje, al menos, en la mitad más una de las entidades federativas del país; el acceso igualitario a Radio y Televisión de las candidaturas mujeres y hombres.
Finalmente, plantea que el INE y el TEPJF No podrán modificar las reglas o emitir criterios nuevos ya iniciado el proceso electoral; en los términos del artículo 105 Constitucional; el Tribunal Electoral resolverá controversias con motivo del presupuesto del INE; pero no plantea modificar la integración del Congreso de la Unión ni la integración del Consejo General del INE.
