- Involucra una “corresponsabilidad de sociedad y gobierno”, considera académica
- Opina que la cultura de la legalidad debe incorporarse necesariamente al modelo
- Las instituciones nos han demostrado una y otra vez que no son confiables “porque están infiltradas”, advierte Blanca Aimé Valencia Castillo, antropóloga social por la UAM
A un mes de presentarse las estrategias del Programa Estatal de Seguridad Pública y una realidad que persiste en sumar decesos y hechos de violencia a la realidad de Zacatecas, Blanca Aimé Valencia Castillo, antropóloga social por la UAM Iztapalapa, dijo que el gobernador del estado, Alejandro Tello, tiene que explicar sobre el tránsito del modelo punitivo al de seguridad ciudadana al que dijo apostarle, qué entiende por esta última y cómo se involucrará a la población en ella.
Refirió que la seguridad ciudadana implica una “corresponsabilidad de sociedad y gobierno” en la que ambas partes se encargan de “crear espacios de orden y paz en mayor o menor grado”.
La también maestra en Ciencia Política por la UAZ, quien se graduó con mención honorífica con la tesis “La violencia estructural en México bajo el neoliberalismo” preguntó no obstante si “¿en Zacatecas lo podemos hacer?, ¿hay condiciones?”.
Dijo que el modelo de la seguridad ciudadana ha sido exportado de Europa. Ha tenido aplicaciones exitosas en países como Italia y Colombia, y regionalmente, en el vecino estado de Aguascalientes, pero tendría que adecuarse al caso de Zacatecas.
Observó que para que sea posible el tránsito del modelo punitivo a éste es indispensable que el Gobierno del Estado trabaje con sus propios funcionarios para demostrar que la cultura de la transparencia y la legalidad “será el eje rector de su gobierno”.
La cultura de la legalidad debe incorporarse necesariamente al modelo “porque las instituciones –a lo largo y ancho del país- nos han demostrado una y otra vez que no son confiables “porque están infiltradas”.
Para lograr la necesaria credibilidad en este paradigma debe auditarse lo que pasa con el cuerpo burocrático y administrativo “que está trabajando y debiera respetarla” e incluirse en la educación formal de los zacatecanos a la cultura de la legalidad desde el nivel preescolar, consideró.
La situación de Zacatecas es preocupante dijo, por la vulnerabilidad a que se encuentra expuesta su población debida a características específicas: la migración y el modelo actual de desarrollo económico “que realmente lo ponen en una situación muy peligrosa”.
Abundó al señalar que la violencia y la seguridad son fenómenos afines pero distintos; hay una tendencia a representar a la primera en su forma directa y visible, pero que sólo un reflejo “de algo muchísimo más profundo” que deriva de la violencia estructural conformada por la falta de oportunidades de empleo, las historias de vida, la desintegración familiar y las adicciones.
Esa estructura es un conjunto de circunstancias que propician la violencia y como consecuencia, la inseguridad, concretó.
En esta lógica expuso a la familia “como una de las instituciones más violentas”, producto de su constante asedio por una situación económica adversa, “-la dificultad del acceso- al dinero, las oportunidades…”.
Las familias se enfrentan en este escenario de vulnerabilidad a “uno de los datos más escalofriantes del narcotráfico” (sólo una de las variantes del crimen organizado), su capacidad de generar anualmente, poco más o menos, un millón de empleos. Por lo que aseveró que en este momento “es el principal empleador del país”.
La información fue citada por la académica, de la revista Desacatos que edita el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social de México, de la que textualmente extrajo: “la narrativa que la investigación fue aceptando se centró en la puja entre seis o siete organizaciones que disputaban las rutas. Pero dado que hoy hay decenas de organizaciones y centenares de bandas delictivas con cierta autonomía, es obligado reformular la hipótesis”.
El artículo de Marcelo Berman fechado en 2012, exhibe que los miles de muertos que ha dejado la “Guerra contra el narco” pueden tener “mucho menos que ver con el negocio de 20 billones de dólares que genera el mercado estadounidense y más con el mercado interno de delito”.
Son entonces, propone, las extorsiones, los secuestros, las redes de robos y el mercado interno de droga que se propone 10 veces menos lucrativo que el de los Estados Unidos, las que ofrecen “trabajo a más de un millón de mexicanos que se dedican a las rentas de los negocios delictivos”.
En Zacatecas el narcotráfico se presenta como una opción para una población que por sus circunstancias económicas está dispuesta a integrarse los 40 “puestos” involucrados localmente “en su cadena productiva”.
Agregó a las condiciones específicas de la entidad que deben considerarse, su ubicación geográfica y la dispersión de sus asentamientos humanos.
Observó que el vecino estado de Jalisco “está viviendo un repunte del narcotráfico que se tiene que tomar en cuenta”, pues el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se manifiesta como “el cártel del sexenio” en el contexto nacional, y se caracteriza por “métodos terroríficos y aplastantes”.
“Entran ‘peleando plaza’ con lo que se topen” y esto ha sido decisivo en la situación de inseguridad que priva en Zacatecas, observó.
En el tema de la dispersión poblacional trajo a colación que los esfuerzos del combate a la delincuencia se centran en la capital de estado y los municipios de Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas, pero los habitantes de estas poblaciones tienen el mismo derecho a la seguridad que los que se encuentran en otros municipios alejados y en los que expuso, existe una gran probabilidad de que sean auténticos “territorios sin ley”.
Agregó a la lectura el desmantelamiento en efectivos que han tenido las policías municipales, y recordó que incluso existen demarcaciones con un solo elemento de seguridad preventiva.
La observación es importante, expuso, porque el Gobierno del Estado y su Secretaría de Seguridad, administran sus capacidades dependiendo del número de los pobladores de una demarcación. Cuando consideró, ha sido ya puesto “en tela de juicio el tema de las tasas de 100 mil habitantes”.
Valencia Castillo recordó además, que se han focalizado los esfuerzos en los tres municipios citados, porque a nivel nacional dos de ellos se encuentran dentro de las 100 ciudades más peligrosas del país, y Fresnillo superó ya los índices de violencia de la media nacional.
Apuntó también con datos de un estudio realizado el pasado 2016 por el Colegio de México (Colmex) respecto del caso de otra entidad vecina, Coahuila, y que calificó de “monstruoso y penoso”, que los elementos policiacos pueden venderse hasta por 50 pesos.
“¡Con 50 pesos compraban un policía municipal!”; lo que demuestra dijo, la vulnerabilidad de las corporaciones.
“Cuando el gobernador en una de las estrategias habla de profesionalización de la policía, me parece acertado, pero también hay que ver qué tipo de profesionalización”, expuso, ya que los exámenes de control de confianza han demostrado ser “relativos” en términos de seguridad, porque hay gente que logra aprobarlos, agregó.
Recientemente ante el Consejo General de Seguridad Pública, Alejandro Tello expuso su postura de flexibilizar estas pruebas, precisamente porque han sido obstáculo para el ingreso de efectivos policiacos.
Aimé Valencia observó que los policías son actores vulnerables, porque en algunas corporaciones se les asignan salarios de 600 pesos a la semana y la obligatoriedad de pagar el uniforme, además de recibir una gran presión social ya que su papel en la comunidad ha sido denigrado.
“Realmente nadie confía en un policía. Cuando se revisan las encuestas de percepción la policía es uno de los trabajos menos valorados y tendría que ser lo contrario”.
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