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domingo, 13 octubre, 2024
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Eduardo Ruiz Fierro está exonerado de las acusaciones imputadas: abogado defensor

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Por: ALMA RÍOS •

■ El juzgado colegiado declaró inconstitucional aplicación de Ley de Adquisiciones: Gaytán

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■ El asunto del ex oficial mayor “ya no tiene mucho que ver” con SFP sino con PGJE: Huizar

El ex oficial mayor de Gobierno del Estado, Eduardo Ruiz Fierro, se encuentra exonerado de las acusaciones penales de fraude, negociaciones ilícitas y tráfico de
influencias, confirmó su abogado defensor Alberto Gaytán Espinoza.

El juzgado colegiado que se encargó del asunto, declaró inconstitucional la aplicación de la Ley de Adquisiciones en contra de Ruiz Fierro, la cual sostenía la base de la denuncia hecha por el Ministerio Público, detalló.

Por tanto, el caso está finalizado y el ex oficial mayor no tiene motivos para presentarse en los juzgados, salvo que al Ministerio Público “se le ocurra acusarlo de otro crimen, porque nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”, comentó.

Ruiz Fierro fue detenido el 14 de febrero de 2012 en su domicilio particular en la colonia Del Valle, en la Ciudad de México. Esa misma noche el Poder Judicial lo trasladó al penal de Cieneguillas, en Zacatecas.

La aprehensión fue para que enfrentase un juicio en su contra, por desvío de recursos que superan los 150 millones de pesos, mismos que se detectaron en 90 contratos irregulares, según dio a conocer en aquel entonces el Ministerio Público de Zacatecas.

Ruiz Fierro pasó siete meses en prisión preventiva, pero fue liberado en septiembre de 2012, luego de que demostró que cuenta con vivienda propia en Zacatecas para continuar su juicio, sin peligro de fugarse del estado.

La defensa del acusado emitió una serie de amparos contra la vinculación a proceso, al igual que contra la Ley de Adquisiciones y de Responsabilidades, mismos que se consolidaron semanas después.

“Sólo faltaba que ocurriera lo mismo con el amparo que se emitió para obligar al juez a que diera sin fundamento las acusaciones del Ministerio Público, por no contar con la constitucionalidad de la Ley de Adquisiciones”, dijo el abogado Gaytán Espinoza.

Al igual que Ruiz Fierro, también se encuentran exonerados los otros dos ex funcionarios Miguel Guzmán y Salvador Salado, quienes fungieron en la Oficialía Mayor, durante la administración de Amalia García Medina.

La defensa se mantiene a la espera de que un juez de garantía valide la inaplicación de las acusaciones en contra de Ruíz Fierro, por los motivos ya señalados, concluyó el abogado Gaytán Espinoza.

PGJE “tomará la última palabra”
en caso de Ruiz Fierro: SFP

Ante la exoneración de Eduardo Ruiz Fierro, Guillermo Huizar Carranza, secretario de la Función Pública (SFP) y principal detractor del ex oficial mayor del gobierno de Amalia García Medina, aseguró no acostumbrar eludir su responsabilidad pero a fin de “no cometer omisiones”, precisó que el asunto “ya no tiene mucho que ver” con SFP sino con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Para Guillermo Huizar el proceso penal en contra de Eduardo Ruiz Fierro no ha concluido. Los pasos interprocesales en los que se encuentra no significan su resolución de fondo, por lo que la autoridad judicial “tomará la última palabra”.
Contradictoriamente, luego aseguró que “no hay una ley con la cual puedan ser juzgados”, en referencia al conjunto de ex funcionarios que fueron acusados de peculado, tráfico de influencias y negociaciones ilícitas.

Y eso, añadió, “no es culpa de nosotros, esto fue un error que se cometió hace 12 años cuando a alguien se le olvidó ponerle una firma al momento de promulgar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos”.

Tras señalar que este hecho habría implicado el otorgamiento de amparos para los procesados, el funcionario aseguró que “desde el punto de vista administrativo no hay nada que hacer. Ni modo, no tiene ninguna responsabilidad el gobierno de Miguel Alonso”.

Huizar Carranza agregó que como autoridad coadyuvante, y en el momento procesal oportuno, fueron ampliados los argumentos y fortalecidos los dictámenes ofrecidos por la parte acusadora.

“En fin, lo que podíamos hacer ya lo hicimos total y absolutamente convencidos de que no es conveniente que se queden sin la debida sanción las actitudes y las conductas que nosotros localizamos”, finalizó.

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