Hay que entender que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) es una institución histórica (no es eterna y sus características van a la par de la coyuntura social), integrada por hombres y mujeres de carne y hueso; está lejos de ser un organismo pulcro, de inmaculadas e iluminadas personas tan especiales frente al resto de la sociedad y hasta de los más altos jerarcas de la clase política mexicana.
La práctica profesional, de los actuales ministros mexicanos, parte de la base de una separación, de ellos y su familia, del resto de la sociedad. Sólo se rosan con la cúspide de la oligarquía política y económica. Su forma de vida es totalitariamente aburguesada y, con excepción del trabajo de los ministros, las actividades del resto de sus familias suelen ser parasitarias y de despilfarro, al fin que paga el erario.
Simplemente el pueblo mexicano paga la vida de excesos y derroche de ministros y sus familias. Este “pago” es el vínculo, casi único, con el resto de la sociedad. Su vida diaria transcurre rodeada de “guaruras”, vehículos blindados, restaurantes exclusivos y excedido proteccionismo institucional, que presenta a esta “clase social” como “casta divina”, semejante a un reinado o sultanato, lo demuestran 40 privilegios denunciados por el Senado de la República y reiterado por AMLO en su tradicional mañanera.
En las redes sociales se insiste en saber los motivos por los cuales el presidente López Obrador no se ha sacudido a los actuales ministros y nombrar a otros, como lo hizo Ernesto Zedillo en 1994. La respuesta es sencilla, y a la vez compleja: la SCJN es histórica, vivimos dos momentos económicos y políticos distintos.
La llega a la Presidencia de la República, de Ernesto Zedillo, se da en un contexto en el que el Patrón de Crecimiento Económico Neoliberal, en México, ya llevaba dos sexenios. La profundización de ese modelo de sociedad requería de modificar el llamado Estado de Derecho (tampoco es eterno, sino cambiante, histórico), la llamada Reforma del Poder Judicial de 1994 y el cambiar a todos los ministros respondió a esa necesidad (se modificaron leyes, también reformaron las instituciones encargadas de hacerlas cumplir y se nombró a los responsables de ejecutarlas), por decisión del Poder Ejecutivo y con el apoyo del PRI y el PAN en el Poder Legislativo. Lo que, para muchos analistas y políticos, representó un “Golpe de Estado Técnico” y la evidencia irrefutable de la supremacía del Poder Ejecutivo de entonces con respecto al Poder Judicial y Legislativo.
Aunque Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo continuaron coincidiendo, en la columna vertebral del modelo neoliberal, las diferencias de intereses de sus respectivos grupos fue un ingrediente adicional en el que debe de tomarse en cuenta los fraudes electorales a favor del PRI; el asesinato de cientos de luchadores sociales de la izquierda; del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio; del secretario general de ese mismo partido, Francisco Ruíz Massieu; del Obispo Posadas Ocampo; la insurrección del EZLN; el encarcelamiento de Raúl Salinas, hermano del expresidente Carlos Salinas, principalmente.
Actualmente, el contexto económico y político mexicano es muy diferente. La sociedad mexicana optó, por la mayoría electoral (es decir, democráticamente) retirar el Patrón de Crecimiento Neoliberal, que es dictado por las naciones imperiales para resolver los problemas de ellas basadas en un moderno neocolonialismo. Regular esa nueva realidad ha llevado a importantes reformas legales que repercuten en la economía, política, educación y en las condiciones de vida social, pero también en las instituciones, dado que ambos aspectos deben estar acorde a lo que nuestro presidente ha llamado el Modelo del Humanismo Mexicano.
Los reductos de la derecha corrupta mexicana y las “castas divinas”, entre las que se encuentran poderes fácticos, un puñado de intelectuales y las cúspides de instituciones, como el INE y la SCJN (socialmente ya muy desgastados por sus excesos, clasismo, racismo y corrupción), hacen uso torcido de las leyes y sus instituciones para oponer férrea resistencia a la amenaza de perder los privilegios de sus “castas divinas”.
La tendencia lógica e histórica camina diferente a estas castas. Lo que momentáneamente parecen triunfos constituyen afrentas sociales que se acumulan y acrecientan el descontento social. La defensa de sus intereses es contraria a las aspiraciones de las grandes mayorías. El golpismo que “celebran” sólo permiten tomar una mayor conciencia social.
Creen que ellos, y las instituciones que manejan, crearon a la sociedad y que pueden dominarla. La realidad es a la inversa: la sociedad crea sus normas, las instituciones encargadas de administrar y procurar que se apliquen. También la sociedad decide quienes la representen en esos órganos sociales. Por eso, elegir democráticamente a los ministros es congruente con la ampliación de las libertades y de la vida democrática de México.
