El juicio que se realiza en Estados Unidos contra Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública en la administración gubernamental de Felipe Calderón Hinojosa, demuestra que en México ha operado un Narcoestado, donde instituciones y actores políticos han estados coludidos con grupos criminales, opinaron líderes políticos zacatecanos.
Luis Medina Lizalde, fundador en el estado de partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), opinó que este juicio retrata el periodo en que gobernaron el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido Acción Nacional (PAN) a partir del fraude electoral de 1988.
Según expuso, “esa fue una etapa de descomposición extraordinaria donde el crimen organizado diversificó sus actividades y ascendió en los niveles de participación en el Estado mexicano. Es decir, dejó de ser una presencia en los niveles intermedios para llegar a la cima”.
Consideró que en este juicio han surgido relatos que deben ser analizados, por ejemplo, la capacidad de operación con la clave 45, ordenando la paralización de la inspección con la clave 35 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que pudieran circular libremente drogas, armas y dólares, es un testimonio alarmante.
Desde su perspectiva, entonces, la información que se ha revelado en el juicio evidencia que existe un Narcoestado del que ya se sospechaba, pero que no se había confirmado de manera tan elocuente como se ha exhibido en los testimonios vertidos en el juicio.
Además, Medina Lizalde expuso que el juicio ha confirmado la hermandad que existe entre políticos y narcotraficantes, lo cual terminó por descomponer a las instituciones a tal grado que en la actualidad hay sectores políticos a los que les gustaría que García Luna saliera exonerado.
Aunque hay evidencias de la responsabilidad de García Luna, esos sectores “tienen una estrategia de minimización del caso donde se hermanan actores identificados con el pasado régimen y medios de comunicación que incluso guardan silencio que consideran que políticamente no le favorece a los intereses con los que se identifican”.
Por otra parte, refirió que debería haber una reivindicación pública de un policía y de un militar, el comandante Javier Herrera, quien estuvo cuatro años en prisión por advertir al presidente de los nexos de García Luna con el crimen organizado, y al General Tomás Ángeles, quien tuvo la misma suerte por notificar ese vínculo del ex funcionario con grupos delincuenciales.
Comentó que Felipe Calderón no ignoraba lo que hacía García Luna porque previamente se lo había notificado el policía Javier Herrera, quien tenía un alto cargo en la Secretaría de Seguridad Pública, y el secretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles.
Medina Lizalde afirmó que, independientemente del resultado del juicio, el proceso generó mucha información para que periodistas puedan investigar a profundidad, ya que “el juicio ya aportó muchos elementos de comprensión de la realidad mexicana y muchos mexicanos estamos aprendiendo de qué historia somos resultado”.
Por último, indicó que muchas veces “la verdad legal” no corresponde a “la verdad real”, de forma que la colusión de funcionarios del gobierno de Felipe Calderón con grupos criminales no queda en entredicho, pues “lo legal y lo justo no caminan para el mismo lado”.
Vulnerabilidad de las instituciones
Carlos Peña Badillo, presidente estatal del PRI, opinó que este juicio demuestra la vulnerabilidad que hay en las instituciones de gobierno y las corporaciones de seguridad, y aunque muchos elementos cumplen con su función a cabalidad, es evidente que puede haber una vinculación entre funcionarios y grupos criminales.
“Este fantasma ha estado permanentemente y aunque en este caso no podemos anticipar un juicio, es una situación que nos preocupa y es delicada porque se sigue hablando de un país donde las instituciones mantienen un vínculo, desafortunadamente con muchas de las agrupaciones de la delincuencia organizada”, expresó.
Recordó que históricamente se han documentado casos de personajes que, en el servicio público, incluso al frente de corporaciones de seguridad, han tenido relación directa con grupos criminales.
En ese sentido, dijo que es necesario evitar que haya estos vínculos porque “ha afectado a muchas generaciones y hoy es una realidad innegable donde el país y en los estados no es la excepción”.
Peña Badillo dijo que este es uno de los momentos más complejos y adversos en materia de seguridad en el país y en la entidad, por lo que es urgente encontrar soluciones conjuntas entre el gobierno y la sociedad.
Sobre su expectativa con relación al resultado del juicio contra García Luna, mencionó que hay mucha especulación, desde aquellos que afirman que hay todos los elementos para demostrar su responsabilidad y que sea condenado, mientras que otros señalan que no hay elementos suficientes, por lo que habrá que esperar a que se emita la resolución final.
Sin embargo, “lo que queda muy claro es que, desafortunadamente, siguen existiendo historias que vinculan a la autoridad con el narcotráfico en México y eso es reprobable porque no debería ocurrir”, agregó.
Importante, que haya consecuencias y sanciones
Marco Vinicio Flores Guerrero, coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, consideró que si se demuestra la culpabilidad de García Luna, “lo importante es que no quede impune y que no sea un circo mediático, sino que realmente haya consecuencias y sanciones”.
Desde su perspectiva, en la historia reciente de México sí ha habido una vinculación entre funcionarios de gobierno en todos sus niveles con grupos narcotraficantes, por lo que es necesario que los casos no queden impunes.
En este caso, “ha dejado al descubierto cómo se ha manejado la política en México y creo que también es importante conocer lo que pasa del otro lado de la frontera, los acuerdos que hay y los capos que están allá”, comentó.
Aunado a ello, aseguró que el juicio contra García Luna evidencia que el Estado mexicano está rebasado y que la justicia ha sido superada por la impunidad, al grado de que sea en Estados Unidos donde se lleven estos casos.
Flores Guerrero añadió que la información que se ha revelado en este juicio indica que en México se puede hablar de un Narcoestado, especialmente en algunas regiones del país, lo que significa que ha habido una relación intrínseca entre instituciones de gobierno y grupos del crimen organizado.
Por último, refirió que este juicio arrojará muchos indicios sobre la manera en que opera la relación entre los actores políticos mexicanos y el crimen organizado, pero es importante que el tema no quede en lo mediático y que se sancione a los responsables.
