El pasado 10 de enero, Ciudadanía Participativa presentó un amparo indirecto para frenar la construcción del segundo piso del bulevar metropolitano, informó Juan Francisco Valerio Quintero, vocero de la organización.
De acuerdo a los ciudadanos opuestos a la obra, el proyecto carece de certeza jurídica, incumple la Ley de Planeación y pone en riesgo tanto el patrimonio histórico como la seguridad de la ciudadanía.
“Intentaremos evitar que una obra onerosa e irresponsable destruya parte del patrimonio de nuestra ciudad histórica, probaremos en tribunales que la falta de certeza y de seguridad jurídica con la que actúan las autoridades responsables vulneran nuestros derechos sociales, nuestros derechos al desarrollo a la movilidad, a la ciudad (…)”, expuso el pronunciamiento de Ciudadanía Participativa.
“La pelota está ahora en manos de la autoridad jurisdiccional”, señaló Juan Francisco Valerio Quintero lamentando que las autoridades decidan una obra pública “como si la ciudad patrimonio fuera de su propiedad” y los recursos públicos fueran propios.
Señaló que el gobierno estatal ha actuado de manera discrecional y arbitraria, sin transparentar los permisos necesarios para una obra de esta magnitud y enfatizó que el movimiento en contra del viaducto elevado no busca desacreditar o confrontar a las autoridades, sino defender los derechos ciudadanos ante la sordera institucional.
El universitario criticó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) emitiera la autorización para el inicio de las obras preliminares el mismo día que recibió la solicitud del secretario de Obras Públicas, el pasado 11 de noviembre.
Además, calificó de irregular la actuación del Tribunal de Justicia Administrativa al levantar la clausura impuesta por el Ayuntamiento de Zacatecas durante un periodo en el que supuestamente estaba inhabilitado para atender casos. Según el activista, estas acciones demuestran un claro abuso de poder y violación al debido proceso.
Ciudadanía Participativa también subrayó los riesgos asociados a la ubicación de la obra, cercana al Hospital General del ISSSTE y sobre un ducto de gas natural de alta presión.
“Es un nivel de irresponsabilidad inenarrable porque las cosas pueden salir bien, pero cualquier defecto en la operación del ducto podría provocar una verdadera desgracia en la cual el primer responsable será David Monreal Ávila”, afirmó Francisco Valerio.
Sobre la propuesta técnica alternativa a la construcción del viaducto elevado, emanada de ingenieros y arquitectos integrantes de Ciudadanía Participativa, Rodolfo García Zamora enfatizó que el gobierno estatal se ha negado a discutirla, a pesar de que proviene de especialistas con más de 40 años de experiencia en infraestructura urbana.
La organización adelantó que, si los tribunales no detienen la obra, el conflicto podría pasar del ámbito jurídico al de la resistencia social.