Seguramente Montesquieu está revolcándose en la tumba al saber que, en México, su teoría de división de poderes se está distorsionando por completo, pues si bien planteaba que dicha división tendría como objetivo lograr contrapesos y evitar abusos, también planteaba que uno de los objetivos debería ser la estabilidad gubernamental. Probablemente nunca antes en la historia de nuestro país, la Suprema Corte había confrontado tanto al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo como ahora lo está haciendo, ¿división de poderes o intromisión entre poderes?
Desde los amparos contra el Tren Maya hasta el rechazo de las reformas electorales (Plan B) los ministros de la Suprema Corte han determinado frenar, detener o suspender las acciones que el Gobierno pretende realizar. Claro que hay ciudadanos, sobre todo los panistas, que aplauden esos supuestos contrapesos, pero también hay mexicanas y mexicanos que consideran una intromisión indebida del Poder Judicial respecto a las decisiones políticas en nuestro país.
Jurídicamente es difícil demostrar que los magistrados y magistradas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han actuado por consigna del bloque conservador para resolver en contra de las acciones del gobierno de López Obrador; pero, políticamente, sí hay mucha “tela que cortar” para suponer que la Suprema Corte actúa bajo la influencia del viejo régimen, régimen que, aunque no tenga mayoría en las Cámaras y en los Estados, se niega a morir de tan incrustado que está en nuestro país.
Pero, ¿a qué régimen nos referimos? Cuando mencionamos que existe un régimen que se niega a morir, no se hace alusión a un partido político en específico ni a una persona o a un grupo político específicamente; referirnos a un viejo régimen es hacer mención a las viejas prácticas de la política, a los viejos privilegios, a los súper sueldos, a las comodidades excéntricas de la clase gobernante, nos referimos a ese régimen que hace que el poder o los cargos públicos sean sinónimo de estatus y riqueza; ese régimen lo puede representar fácilmente cualquier persona o partido político tendiente a esas prácticas o en oposición a que desaparezcan. Representantes del viejo régimen, sin duda, lo son todos aquellos funcionarios públicos que se ampararon para poder ganar más que el Presidente de la República; lo son los consejeros del INE, que se siguen negando a perder sus altos salarios y privilegios; lo son quienes, en su momento, se negaban a que los programas sociales fueran un derecho plasmado en la Constitución; en fin, en el proceso político y social que vivimos actualmente, en nuestro país, podemos identificar con facilidad quiénes representan el viejo régimen.
Antes de la llegada de López Obrador a Palacio Nacional, el viejo régimen estaba apoderado de todo el Estado mexicano, instituciones, partidos políticos y los tres Poderes de la Unión, como si fuera un virus, todo el poder público estaba contagiado por el viejo régimen. Independientemente si se está en contra o a favor del actual gobierno, nadie puede negar que, a partir del 2018 con el triunfo de Andrés Manuel, una transformación y un cambio de régimen comenzó en nuestro país, un cambio donde poco a poco un nuevo régimen fue sacando a un viejo régimen. En el nuevo régimen se empezó a promover, entre otras cosas, la austeridad y la renuncia a privilegios de la clase gobernante; en poco tiempo ese nuevo régimen logró imponerse y ser mayoría en el Poder Legislativo, y no se diga en el Ejecutivo. En dos Poderes se logró imponer el nuevo régimen, menos en uno, en el Poder Judicial, por lo tanto, sigue habiendo excesos y derroche del recurso público; solo para dar una idea, un Magistrado de la Suprema Corte gana más de 300 mil pesos mensuales y tienen aguinaldos de casi 600 mil pesos.
Es muy fácil entender por qué el nuevo régimen no ha penetrado en el Poder Judicial. Un nuevo régimen no va a ser logrado por una sola persona o por un partido político, un nuevo régimen es impulsado por un movimiento, y un movimiento es impulsado por la mayoría de un pueblo; entonces, el viejo régimen perdió fuerza el Poder Legislativo y en el Poder Ejecutivo debido a que sus representantes son electos por el pueblo, un pueblo que le apostó a un cambio de régimen. Distinto es el caso del Poder Judicial, en donde sus representantes no son electos por el pueblo.
La reforma al Poder Judicial, que se ha planteado esta semana, tiene como columna vertebral el cambio en la forma que se eligen los Magistrados y Magistradas de la Suprema Corte. Se propondrá que dichos cargos sean cargos de elección popular, es decir, que el pueblo, por medio del voto, elija quién va a representar el Poder Judicial. No es equivocada la propuesta, pues el poder emana del pueblo, por lo que sería la ciudadanía la que impulsaría un nuevo régimen en el Poder Judicial, y con ello una, independencia de éste de influencias políticas del viejo régimen. Se sabe que la propuesta de reforma será votada en 2024, será importante el cómo queden conformadas las Cámaras de Senadores y Diputados.
