Como el delincuente que huye al grito de “¡al ladrón, al ladrón” para facilitar su huida, es frecuente que las autoridades eludan los reclamos por la inseguridad, poniéndose al frente de ellos y volteando la cara hacia otro nivel de gobierno.
La estrategia empieza en airados comentarios de un alcalde en entrevista banquetera para que el secretario de seguridad vaya a su municipio, y el reclamo escala y brinca entre poderes, peloteando en aquellos lugares donde no se dañe aliados hasta llegar al gobierno federal, donde no hay más para dónde hacerse.
Un aspecto razonable sostiene el pimponeo: los niveles de violencia que aún padecemos comenzaron con el cañonazo al avispero que emprendió Felipe Calderón en un deseo de legitimarse; y desde su supuesta declaración de guerra al narcotráfico no hemos conocido la paz que él encontró cuando llegó al gobierno.
Más de una década después, y con su estratega de seguridad preso en Estados Unidos, aún se sienten sus efectos.
Pero naturalmente la violencia no es uniforme, y las condiciones particulares de cada entidad, y las habilidades de quienes las gobiernan, tienen el problema complicándose en unos lados y suavizándose en otros.
El otrora tranquilo Guanajuato permanece como la entidad más violenta, y la Ciudad de México bajó el índice de homicidios al de hace un cuarto de siglo.
Si el análisis se hace en proporción al número de habitantes, los tres más violentos resultan Colima, Baja California y Zacatecas, lo que parece reforzar parcialmente la hipótesis de la ruta del fentanilo, que llega al puerto de Manzanillo (Colima) se conecta al norte a través de Zacatecas, y se cruza a Estados Unidos por Tijuana (Baja California). Cabe preguntarse qué hacen diferente los estados vecinos que no viven la misma violencia.
A esta situación de por sí complicada, no ayuda la mitificación de la delincuencia organizada. Y no me refiero a los narcocorridos y narcoseries, impregnada un poco de clasismo, sino a la mitificación que hacen las propias autoridades cuando dan por perdida toda batalla contra la delincuencia organizada, y fomentan la leyenda urbana de que ésta nunca se equivoca, tiene todo planeado, es omnisciente y omnipotente, y funciona como reloj suizo sin la mínima probabilidad de falla.
Si bien nadie niega en lo general su enorme capacidad de fuego, sus brazos financieros internacionales, y sus complicidades de altos vuelos, también es cierto que al menos los homicidios tristemente habituales, no son perpetrados por francotiradores especializados, u hombres de alto entrenamiento. Atrás quedaron los exkaibiles guatemaltecos, y lamentablemente predominan los jóvenes reclutados por dinero, droga o leva, cuyo promedio de vida equivaldría al tiempo de entrenamiento de un policía.
Aún más, algunos de los casos más dolorosos que conocemos tienen un contexto de delincuencia común, que tendría que ser fácilmente controlable en un estado de derecho.
Sirva de ejemplo el de los jesuitas asesinados en Chihuahua, que hasta donde sabemos, está lejos de ser un caso complejo.
De acuerdo a las autoridades, ese múltiple homicidio es el resultado de la ira de un hombre alcoholizado y probablemente drogado que montó en furia contra el ampáyer de un juego de béisbol en el que su equipo favorito perdió. No lo encontró, pero se topó con un hermano de éste, a quien mató de varios balazos.
De acuerdo a la relatoría oficial, después de su primer asesinato (de esta ocasión) el “chueco” siguió la parranda hasta un hotel, donde volvió a enfurecerse porque el guía Pedro Palma le pidió moderación por la presencia de turistas.
Forcejearon, Pedro huyó y buscó refugio en el templo cercano, donde encontró a los dos sacerdotes jesuitas que en su muerte lo acompañaron…
Un borracho armado y enardecido fue suficiente para terminar con cuatro vidas, y convertir a México en noticia.
Fue posible porque a pesar de tener una orden de aprehensión desde años anteriores, el chueco vivía donde reina la impunidad, y ni siquiera su pasado lo había excluido de su comunidad.
Se dice que el chueco podría tener nexos con delincuencia organizada, lo que quizá haya influido para que esto sucediera, pero hasta ahora nada en este caso da la menor seña de tratarse de una operación compleja, una ejecución ordenada, o un mensaje contra la iglesia católica a la que pertenecían dos de las víctimas.
Se trata, como quizá hay muchos, de un caso de delincuencia común que hoy puede actuar con la impunidad que gozan a la sombra del temor que provoca la organizada.
Al menos cuando de “delincuencia menor” se trata, las autoridades locales deberían de actuar y tomar responsabilidad.
Es poco probable, unos miran a otro lado, y otros miran a otro cargo.
