El hallazgo sin vida de cinco de los 10 mineros privados de la libertad –dos de ellos originarios de Zacatecas– ha devuelto al centro del debate nacional una herida que nunca ha cerrado: la crisis de personas desaparecidas en México. La tragedia, además de enlutar a las familias y comunidades, exhibe la persistencia de un fenómeno que se resiste a ser contenido.
La desaparición de personas no es una estadística ni una bandera coyuntural. Es una realidad que atraviesa territorios enteros, particularmente aquellos marcados por la disputa de economías ilícitas, la debilidad institucional y la precarización laboral. Que trabajadores mineros – símbolo histórico de la explotación y la resistencia social – hayan sido víctimas de este flagelo revela el grado de vulnerabilidad en que se encuentran amplios sectores de la población y la facilidad con la que grupos criminales deciden privar de la libertad a personas o grupos.
En este contexto, es de reconocer la captura hasta el momento de 4 presuntos responsables de estos y otros delitos más el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum sobre próximas modificaciones al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La actualización y depuración de los registros es una demanda legítima: sin datos confiables no hay política pública eficaz. No obstante, cualquier ajuste administrativo debe partir de un principio irrenunciable: el respeto a la verdad y a las víctimas. Las cifras no pueden convertirse en instrumento de disputa política ni en recurso para maquillar la magnitud del problema.
Las familias buscadoras han demostrado, con dolorosa constancia, que la crisis rebasa los escritorios. Han sido ellas quienes, pala en mano, han encontrado fosas y restos donde el Estado fue omiso o insuficiente. Por ello, cualquier reforma al registro debe construirse con su participación activa, con transparencia metodológica y con mecanismos claros de rendición de cuentas. Reducir la brecha entre la cifra oficial y la realidad en el territorio es una condición mínima para recuperar la confianza.
El caso de los mineros coloca, además, la responsabilidad en los gobiernos estatales y en las fiscalías, obligadas a investigar con prontitud y a sancionar a los responsables. La impunidad es el principal combustible de las desapariciones y por ello no es menor que ya se tengan detenidos que deben de recibir una sentencia acorde a este terrible hecho porque mientras la probabilidad de castigo sea marginal, el mensaje para los perpetradores seguirá siendo de permisividad.
México no puede normalizar la desaparición como daño colateral de la violencia. Cada nombre ausente representa una fractura en el tejido social. Si el llamado “segundo piso de la transformación” aspira a consolidar una etapa distinta en la vida pública, deberá asumir que la política de seguridad y la política de búsqueda no pueden caminar por senderos separados. La crisis de desaparecidos exige coordinación federal y estatal, fortalecimiento forense, presupuestos suficientes y, sobre todo, voluntad política para colocar a las víctimas en el centro.
