La discusión sobre la problemática de las pensiones parece ser una discusión sin fin. El problema exige estudio en retrospectiva, en presente y perspectiva.
En retrospectiva porque son errores de diseño jurídico los que le dieron origen. En presente porque la mayoría de los sistemas han alcanzado su etapa de madurez y acusan presiones financieras que amenazan su sostenibilidad. Pero más interesante aún, en perspectiva, porque el punto de mayor presión financiera (por el envejecimiento poblacional) se alcanzará en general entre 2035 y 2040, es decir, nos restan entre 10 y 15 años de crisis aguda.
En perspectiva, además, porque el problema persiste en diversas vías, y destaco tres: 1) exclusión del 55% de la PEA que debido a la informalidad laboral no cotiza al IMSS, ISSSTE o algún otro sistema similar; 2) la persistencia de múltiples sistemas entre federación, entidades federativas y organismos autónomos como las universidades públicas; 3) la miopía institucional y política que nubla la vista a decisiones difíciles pero que solo agrava el problema.
No es un problema menor. Desde hace años sostuve que se podría convertir en “la próxima gran crisis”. Su análisis debe ser holístico porque el problema implica un cruce de generaciones y marcos jurídicos incluso anacrónicos.
Y no es que hablemos de comenzar a estudiarlo; son diversas las instituciones e investigadores que lo han analizado; destaca la Organización Internacional del Trabajo que, por su impulso, parece consensuar una alternativa para la conformación de un sistema sostenible y equitativo: el sistema multipilar que busca amalgamar las diferentes modalidades de esquemas de protección para las personas adultas mayores. Se divide, como su nombre lo dice, en cuatro pilares.
Primer pilar: Orientado a garantizar un piso mínimo de bienestar, lo que Julio Boltvink denomina ingreso básico universal. Ahí el esfuerzo de gobierno ha sido importante con la transición desde programas como el 70 más hasta la actual Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBPAM).
Segundo pilar. El Seguro Social obligatorio, de beneficio definido y financiamiento colectivo. Para equilibrar el beneficio esperado de la pensión, el pilar contempla en términos de pensiones, ponderar su cotización por nivel de salarios; esto es, los cotizantes con menores salarios cotizan en mayor proporción en este pilar, que los de mayor nivel de salario. Este pilar protege prioritariamente a los de menor salario, para dar vida al principio redistributivo de la seguridad social.
Entre los dos primeros pilares se deben garantizar las tasas de remplazo establecidas en las convenciones internacionales para lograr una pensión digna.
Tercer pilar. Un pilar complementario sea voluntario u obligatorio, pero bajo el esquema de contribución definida (como las AFORES que, por su naturaleza, no es conveniente considerarlo como Seguro Social). Puede ser público o privado y se orienta a dar cobertura a los trabajadores de mayores salarios. En su naturaleza, complementa el monto de la pensión que quienes tienen mayor capacidad de cotización obtendrán del segundo pilar, pero limita el desequilibrio que tradicionalmente generan los sistemas de beneficio definido, en que los cotizantes de mayores salarios, al momento de pensionarse, consumen el fondo solidario de manera desproporcionada.
El segundo y tercer pilar en su conjunto resultan fundamentales para fortalecer la equidad del sistema.
Cuarto pilar. El ahorro provisional voluntario. Diseñado para quienes tienen los mayores salarios y, por lo tanto, la mayor capacidad de ahorro. Puede ser público o privado y por su naturaleza, no consume recursos del fondo solidario; solo representa una previsión individual para fortalecer el monto de pensión.
Vistos los cuatro pilares, nos pueden resultar familiares y no parecen demasiado complicados. Entonces ¿En dónde está el reto?
En el punto de inflexión entre pasado, presente y futuro.
Visto en perspectiva, el sistema multipilar da vida a un sistema igualitario, justo y sostenible para el futuro, pero visto en presente y retrospectiva el panorama es sumamente retador.
¿Cómo transitar desde múltiples sistemas con diversos marcos jurídicos, requisitos de acceso, formas de cotización, esquemas de prestaciones y modelos administrativos, hacia uno que conglomere y concilie las diferencias para garantizar un sistema beneficioso para la sociedad en su conjunto?
La respuesta es sencilla: reformando (hablamos de la gran reforma), pero ¿a qué costo?
Quienes gozan de pensión, principalmente si su pensión es alta, difícilmente cederán y el derecho les asiste, ¿por qué asumirían costo?
Quienes se encuentran con expectativa de pensión (cotizando), principalmente si la expectativa de monto es alta, naturalmente agotarán vías jurídicas y políticas para materializar su expectativa. Conforme a derecho su expectativa se puede reformar, pero ¿están dispuestos los actores políticos a asumir el costo?
La vía es la conciliación, pero esta requiere de la voluntad y el acuerdo de todos los involucrados: pasados, presentes y futuros; pensionados, trabajadores, patrones y gobierno; financieros, políticos y líderes gremiales.
Tristemente en un escenario de polarización, la conciliación resulta en una utopía.
