■ Pueden configurarse delitos como peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero: Chavira
■ Quien vende la factura a los diputados está consciente de que no ha prestado un servicio, advierte
La información publicada por La Jornada Zacatecas el pasado lunes, respecto a la contratación por el Congreso del estado de empresas fachada para simular gastos correspondientes a 2014 y primer trimestre de 2015 por un total de 9 millones 31 mil 528.31 pesos, es indicio suficiente para que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas intervenga de oficio e inicie una carpeta de investigación.
Lo expuesto por este medio de comunicación puede conformar la comisión de varios delitos, entre ellos: peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero, operación con recursos de procedencia ilícita y evasión fiscal.
En este último caso, debe entrar en funciones el Sistema de Administración Tributaria (SAT), a fin de que revise si las empresas citadas en la investigación: Bello Caporetto SA de CV, Consultoría Ipanema SC y Productos y Servicios Comercializados Gaudino SA de CV, “están reportando los ingresos que soportan las facturas que están expidiendo”, dijo en entrevista Jorge Luis Chavira Sánchez.
El académico, quien ejerce la abogacía y la docencia en Derecho desde hace 30 años ininterrumpidos, sustentó lo anterior.
Dijo que quien vende la factura a los diputados está consciente de que no ha prestado un servicio, que vende la factura a cambio de un beneficio.
“Entonces ahí puede darse ya la confabulación de dos o más personas para cometer un acto ilícito y éste es un acto ilícito”, lo que resultaría en el delito de asociación delictuosa.
“Pero si el dinero que están justificando por medio de la expedición de las facturas de empresas fachada no se destinó para lo que había sido asignado en las leyes de Ingresos y Egresos, pues entonces puede configurarse el delito de peculado”.
Asimismo agregó que puede derivarse de estos hechos la comisión del delito de lavado de dinero y el de operación con recursos de procedencia ilícita en tanto que se ejercieron recursos del erario para un fin distinto al que se designaron, “se le da la vuelta, una especie de triangulación para que vuelva otra vez a las arcas del diputado y ya se convierta en dinero fresco, en dinero perfectamente legal”.
“Yo no sé qué diputados lo hayan hecho o lo estén haciendo, pero sí es grave la situación en ese aspecto”, advirtió.
El docente e investigador de la Unidad Académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ex jefe del Departamento de Legislación de la Dirección de Asuntos Jurídicos de Gobierno del Estado y ex subprocurador de Justicia del estado, subrayó como problema de fondo en este asunto, el que los órganos legislativos, no solamente para el caso de Zacatecas sino en el país, y aún el Congreso de la Unión, “no tienen quién fiscalice lo que hacen con los recursos públicos que ellos mismos se asignan”.
“Ese es el principal problema porque ni siquiera la Auditoría Superior del Estado (ASE) los puede fiscalizar, mucho menos la Secretaría de la Función Pública”.
Incluso, dijo que los diputados no están sujetos a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, “por desgracia”.
Al respecto, trajo a colación el tema del establecimiento de un Tribunal de Rendición de Cuentas que podría funcionar eficientemente, dijo, sólo si se garantiza su autonomía con respecto a los tres poderes del Estado.
Para ofrecer ejemplo de lo que debe ser un Tribunal de Cuentas o un fiscal con “absoluta independencia”, recordó el caso del fiscal Kenneth Starr, quien destapó el “desliz pasional” de Bill Clinton, conocido como el Monicagate, y que puso al borde de la dimisión al “presidente del país más poderoso del mundo” luego de que se comprobara que había mentido sobre su relación con la ex becaria de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky.
Esto jamás habría sucedido en México ni sucederá, adelantó, tras referir los recientes escándalos de corrupción que envuelven al propio Presidente de la República y funcionarios de primer nivel, respecto a conflictos de intereses en la compra de bienes raíces.
El titular de un Tribunal de Cuentas agregó que debería surgir de una elección popular, asimismo, para que no ocurra un episodio similar a la designación de Virgilio Andrade como auditor superior de la Federación por Enrique Peña Nieto, quien le encargó investigara las operaciones de las adquisiciones en las que está involucrado.
En el estado de Zacatecas, agregó, se necesita un verdadero órgano de rendición de cuentas que vigile a los tres poderes en sus tres niveles de gobierno.
Actualmente, nadie revisa el ejercicio de los gastos de los diputados y al Ejecutivo del estado lo vigilan estos últimos, “ya sabemos cómo está conformada la correlación de fuerzas. Y no pasa nada, se aprueban las cuentas públicas. Entonces sí se requiere el Tribunal de Cuentas”.
No obstante aseveró, su creación “nunca se va a aprobar” y si se hace se propondrá de manera “que no se pueda tocar ni al Poder Legislativo ni al Ejecutivo ni al Judicial”, esto es sería “una fachada nada más. Vamos a tener un Andrade”.
Abundó que nuestra incipiente democracia, la más cara del mundo, no nos da para tanto, “ni siquiera para hacer un referéndum, menos para hacer un Tribunal de Cuentas que revise el actuar de los funcionarios”.
Acerca de la actuación que se espera de la Procuraduría General de Justicia del Estado en este caso que implicaría a diputados locales en actos de corrupción y comisión de ilícitos, adelantó, “difícilmente creo que vaya a intervenir”.
No obstante, reiteró que lo expuesto en la investigación de La Jornada Zacatecas, ofrece indicios suficientes para iniciar una carpeta de investigación, para lo cual la PGJEZ no requiere denuncia de parte.
“¿Pero qué va a pasar?, que no va a actuar. Que va a decir como el anterior procurador, pues es que no tengo denuncia…pues es que no necesitas denuncia. Los delitos que se pueden configurar se siguen de oficio. Eso significa que el Ministerio Público debe intervenir oficiosamente para determinar si hay o no un delito”.
Ofensiva, corrupción al interior del Congreso, señala Frente Popular de Lucha de Zacatecas
Tras lamentar el destape de la cloaca de la corrupción al interior de la 61 Legislatura del estado, lo que calificó como ofensivo para los zacatecanos luego de los sueldos que perciben los diputados, Felipe Pinedo Hernández, a nombre del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), exigió se realice una auditoría integral a los diputados y sus empresas cómplices, se respete el presupuesto y que las contralorías sociales sean una realidad en Zacatecas.
En conferencia de prensa, acompañado por José Luis Lugo Muro, secretario de organización de la dirigencia municipal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la capital, Felipe Pinedo dijo que ahora gran parte de los diputados se han convertido en “simples comprobadores de gastos” y están más preocupados por ello que cumplir con su responsabilidad de evitar la corrupción al interior.
Consideró que por ese concepto se registre un alarmante desvío de recursos, más por parte de aquellas y aquellos legisladores que tienen mayores privilegios, al presidir órganos como la comisión de Régimen Interno y Concertación Política (CRIyCP); de Planeación patrimonio y Finanzas (PPF) y de Vigilancia, que son quienes ejercen el grueso de los recursos económicos de la Legislatura a su libre albedrío.
“Hacemos un enérgico llamado a una profunda revisión del presupuesto de los zacatecanos porque no se vale se esté desviando permanentemente el recurso de Zacatecas, pues nuestra entidad se encuentra entre las cinco con más corrupción en el país”, afirmó Pinedo Hernández.
Agregó que ahora le toca al Poder Legislativo, que le hace segunda al Ejecutivo, pues a la hora que se revisen las cuentas de los diputados al final de los tres años, nos daremos cuenta que no gastaron un solo peso porque todo fue “gastos a comprobar”.
Reiteró que esa actitud es ofensiva por lo que urgió a que se transparenten los gastos y declaraciones fiscales de los diputados y a las empresas que se crearon ex profeso para la compra de facturas.
Asimismo, exigió se les auditen sus gastos de gestión, luego de que un diputado recibe mensualmente alrededor de 50 mil pesos para tal concepto, de lo que seguramente sólo gastan 10 mil pesos sin que se sepa dónde quedó el resto del recurso.
En ese sentido, Pinedo Hernández exhortó a los diputados frentistas Juan Carlos Regis, Eugenia Flores e Iván de Santiago, a que “hagan punta” para que se clarifiquen todos estos gastos y sean ejemplo para los otros 27 diputados en materia de transparencia.
Por otra parte, Felipe Pinedo anunció que a partir de esta semana José Narro Céspedes iniciará un recorrido en los diferentes distritos del estado, con la finalidad de tener el mejor posicionamiento ante la probabilidad de que una vez iniciado el proceso electoral el 7 de septiembre, los diferentes candidatos del PRD se definan mediante encuestas.
