El 10 de abril próximo será una realidad la consulta a los mexicanos para que expresemos si se aplica la revocación del mandato de AMLO o, por el contrario, si preferimos que continúe en el cargo hasta 2024. Con ello, quedará abierta la puerta para que los congresos locales hagan lo propio en sus marcos jurídicos para que ese derecho también sea vigente en las entidades estatales. También se completará el escenario para que se conozca lo propuesta de Reforma Electoral de la 4aT, materia en la que poco se ha escrito y dicho, pero cuya urgencia queda de manifiesto con el deterioro del sistema de partidos, y la improvisación y falta de profesionalismo evidente en buena parte de la clase política gobernante y opositora.
En primer lugar, hay que asumir que las reglas electorales en nuestro país, las más generales y muchas muy puntuales, están incluidas en el artículo 41 constitucional, lo que implica reconocer que las reformas necesarias y urgentes solo ocurrirán si se logran los consensos entre más de las dos terceras partes de los legisladores de ambas cámaras, lo que exige acuerdos entre la mayoría simple de Morena y sus aliados, con algunos legisladores que hasta hoy se asumen como opositores radicales. Aunque también podría ocurrir que algunas propuestas particulares logren mayorías calificadas debido a la presión social que se exprese en su apoyo. La disminución de las prerrogativas económicas a los partidos y la inclusión plena de los mexicanos que viven en el extranjero, pueden ser parte de esos temas.
Un primer tema fundamental para nuestra democracia es el tema de la participación ciudadana directa, sea en la elección de dirigentes y candidatos de los partidos, o en la celebración de consultas sobre temas específicos, como las reformas constitucionales o la revocación de mandatos. Lo cierto es que el debate sobre el empoderamiento de los ciudadanos en los partidos es un asunto urgente, dada la aguda centralización que hoy existe en todas esas organizaciones. Las elecciones primarias deben ser obligatorias en todos los partidos y para todos los procesos municipales, estatales y federales. Los padrones de los partidos deben emerger de la voluntad libre de los ciudadanos expresada ante el registro federal de electores. Ninguna cúpula debe arrogarse la prerrogativa de determinar quien es o no integrante de un partido. Las elecciones internas deben ser conducidas por los organismos electorales con la participación obligatoria de los integrantes del partido que corresponda, seleccionados por insaculación. El ejercicio de los derechos en la vida interna de los partidos debe considerarse como un componente fundamental en la formación política de la población.
Es fundamental legislar ya para introducir alguna modalidad de segunda vuelta en las elecciones de presidente de la república y de los gobernadores estatales, de manera que la primera vuelta sirva para medir la representatividad de todos y cada uno de los partidos, y la segunda estimule la formación de grandes agrupamientos políticos que propicien la participación masiva en los debates fundamentales del país y contribuyan a la formación ciudadana y, en consecuencia, eleven el nivel del debate político y del profesionalismo en el ejercicio de las responsabilidades públicas. La proliferación de la improvisación de la clase política nacional no sirve a nadie.
Si atendemos al hecho de que uno de los asuntos más polémicos en el debate nacional es el desempeño del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), será muy difícil encontrar acuerdos sobre las medidas para volver menos oneroso su funcionamiento y, sobre todo, para que garanticen ser imparciales y eficaces en el combate al trasiego de dinero ilícito. Recordemos que el actual INE no fue capaz ni de detectar las cantidades que Peña Nieto recibió de la empresa Odebrecht, según lo ha revelado el ex director de PEMEX Emilio Lozoya, y los integrantes del TEPJF se han comportado vergonzosamente y acusado mutuamente de corrupción. Todo indica que sólo una gran presión social hará posible la reforma de gran calado necesaria.
Por otra parte, es muy lamentable que prácticamente nadie está promoviendo la reforma al actual sistema presidencial para construir uno parlamentario, ni para introducir las reformas necesarias para que el poder judicial sea la columna del estado de derecho que México requiere. Aunque parece evidente que el sistema presidencial vigente interfiere negativamente en el funcionamiento del sistema republicano, lo cierto es que existen muy pocas voces que proponen alguna modalidad de república parlamentaria. Sería muy importante quitarle centralidad al titular del poder ejecutivo con su designación en un parlamento integrado bajo el principio de representación proporcional, de acuerdo con la votación emitida en las distintas regiones del país, mediante listas separadas y abiertas de 50% de mujeres y 50% de hombres.
Un sistema diseñado bajo esos principios permite que los gabinetes gubernamentales sean sometidos al escrutinio público desde antes de su designación por la mayoría parlamentaria y durante su desempeño. En el extremo, cuando un gabinete pierde la confianza de la mayoría parlamentaria mediante una votación de una moción para el efecto, procede su sustitución inmediata o, en ciertas condiciones, procede la disolución del parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones. Sería también importante pasar de los mandatos de 6 años para el titular del ejecutivo, a solo 4, permitiendo que tenga una oportunidad de ser reelecto, justo como ocurre en los Estados Unidos.
