Existen problemas reales y graves en la relación bilateral UAZ-SPAUAZ. El menor de estos es la continuidad del secretario general, Ing. Juan José Martínez Pardo, ya que el proceso de legitimación demostró que tiene la suficiente capacidad para conducir al Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ). Más aún, las objeciones que el Grupo Plural de Delegaciones (GPD) alzó en su contra se mostraron erróneas. Quedó claro también que esa organización no comprendía la naturaleza del proceso, pues lo interpretó como una lucha contra alegorías y fantasmagorías, y no como un asunto democrático en el que los agremiados debían leer y emitir un juicio informado respecto de su contrato. Existía la pretensión de politizar el proceso, de volverlo un preludio a la elección de comité ejecutivo de mayo de 2023. Sin embargo, tal objetivo se desvirtuó tanto que el GPD considera necesario volver sobre su demanda inicial: “Renuncia o destitución del secretario general; la reforma a nuestros estatutos igualmente obstaculizada y amañada por Juan José Martínez Pardo; la preparación de emplazamiento a huelga; rendición de cuentas de la fundación; llamados a sesiones de Coordinadora de Delegados y Asamblea General como lo establecen los estatutos” (“Grupo Disidente del SPAUAZ retomará la exigencia de destituir al secretario general” La Jornada Zacatecas, 5/nov/22) . Con su fogosidad habitual, los voceros del GPD reiteran los crímenes, reales e imaginarios, que atribuyen al secretario general. Suponen que el Ing. Martínez Pardo “congeló los órganos de gobierno por ocho meses” como si no fuese conocimiento público que, desde hace 20 años, los secretarios generales no reúnen a las instancias sindicales de acuerdo a lo estatuido. Es decir, a una situación bien conocida y denunciada, la desorganización y reiterada violación de las normas en el SPAUAZ, le quitan su carácter histórico y estructural para explicarla como estratagema de una persona y su grupo. Olvidan, de manera tramposa, que la Fundación nunca ha informado y se fundó al margen de cualquier legalidad estatutaria; tampoco les incomoda que la Coordinadora de Delegados tome decisiones sin quórum o que los plebiscitos hace mucho que se organizan sin apego a la norma. Tal proceder, más que iluminar la situación real de manipulación, por parte de los grupos hacia los sindicalizados, la encubre y trata de imponer los intereses particulares de una organización como vindicaciones colectivas. Incluso llegan al grado de tergiversar los hechos para acomodarlos a su narrativa: “este proceso de legitimación se dio en medio de hermetismo, simulación y opacidad de parte del secretario general y del Comité Ejecutivo, y a pesar de ello, con la ayuda del Centro Federal de Conciliación, se logró llevar a cabo con resultados satisfactorios para todos los sindicalizados”. Es falso que haya habido ausencia de apertura de las instancias sindicales respecto al proceso, todo fue público y abierto, participó quien así lo quiso. Excepto que no se hacían las cosas como el GPD recomendaba. Y que bueno que no fue así porque tenían una comprensión equivocada del asunto. Tan errónea era su concepción que se pudo dar, sin que se registrase, el contrato 2022-2023 como exigían y por lo que causaron paros y pérdidas. No es que no supiesen; su objetivo era otro: controlar la situación y de facto relegar al secretario general para negociar posiciones, obtener privilegios y preparar la elección de 2023. De hecho, el GPD acusó, en su momento, al Centro Federal de Conciliación de “contubernio” con el rector y el secretario general. Hoy, ya agotado su discurso, lo recomponen para agradecerle a la autoridad execrada. ¿Qué? Que les informó que las quejas reiteradas atentaban contra los derechos de los sindicalizados. Un resumen de esta comedia de errores es sencillo: no pudieron defenestrar la dirigencia del SPAUAZ ni controlar la legitimación del contrato. Le quedó al GPD una victoria ideológica en un escenario desplazado: la fantasía de haber sido ellos los artífices de la legitimación. En fin, con esos objetivos, y esa experiencia, más que apoyo en la preparación del emplazamiento, serán un obstáculo. Tratarán de imponer un estatuto pletórico de castigos y amenazas, asumen que a los sindicalizados se les debe coaccionar y no incentivar. Asimismo, seguirán en la retaguardia de la historia con su propuesta invariable de “no modificar una coma al contrato” a pesar de las múltiples contradicciones, cláusulas superfluas o lesivas o procesos, como el de contratación recontratación y asignación de cargas de trabajo, que presentan severas deficiencias y requieren ser mejorados. Lo importante, año con año, es la estrategia que debe seguir el SPAUAZ para lograr dos objetivos: mejorar las condiciones laborales y resarcir las violaciones e incumplimientos. El primer objetivo es más importante que el segundo, pero ni siquiera para éste existe un camino claro. Se suele imponer la visión apatronada de perder el tiempo solicitando información relativa a la situación financiera. Si ahora el GPD exige la destitución del secretario, seguro se perderá aún más el tiempo en discusiones bizantinas. Ante esto la cuestión es ¿no es ahora el GPD el auténtico esbirro de la patronal? Porque con sus acciones entorpecerá el movimiento huelguístico en detrimento de los agremiados y beneficio de la rectoría.
