La llegada de políticos progresistas a un buen número de importantes gobiernos de América Latina (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Honduras, Perú y México) genera la posibilidad de buscar, unidos, una negociación con el gobierno de Estados Unidos para cambiar las relaciones establecidas hace décadas por ese país con los países de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (CELAC), incluyendo las políticas y operadores del Banco Interamericano para el Desarrollo (BID), así como el cambio inmediato de Luis Almagro, quien desde hace años viene desempeñándose como secretario general de la OEA, desde donde operó, en múltiples ocasiones, para favorecer a las fuerzas afines al neoliberalismo. Pero sobre todo, se requieren una serie de medidas para asegurar el desarrollo económico compartido y el respeto permanente a la soberanía de los pueblos, para reforzar el multilateralismo, fortalecer y reformar a la ONU y asegurar un gran compromiso de una América unida en favor del combate al calentamiento global y de la paz mundial. Hay que trabajar por un acuerdo en materia de migración, y por una nueva política contra el crimen organizado y los cárteles de la droga, reconociendo que la política de la guerra contra ellos ha fracasado. También es muy importante convencer al vecino del norte de que debe adoptar el acuerdo reiterado de la Asamblea General de la ONU de levantar el bloqueo a Cuba y abandonar todos los instrumentos creados y aplicados en el pasado para imponer sus intereses a los países de la región.
Por otra parte, asumiendo que varios de los nuevos gobernantes han sido víctimas del fenómeno del Lawfare, definido como el uso indebido de instrumentos jurídicos y mediaticos para fines de persecución política, destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político, con una amplia diversidad de instrumentos para presionar al acusado y su entorno, para que sea más vulnerable a las acusaciones sin prueba, para que pierda apoyo popular y que no disponga de capacidad de reacción. Lo cierto es que, aunque Luiz Inácio “Lula” da Silva, y antes Andrés Manuel López Obrador, lograron sobreponerse a esa persecución política por la vía judicial, el método se sigue aplicando a lo largo y ancho de América Latina con el mismo objetivo: eliminar u obstaculizar cualquier proceso real alternativo al neoliberalismo. Sería una pena que no lo analicen y no se construya una posición común y capacidades suficientes para enfrentarlo y erradicarlo del escenario político continental. Especialmente importante es la constitución de nuevas redes de medios de comunicación que garanticen la difusion de la pluralidad de opiniones existentes en cada país, y no sólo las de los neoliberales.
En estos tiempos de incertidumbre, por los efectos de la pandemia y por el enfrentamiento de la OTAN con Rusia, es fundamental que la CELAC se despliegue unitariamente en el campo de las relaciones internacionales. Se requiere una actuación responsable y valiente de rechazo al intervencionismo y al militarismo, en favor del fin de todas las guerras y el combate a todos los vicios del mundo actual como la discriminación y el racismo, la crisis energética y la profundización de las desigualdades, producto de la globalización neoliberal. Los acontecimientos en el este de Europa precisan que la voz de la CELAC se pronuncie contra un estado de guerra permanente y contra las posiciones más extremas que favorecen el retorno del nazismo.
Es fundamental que los gobiernos de la CELAC se dispongan a cooperar para lograr la vigencia plena de los derechos humanos en sus territorios, en especial en la reconstrucción de los sistemas de salud y educativos. Es necesario actuar rápido para lograr las coberturas universales en ambos sistemas, con el propósito de lograr que los países no vuelvan a estar inermes frente a fenómenos como la pandemia de Covid 19. Es fundamental construir capacidades técnicas y científicas para lograr la autosuficiencia en la producción de alimentos, vacunas, equipos y los medicamentos fundamentales. Hay que sumar esfuerzos para lograr un rápido avance científico y tecnológico que permita la utilización soberana de los recursos energéticos disponibles. Para ello es fundamental impulsar un proceso acelerado de transformación del sistema educativo, que lo renueve en todos sus niveles y posibilite su articulación virtuosa con el entorno estatal, nacional e internacional. Ello implica adoptar una nueva concepción de la universidad pública, que trascienda sus funciones tradicionales —docencia, investigación y difusión— para expandirlas hacia: La formación integral, flexible y polivalente, la investigación interdisciplinaria e intercultural comprometida social y ambientalmente, y la innovación e incidencia social creativa y transformadora. Estas funciones adquieren su connotación más amplia y profunda al asignar a la universidad pública un nuevo y trascendente papel: el de fungir como agente autónomo de desarrollo y transformación social. Estas reformas son indispensables para lograr el desarrollo de la región.
