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domingo, 26 junio, 2022
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Pide la CNDH medidas en favor de damnificados

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Por: La Jornada •

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó a las autoridades de las siete entidades afectadas por los sismos de septiembre pasado adoptar medidas cautelares en favor de los damnificados durante la etapa de la reconstrucción.

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También les requirió crear mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, así como que se evalúe a las empresas participantes, las cuales también deben respetar derechos de los afectados.

El organismo envió oficios a los gobiernos de Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla, Morelos y estado de México, a los cuales pidió establecer un mecanismo de análisis y evaluación de las empresas que participarán en la reconstrucción en el cual se valore su historial en el cumplimiento de las normas de construcción y de sanciones, así como los procedimientos y procesos o investigaciones que tengan abiertos, considerando también a sus titulares y representantes.

Los gobiernos de estas entidades también deberán constituir un mecanismo de difusión pública sobre el proceso de reconstrucción que sea accesible a la población; informar el grado de avance de la misma, por delegación política o municipio; transparentar el empleo de los recursos públicos y de los agentes e instituciones involucrados en esta etapa; adoptar las medidas y mecanismos necesarios para garantizar la rendición de cuentas y transparencia en el otorgamiento de los recursos públicos, con el fin de que se destinen únicamente a la reconstrucción y reparación de los inmuebles afectados.

También se les requirió elaborar un registro de los inmuebles en reparación y reconstrucción, por delegación política o municipio, en el cual se relacione la razón o denominación social de las compañías o el nombre de los empresarios que participan y tomarán parte de manera parcial o total en esos trabajos. La CNDH subrayó que con base en estándares internacionales, como los Principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos, las compañías también tienen la obligación de respetar estas garantías y los estados de vigilar que así sea.

En este caso, el Estado tiene el control del recurso económico para la reconstrucción, por lo que debe exigir a las empresas que vayan a participar en ésta que observen debida diligencia en su actuación, lo que implica el debido cuidado y las sanas prácticas empresariales para evitar una afectación social.

Para ello las compañías deben –subrayó el organismo– cumplir con seis estándares en su actuación frente a las personas afectadas y la sociedad: la máxima calidad en los materiales a utilizar, la máxima eficiencia en el proceso de construcción, la máxima calificación del personal, el máximo control en las etapas del proceso de construcción, la máxima publicidad y transparencia en el proceso de construcción, y la máxima calidad en el resultado (el inmueble construido o rehabilitado).

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