■ “Mecanismo de movilizar el despojo”, intención de canjear cerca de 200 mil hectáreas: Guzmán
■ Minería, entre las últimas actividades económicas que más puestos de trabajo generan, dijo
El 66.2 por ciento de los 142 proyectos de exploración minera que actualmente se desarrollan en la entidad se encuentran ubicados en el semidesierto zacatecano, es decir, 94 posibles explotaciones de mineral de empresas nacionales y extranjeras se encuentran en la zona del Área Natural Protegida (ANP) que quiere modificar Gobierno del Estado.
Este dato lo aportó el académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Federico Guzmán, en base a las cifras que el Servicio Geológico Mexicano tiene reportadas en relación a la minería en la entidad.
El investigador participó en el último programa de Synergia, realizado por La Jornada Zacatecas Tv, el cual conduce el director de esta casa editorial, Raymundo Cárdenas Vargas, y cuenta con la colaboración permanente del docente de la UAZ, Marco Torres Inguanzo.
En esta ocasión el tema abordado fue la minería en Zacatecas, por lo que una de las cuestiones que se trataron, debido a la coyuntura, es la pretensión de la administración gubernamental del estado de modificar el proyecto de Área Natural Protegida, con el objetivo de evitar que este espacio se centre sólo en el semidesierto lo que afectaría, según han dicho las autoridades, a las actividades económicas de la región, destacando la industria minera.
Federico Guzmán consideró que la intención de canjear cerca de 200 mil hectáreas incluidas en el área del ANP, para que no estén en el semidesierto sino en otras locaciones del territorio zacatecano, es solamente “un mecanismo de movilizar el despojo” que responde a la importancia que para las compañías mineras tiene la región semidesértica de Zacatecas, dada la elevada cifra de proyectos en exploración que hay en la zona y también a las actuales explotaciones que operan.
Durante el programa de Synergia se recordó que uno de los argumentos del Gobierno estatal para privilegiar las inversiones mineras a la protección del medio ambiente y del ecosistema del semidesierto es la necesidad de preservar los empleos que genera la minería.
En este sentido el académico, autor de la tesis doctoral “Economía política del despojo territorial Megaminería a cielo abierto en Zacatecas bajo el capital global 1982-2014”, aseveró que la minería se encuentra en las últimas posiciones en cuanto a las actividades económicas que más puestos de trabajo generan en la entidad.
Este listado, precisó, está encabezado por las actividades agropecuarias, después se encuentra el sector automotriz con las maquiladoras que han llegado de 2011 a la fecha, seguido de la construcción y de las actividades turísticas o de servicios “y hasta abajo (está) la minería”, que ha generado menos de 20 mil empleos en la última década, además de que la gran mayoría de ellos son subcontratados, lo que implica malas condiciones laborales de los trabajadores.
El colaborador de Synergia, Marco Torres Inguanzo, apuntó que ahora hay registrados unos 9 mil empleos en la minería y cuestionó acerca de la posibilidad de que, en lugar de permutar tierras del ANP para entregarlas a la explotación minera sin restricciones, se llevara a cabo una “sustitución económica”, es decir, generar el mismo número de empleos que ahora tiene la industria extractiva pero en proyectos económicos sustentables.
Aparte del tema coyuntural de las modificaciones al Área Natural Protegida, la primera intervención del académico invitado comenzó con un planteamiento general que buscaron responder a los largo del programa: ¿Realmente la minería genera desarrollo en el estado de Zacatecas?
Federico Guzmán, al tratar de dar una respuesta a su interrogante, hizo un recuento de las condiciones de pobreza que imperan en los municipios mineros de Zacatecas. Resaltó el caso de Mazapil, donde 72.7 por ciento de la población vive en condiciones de pobreza, y el de Noria de Ángeles que, a pesar de haber albergado la mina de plata más gran del mundo, tiene 74.2 por ciento de sus habitantes en pobreza.
Además, el investigador también hizo mención al reparto de las ganancias de esta industria y quiso destacar las brechas que existen, pese a las reformas legislativas hechas en los últimos años para gravar más las actividades extractivas.
Al respecto apuntó que el fondo minero de unos 3 mil millones de pesos, derivado del impuesto del 7.5 por ciento sobre las utilidades de las empresas que se aprobó hace dos años, representa un porcentaje irrisorio de las ganancias que obtuvieron, por ejemplo, en 2014 las compañías de este sector y que fueron de 14 mil 764 millones de dólares.
Puntualizó que esto significa que, de cada mil dólares que obtuvieron las mineras en ese año, sólo 15 centavos llegaron a las comunidades a través del fondo; mientras que añadió que al aterrizar las cifras en Zacatecas la proporción todavía es menor, pues de cada mil dólares las empresas que operan en la entidad se quedaron con 999.92 dólares y dejaron en las poblaciones 8 centavos de dólar.
Ante esta desigualdad el académico indicó que, “si queremos ver cómo la minería puede generar desarrollo económico para el estado de Zacatecas, valdría la pena revisar cómo le hacemos desde la legislación y las políticas públicas para que esa distribución de la renta minera sea menos asimétrica y se acerque al reparto que se tiene en otros países”.
Para comenzar a poner frenos a la explotación desmedida y sin controles ambientales que hacen las compañías extractivas en el estado, consideró que es fundamental la participación ciudadana en conjunto con las instituciones educativas.
En ese sentido, apuntó que sería necesaria la conformación de lo que denominó como Observatorio de Megaproyectos Extractivos conformado por la sociedad y la academia, de forma que se avance hacia alternativas “de corte colectivo y no esfuerzos aislados”.
Esto es importante, dijo, porque hay que trabajar activamente en la vigilancia de esta industria y no sólo esperar a que el gobierno estatal o la Legislatura local tome las decisiones.
