Con la reciente designación de la Presidenta de la República de las personas que habrán de integrar la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral ha dado formal inicio el proceso deliberativo e institucional que habrá de llevar al país a otra reforma electoral, como hemos dicho aquí, esta materia ha convertido al proceso de transición democrática en México un ciclo interminable.
Partamos de algunas precisiones: primero, me parecen sin sustancia las críticas al hecho de que la Comisión presidencial creada por decreto publicado el pasado 4 de agosto no contemple a actores de otros órganos del Estado mexicano, pues, como su propio nombre lo establece, éste es un grupo de trabajo dependiente del Poder Ejecutivo, que, entre sus atribuciones sí tendrá las de convocar, con amplitud (y esperemos así lo haga), a funcionarios públicos en materia electoral, legisladores, académicos, expertos, periodistas, clase política, sociedad civil y organizaciones sociales en general.
Atendamos, al respecto, las atribuciones contenidas en las fracciones I y III, del artículo segundo del ya citado Decreto: Convocar al pueblo a expresarse sobre la reforma electoral conveniente para México y realizar estudios sobre este mismo tema y, Constituir los grupos de trabajo que considere necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
Segunda precisión, es de esperarse que dicha comisión revalore las propuestas que ya han sido puestas sobre la mesa, pero también que goce de algún margen y objetivo para modificarlas, pues, recordemos, ya existía una propuesta en el llamado Plan C, cuyo contenido, según la coalición gobernante, fue llevado a consulta y ratificación en la elección de 2024, y por tanto, otras iniciativas contenidas, pasaron ya si ningún tipo de proceso de la envergadura que estamos atestiguando en el caso de la Reforma Electoral.
Ahora bien, ha sido evidente que la conformación del grupo de trabajo y particularmente de quién la encabezará, llamó la atención de analistas y en general de la agenda pública, sin recaer mucho en el resto del decreto, que en lo particular me parece, arroja pistas sobre el tono con el que arranca este proceso, que, como ya decíamos anteriormente, es institucional con carácter deliberativo. Los considerandos, que como se sabe, arrojan luz sobre las pretensiones, objetivos y contexto de quien emite el instrumento jurídico en cuestión, nos permiten entender qué está pensando Claudia Sheinbaum al motivar esta discusión. Primero, se hace cargo de la evolución jurídica y Constitucional que ha experimentado el Estado mexicano en las últimas décadas y particularmente en los últimos años; mención aparte le merece la reforma al Poder Judicial, que como es conocido, su conformación ahora también forma parte de la materia electoral. Pero, más sobresaliente es lo que, me parece, es la lista de asuntos que pretende atender este debate, cito el párrafo quinto de dichos considerandos: consultas populares, los sistemas de representación de la ciudadanía en los órganos colegiados, los métodos de votación y de procesamiento de los resultados, el régimen de partidos políticos y la institución y organización de las autoridades electorales. Ahí me parece, y en la reiterada mención de reconocimiento a las minorías, tanto como sujetos de respeto por parte de las mayorías, como del derecho a convertirse en mayoría electoral y asumir las funciones del poder, está la dirección que tiene en mente la Presidenta. Cabe insistir desde estos renglones que ojalá se fortalezcan las capacidades e instrumentos de fiscalización de los partidos políticos, las campañas electorales y candidaturas, a partir de una lógica de prevención, detección, investigación y sanción a actos de corrupción política, y cierro con una provocación a partir de lo anterior ¿es momento de considerar para México un tribunal de cuentas, en reconocimiento al evidente fracaso del sistema nacional anticorrupción? Recordemos que en España dicho órgano constitucional autónomo no solo fiscaliza al gobierno, sino también a los partidos políticos.
@CarlosETorres_
