La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Secretaría de Hacienda deberá entregar la versión pública de la información que posee sobre la adquisición del software espía Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto, al declarar infundado el recurso de revisión en materia de seguridad nacional promovido por la Consejería Jurídica de la Presidencia.
En el pleno, los ministros, por amplia mayoría, dieron otro revés a la Consejería en un asunto relacionado con el litigio que sostiene el gobierno de México con la empresa Calica, asentada en Quintana Roo y subsidiaria de la minera estadunidense Vulcan Materials Company.
El primer asunto había sido resuelto por el Instituto Nacional de Transparencia INAI, luego de que, en la conferencia matutina presidencial del 21 de julio de 2021 Santiago Nieto, entonces titular de la UIF, ofreciera información sobre la contratación de Pegasus.
En esa ocasión, Nieto habló de posible evasión fiscal, lavado de dinero y corrupción en la adquisición de Pegasus por más de 32 millones de dólares vía una empresa fachada.
Señaló que el gobierno anterior, a través de Tomás Zerón, compró el software espía a Tech Bull, además de recordar que Genaro García Luna fue el primero en contratar los servicios de espionaje que luego usaron algunos gobiernos estatales.
El INAI ordenó a la Secretaría de Hacienda, de la que depende la UIF, la entrega de la información referida. La respuesta de esa dependencia fue clasificar la información como reservada
por seguridad nacional. La institución encargada de la transparencia ordenó a la SHCP modificar la respuesta y entregar una versión pública sin datos personales o sensibles de la información requerida.
Frente a esa nueva resolución, la Consejería Jurídica de la Presidencia promovió dos recursos de revisión 26/2021 y 27/ 2021 ante la SCJN.
En la discusión, los ministros se hicieron eco de los argumentos de organismos civiles que han dado seguimiento al caso del espionaje con el software Pegasus.
Se trata, argumentó el ministro Luis María Aguilar, de que la UIF entregue la información que en la conferencia matutina estableció que tenía
. Alberto Pérez Dayán completó la precisión: “Se trata únicamente de las contrataciones y no del uso del software Pegasus”.
El pleno de la Corte rechazó igualmente el recurso de revisión presentado por la Consejería del Ejecutivo federal respecto de otro asunto que también comenzó en la conferencia matutina presidencial.
En julio de 2022, el presidente López Obrador informó que la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Semarnat, María Luisa Albores, había presentado una denuncia contra la minera Calica por daño ambiental en Quintana Roo, en el contexto de un litigio de larga data.
El INAI ordenó a la Semarnat entregar copia simple del escrito de denuncia y sus anexos
tras una solicitud de transparencia, según explicó la ministra Piña.
La Consejería Jurídica de la Presidencia presentó un recurso de revisión en materia de seguridad nacional, que fue defendido en el pleno por la ministra Loretta Ortiz.
La ministra Margarita Ríos Farjat argumentó que la Semarnat, sujeto obligado en posesión de la información
, no aludió en su respuesta a riesgos para la seguridad nacional. En esa línea, rechazó los argumentos totalmente novedosos
de la Consejería Jurídica de la Presidencia en el sentido de que la información entregada a la ONU afectaría el arbitraje internacional y la provisión del agua
.
Los recursos de revisión presentados por la Consejería Jurídica de la Presidencia fueron votados en contra por tres de los cinco integrantes del pleno propuestos por el presidente López Obrador.
