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lunes, 28 noviembre, 2022
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“Penoso y fallido”, documento del Ejecutivo para presentar avances de su administración: académicos

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Académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) participaron este miércoles en el Foro de Análisis del Primer Informe de David Monreal Ávila y señalaron que este documento del Ejecutivo para presentar avances y resultados de su administración fue “penoso y fallido”, pues muestra información errónea y poco fidedigna en varios rubros, por lo que “no estamos camino a la transición de una nueva gobernanza”.

Arturo Burnes Ortiz, investigador de la Unidad Académica de Economía, comentó que, en el tema de la minería, el informe contiene errores sustanciales, por ejemplo, la aseveración de que Zacatecas ocupa el primer lugar a nivel mundial en la producción de plata, plomo y zinc. Esto es falso, ya que el estado ocupa tal sitio, pero a nivel nacional.

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“Quiero hacer referencia a esta discordancia de los datos. Hay un cierto descuido, no digamos en el plano de la edición del informe que aquí no quiero plantear detalles porque son un poco penosos para un texto de esta naturaleza, pero el detalle revela la razón del resultado final de este proceso de diagnóstico que quedan fallidos”, expresó.

Comentó que, en efecto, Zacatecas es importante en el ámbito de la minería, pero eso es por la producción del gran capital minero especializado en la extracción y beneficio primario que es la fase menos rentable y más riesgosa desde el punto de vista del impacto ambiental, además de que desnacionaliza un recurso que es propiedad originaria de la nación.

Burnes Ortiz expuso que, en el informe, el gobernador integra al sector minero en un “ecosistema socioeconómico sólido e inclusivo que permite promover el desarrollo de una industria minera respetuosa del medio ambiente y las comunidades. La minería no puede dejar de ser tractora del desarrollo, pero debe serlo mediante prácticas que dentro de lo razonablemente posible sean respetuosas del medio ambiente y de las tradiciones de las comunidades”. Sin embargo, “esto realmente no se compagina con lo que sucede en la realidad, aparte de que no se explica lo de ‘razonablemente posible’”.

Según expuso, el informe reconoce que la minería está disociada de la economía regional, la cual “no está diversificada, no ofrece ni crecimiento ni empleo mejor remunerado”, además de que “las acciones y medidas se quedan cortas con la gravedad de los problemas estructurales”.

Desde su perspectiva, se debe armonizar el combate a la pobreza con la creación de riqueza y su redistribución progresiva con justicia social, el cuidado del medio ambiente y el impulso a la calidad de vida.

Según Burnes Ortiz, “si se concretara este proyecto, realmente cambiaría el rostro de la economía y la sociedad zacatecana, pero esto se queda como retórica, porque el staff gubernamental no se hace cargo no advierte, no diagnostica los obstáculos al cambio por los términos tradicionales en que Zacatecas se articula de forma subordinada, descapitalizadora, al ser un importante abastecedor de alimentos materias primas, recursos minerales, fuerza de trabajo, pero sin crear un mercado interno significativo y un mecanismo de crecimiento autónomo”.

Por su parte, Fernando Robledo, también investigador de la Unidad Académica de Economía, se refirió al tema de la migración y las remesas en el primer informe de gobierno y señaló que en el proyecto de gobierno no existe un proyecto ni política pública para generar desarrollo a partir del recurso que envían los migrantes.

Refirió que a nivel nacional llega un capital de 512 mil millones de dólares y parte de ese recurso, podría ser invertido productivamente, pero no se han implementado las políticas públicas a nivel federal y estatal que garanticen a los migrantes sobre el uso que se le vaya a dar. 

“Si no hay una garantía y si no hay esas políticas públicas, programas con sus reglas de operación, no podrán impulsar esta información. Entonces se requiere crear políticas focalizadas para impulsar estas inversiones productivas en las comunidades y en los municipios”, expresó.

También participó en el foro Alma Dávila, ex diputada local, se refirió a la problemática en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) y recordó que la iniciativa de ley que plantea Monreal Ávila es la misma que se pretendió aprobar en la anterior Legislatura, a propuesta del entonces gobernador Alejandro Tello Cristerna.

“El nuevo gobierno se eligió en junio del 2021. Después de la primera reunión que tuvo David con Alejandro, como gobernador saliente y entrante, aunque David aún no estaba en funciones, llegó esa propuesta de ley a la Legislatura”, expuso.

Recordó que, de su parte, en todo su periodo legislativo solicitó que se hiciera un estudio para rescatar al instituto y para ello se elaboró una auditoría externa, pero “hay 29 que persiguen otros intereses y ahí te topas con la realidad de lo que en realidad se puede hacer”.

Afirmó que “no hay un poder separado del entre el ejecutivo y el legislativo, porque en realidad el Ejecutivo le da instrucciones al Legislativo, al menos en esa administración así lo puedo decir por la experiencia que tuve. Los diputados que correspondían a Alejandro Tello tenían que atender todo lo que el gobernador dijera”.

Por último, Francisco Javier Contreras Díaz, docente de la misma unidad académica, manifestó que “si el dolor se distribuyera igual que se distribuye los pocos, por medio de corruptelas, beneficios; si fuera más equitativo, otra sociedad seríamos, pero los gobiernos nos meten a un esquema de sadoeconomía, de las economías del malestar y la desmemoria”.

Mencionó el caso de un ex directivo del Issstezac, quien “pregona y parece que arroja luz e invita y convoca a los pensionados y jubilados a organizarse para exigir”, cuando él no tuvo la capacidad para dar una salida viable a la crisis de ese organismo.

Consideró que la quiebra de los fondos de pensiones será un problema que se acentuará aún más y el Gobierno del Estado no tiene un planteamiento serio para resolverlo sin afectar a los derechohabientes.

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