El pasado 3 de octubre realizamos el panel “Violencia en Zacatecas. Experiencias de resistencia y denuncia frente a una academia silenciosa”, en el marco de la V Semana Nacional de las Ciencias Sociales que llevó a cabo el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales y la Unidad Académica de Ciencia Política de la UAZ. El objetivo de nuestro encuentro fue escuchar las experiencias de las víctimas de la violencia, quienes durante años han denunciado y exigido con dignidad caminos hacia la justicia y la paz. Para ello invitamos a las señoras Guillermina Camacho y Elvia Reyes (madres de los desaparecidos Jorge Alberto Salinas Camacho y Luis Antonio de Ávila Reyes), integrantes del colectivo “Zacatecanas y zacatecanos por la paz”. También nos acompañaron el fotoperiodista Adolfo Vladimir Valtierra y la periodista Irma Mejía, con amplia experiencia de documentación de la crisis de violencia en el estado, quienes compartieron sus análisis de la situación. Frente a ellas estuvieron docentes y estudiantes de licenciatura y posgrado de la Universidad, escuchando con atención las reflexiones sobre un problema que es doloroso, difícil, pero sobre el cual no podemos dejar de hablar. Queremos retomar los principales mensajes que nos dejaron y que resuenan como una radiografía de la crisis que vivimos, pero también con la esperanza de que escuchando a las víctimas se pueden construir horizontes de dignidad y resistencia.
Las intervenciones iniciaron con un muy sensible mensaje por parte de la señora Guillermina, quien les dijo a los jóvenes presentes: “en cada uno de ustedes veo a mi hijo”. Este mensaje es profundo ya que señala con claridad que, en un contexto de violencia e impunidad generalizado, cualquier persona puede ser víctima y que, justamente, son los jóvenes quienes más peligro enfrentan a diario. En tal sentido, sólo con relación a las víctimas de desaparición forzada, las madres y periodistas coincidieron en señalar que las cifras no son completas, pues si bien tienen registro de por lo menos 2824 personas desaparecidas en el estado, éste dato se refiere a aquellos casos donde existe una denuncia oficial. Dado el contexto de inseguridad y alta impunidad, las familias tienen más miedo de denunciar, por lo cual el tamaño de la crisis humana que registran las autoridades es aún mayor.
Desde la experiencia de las víctimas, existen múltiples barreras para conseguir justicia. Destacamos la propia disputa por la definición legal de la condición de “persona desparecida”, pues en muchas situaciones al catalogar los casos como “persona no localizada”, éstas quedan marcadas incluso como si se hubiera ido por voluntad propia. También señalaron que uno de los problemas centrales para acceder a la justicia se encuentra en las pocas capacidades que tienen las instituciones estatales para atender las investigaciones, pues se han encontrado que un solo agente ministerial puede tener a su cargo cientos de expedientes y cuando ellas llegan a preguntar por sus familiares ni siquiera saben dónde se ubican las carpetas.
Elvia Reyes señaló que tanto las instancias gubernamentales como las internacionales se reúnen con ellas, “las calman y luego desaparecen”, sin dar continuidad a los trabajos de búsqueda o llegar a planes de acción con monitoreo y resultados. En su caso hace tres años entregó varios restos esperando que fueran identificados por las autoridades, pero aún se encuentra esperando respuestas. En palabras de las madres, las personas son doblemente desaparecidas: cuando son desaparecidas físicamente y cuando se pierden entre archivos y carpetas, en el propio olvido institucional y social.
Dentro de los logros, que no han sido menores, recordaron el haber podido incidir en el poder legislativo para crear la Ley Estatal en Materia de Desaparición, con apoyo de académicos, abogados, defensores de derechos humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y diputadas locales. De allí se creó la Comisión de Búsqueda y el Consejo Ciudadano, con quienes tuvieron desencuentros en un inicio, aunque reconocen cambios positivos con el actual comisionado de búsqueda. Al respecto hicieron dos llamados relacionados con las decisiones del actual legislativo estatal. Por un lado, consideran que es muy importante que avance el nombramiento del/la nuevo/a titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como que pueda constituirse por completo el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda, donde dicen no tener representación.
Ante estos retos enormes, la existencia de los colectivos de familiares de víctimas son manifestación de acciones llenas de dignidad y esperanza, pues se basan en la solidaridad y la demanda de encontrar justicia ante la indiferencia generalizada y la impunidad institucionalizada. Cuando se habla de los colectivos de víctimas es importante tener en cuenta que no se encuentran sólo en un área o en la capital, pues víctimas hay en todo el estado y por ende hay familias que buscan justicia en todo el territorio. Es esa colaboración en medio del dolor, la que les ha permitido mantenerse haciendo frente a aparatos burocráticos que no sólo entorpecen los procesos, sino que muchas veces las revictimizan.
Las madres señalaron que con el pasar de los años han ido adquiriendo un conocimiento sobre el cómo se debe responder ante una desaparición, entablar denuncias, hacer seguimiento, buscar apoyo legal, realizar acciones en los juzgados, incluidas las dolorosas prácticas de búsqueda en campo. En fin, un conjunto de saberes que han desarrollado en el proceso de movilización, y si bien ellas no quisieran que llegaran nuevas familias con tanto dolor, están ahí para acompañar y asesorar desde estos saberes adquiridos.
Pero este conocimiento y experiencia que les permite mantener las redes de apoyo, se vuelve también un arma de doble filo, pues señalaron que “las investigaciones de los casos son básicamente investigaciones que nosotras hacemos…ellos (las autoridades) se dedican a corroborar lo que nosotras llevamos”. Esto lo vemos reflejado en las brigadas de búsqueda que realizan las madres, no sólo en Zacatecas sino en todo México, quienes arriesgando su vida deben ir a zonas peligrosas a buscar por sus propios medios restos humanos con la fe de hallar a sus familiares. Esta labor debería ser realizada exclusivamente por autoridades estatales ante la responsabilidad que tienen de dar respuesta a los casos de desaparición y de todo tipo de violaciones de derechos humanos.
Finalmente, la palabra de los periodistas fue importante para complementar el emotivo diálogo. Nos recordaron que el trabajo del periodista no sólo debe realizarse desde la empatía sino también desde la solidaridad. De la misma manera recordaron que “sólo vemos el último escalón de la forma circular de la violencia”, señalando que desde hace por lo menos 12 años ya encontraban las formas de penetración del crimen organizado en el territorio zacatecano, pero principalmente, la manifestación de la violencia y la impunidad que ha atravesado varios gobiernos.
Queremos cerrar este recuento retomando una situación que refleja todo el drama y el horror de la barbarie que vivimos. Hay muchos niños y niñas que perdieron a sus padres y/o madres, que se encuentran solos o a cargo de familiares. Se hizo un llamado a atender esta situación, pues estas infancias necesitan que los programas de apoyo como becas se mantengan, que la atención psicológica sea de calidad y constante, y que las instituciones entiendan que son la población víctima más indefensa, pero a la que más hay que proteger.
Sólo escuchando a las víctimas de la violencia podemos entender lo que pasa. Sólo escuchando a las víctimas, su dolor, pero también su dignidad, podemos imaginar horizontes de justicia y paz. Quienes han alzado la voz por la paz en medio del ruido de la muerte nos recuerdan que sólo superaremos la crisis a través de respuestas colectivas.
