Pese a que ya la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación en contra del Congreso del estado y de tres empresas que fueron contratados por conceptos no comprobados todavía, a fin de determinar si en estos hechos hay o no la comisión de delitos fiscales, el diputado Rafael Gutiérrez aseguró que la “autoridad competente” es el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
En este sentido, señaló que esta instancia dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “sería la autoridad competente para poder investigar sobre alguna posible irregularidad en cuanto al tema de la operación o la creación de empresas”, por lo que la investigación de la PGR debería haber sido “una consecuencia”.
Concluyó que, “incluso antes de intervenciones de carácter penal o de otro tipo, tiene que haber un dictamen del Servicio de Administración Tributaria”.
Sin embargo, hasta ahora el SAT ha guardado silencio. Desde el día siguiente a la publicación en La Jornada Zacatecas de la investigación que reveló la existencia de facturas entre el poder legislativo local y tres empresas presuntamente fantasmas, se buscó a estas autoridades federales pero no respondieron acerca de la solicitud de entrevista y por el momento no hay una postura por su parte.
El legislador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) insistió también en que, para que no se genere “incertidumbre, desconfianza y se envíe un mal mensaje”, se tendría que dar una postura oficial por parte de la secretaría general del Congreso del estado o bien de los órganos de gobierno.
Además, en cuanto a la investigación ya en curso, expuso que estas mismas instancias internas de la legislatura local deberán proporcionar los datos y la información que se requiera para poder “aclarar” la situación.
Aun así, subrayó que “en lo personal yo confío en mis compañeros diputados, creo que es un tema tal vez de una información que se ha generado algún mal entendido”.
El diputado del tricolor trató de deslindar la legislatura de la contratación de empresas actualmente investigadas por constituirse como probables compañías fantasmas, pues señaló que “puede ser que también no sea responsabilidad en este caso ni de los diputados ni de los órganos de administración, es lo que creo que no ha quedado muy claro, que escapa a la responsabilidad de estos sujetos. Habría por eso que verlo en su justa dimensión”.
No obstante, no respondió al ser cuestionado sobre quién es el responsable, por tanto, de realizar las contrataciones de los proveedores del Congreso local. Sólo explicó que todos los servicios o bienes que se reciben están a nombre de Poder Legislativo; “por una situación de carácter legal”, puntualizó, no se factura con el nombre de los diputados.
En este punto, indicó que “yo lo que creo es que una investigación a fondo nos podrá decir a través de quién se puede en un momento dado fincar alguna responsabilidad” y consideró que “el tema” ahora es el de esperar los resultados de la investigación.
