Combatir la corrupción es un objetivo de primerísimo nivel en este país. Hay analistas que afirman que el principal problema para el desarrollo de un país tan rico en recursos naturales y con tanta población pobre, es justamente la corrupción, porque es la puerta negra que impide acceder al progreso humano. Es decir, que la corrupción no sólo extrae recursos directos del erario, sino que destruye las capacidades de las instituciones para poder expoliarlas, y esto último es un daño enorme para lograr las metas del florecimiento nacional. Pues bien, al inicio de su mandato Peña Nieto propuso hacer una estrategia contra la corrupción en México, donde propusouna Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) con mayor autonomía, competencias y capacidades que la hacían más efectiva para luchar contra el cáncer del abuso de usar la función pública para el usufructo privado. Pero ahora recula y reivindica a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a la que había descalificado o desautorizado, porque ahora él y su gobierno se han visto envueltos en escándalos de corrupción enormes, que implican cuando menos conflictos de interés de todos ellos.
Por tanto, la resurrección de la SFP parece ser una operación para bloquear la lucha contra la corrupción, bajo un discurso público de intentar combatirla. Pretende una investigación que lo absuelva oficialmente, y para ello contrata al que hará ese trabajo. Con la absolución oficial quedará bloqueada la efectiva justicia en el caso de los conflictos de interés que ahora hacen ruido. Porque no sólo se trata de la persona que Peña puso ahí en situación de subordinación, sino que lo hará con aquellos que él mismo había señalado en campaña: sin autonomía y sin capacidades institucionales efectivas, la lucha por erradicar la corrupción no será más que un bello deseo. Justamente por ello es que proponía una instancia nueva para hacerlo (la CNA). ¿Por qué no activó y aceleró la creación de esta Comisión Nacional Anticorrupción desde el Legislativo, para que lo investigara? Así como sacó modificaciones constitucionales en cosa de días, así pudo sacar esta iniciativa. Es parecido al caso del Tribunal de Cuentas en Zacatecas, donde ahora el partido en el gobierno no ve necesidad de aprobar una propuesta de ellos mismos en las pasadas campañas. ¿Por qué se desdicen con tanto tupé? Porque observan los riesgos que eso conllevaría. Y si ven esos riesgos es que están conscientes de la actualidad de la corrupción al interior de sus gobiernos. Están asegurando la impunidad, y la mejor manera de hacerlo es ser declarados inocentes de manera oficial. Con este ambiente, no es raro que legisladores se nieguen públicamente a presentar su declaración patrimonial, y continuar en sus actos políticos riéndose de la moral: ¿es un árbol que da moras?—se preguntan.
