«Hay una obligación en la progresividad de presupuestos, sobre todo cuando hablamos de las actividades que lleva a cabo la Secretaría de las Mujeres, que son para la prevención y eliminación de todo tipo de violencia en contra de mujeres y niñas», sostuvo Emilia Pesci, activista por los derechos de Mujeres y Niñas y ex titular del Instituto para las Mujeres Zacatecanas, ante el proyecto de presupuesto de Gobierno del Estado que plantea una reducción de 27.8 por ciento para la Secretaría de las Mujeres (Semujer).
Esta propuesta, agregó, Cristina Trejo, académica universitaria y defensora de derechos humanos de mujeres y niñas, da pie a la lectura de que al Gobierno estatal «no le interesa hacer una política pública efectiva y eficaz para atender las problemáticas de las mujeres; no hay políticas públicas sin presupuesto», dijo.
En este tenor, expuso que no sólo se considera una disminución, sino que «esta reducción es muy alta; quiere decir que de cada 100 pesos que se asignaban se le van a asignar 83 pesos y cachito, entonces es gravísimo lo que está sucediendo».
La situación, expuso, viene de una tendencia nacional, debido a la austeridad republicana, y cada año se ha estado reduciendo en lugar de aumentar el presupuesto; esto se torna especialmente preocupante cuando «la discriminación contra las mujeres va en aumento, la violencia intrafamiliar va en aumento y las principales víctimas son las mujeres, las niñas y los niños; cuando la violencia feminicida va en aumento, que es la máxima expresión de las violencias contra las mujeres».
La importancia de esta secretaría, agregó es que se trata de un área integral, «que no sólo atiende las violencias y las desigualdades entre hombres y mujeres, lleva tres o cuatro ámbitos, el de la prevención, que es donde se llevaba una gran parte del recurso que llega a todas y a todos para que precisamente evitar la violencia y desigualdad; porque además de reducir esta brecha de desigualdad, reducir estos índices de violencia contra las mujeres es mucho más caro, entonces está la línea estratégica va a venir siendo afectada», lamentó.
Por lo anterior, Pesci señaló que «hay una falta que no se puede permitir», considerando la importancia de las acciones en la institución; «no podemos permitir el regreso», por el contrario, la asignación del presupuesto «debe priorizar la atención de los grupos vulnerables» conforme a los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano; «entendemos que no hay interés ni político, ni moral, ni ético de quien dirige las políticas públicas actualmente en la administración federal de que esto sea posible», complementó Trejo.
Con este antecedente de propuesta, las activistas no esperan que haya «al menos una ejecución del gasto con perspectiva de género, o que haya acciones en cada área de la administración estatal que garanticen la transversalidad de las políticas o de las acciones en favor de las mujeres y de las niñas», lo que consideraron negativo tomando en cuenta las necesidades actuales que tienen que tiene el Estado, mismas que «dan cuenta de la urgencia de la aplicación de recursos en beneficio de las mujeres y las niñas».
«Vamos subiendo en el ranking de estados en el número no solo de homicidios, sino también de feminicidios», delito que no se puede más que peevenir, dar a atención, la sanción, la erradicación de la violencia contra las mujeres, todos puntos que «necesitan sí o sí recursos públicos», sin mencionar los distintos programas, refugios y centros de atención atención que se cuenta y que también necesitan recurso.
Tras lo expuesto, Pesci comentó que, a su juicio, «es muy lamentable que justamente en esta administración estemos hablando de que no avanzamos, sino que regresamos; esperaríamos que hubiera perspectiva de género en todo el presupuesto, transversalidad de las acciones, es decir, que cada instancia, cada secretaría tuviera los recursos destinados exclusivamente para mujeres. Vemos que no es así, entonces, pues no hay justificación alguna», sancionó.
Por su parte, Trejo externó que esperan que se vea pronunciamiento de las instancias ejecutoras, si bien no por parte de la misma Secretaría de la Mujer al no ser propiamente un organismo autónomo, pero que sí «lo hagan desde la Legislatura, también desde la sociedad civil» y se subsane la carencia, concluyó.
