El Gobierno de México afirmó que el conflicto en la mina San Martín, en Sombrerete, “está fuera del ámbito de aplicación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y se resolverá en instancias judiciales mexicanas”; en respuesta, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSSRM) calificó esa postura como “lamentable, penosa e indignante”.
A través de redes sociales, Napoleón Gómez Urritia, secretario general de este gremio, manifestó que este mecanismo daba la posibilidad de resolver el conflicto de manera digna y justa, por lo que la respuesta del gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Economía y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es lamentable e injusta para los trabajadores de San Martín.
En ese sentido, el Sindicato Minero cuestionó que el Gobierno de México no haya estudiado de manera congruente la queja interpuesta, puesto que las negativas a los derechos de los trabajadores son “de momento a momento y de tracto sucesivo, es decir, se siguen realizando a la fecha, por lo que no aplica lo que señalan como principio de irretroactividad de la ley que hacen valer”.
Por tanto, señalaron que“esta respuesta es indignante y representa una ofensa para los compañeros trabajadores, sus las familias y el pueblo de México. La huelga de Sombrerete lleva más de 16 años resistiendo por los abusos, los caprichos y la ambición de un empresario arrogante, lo que hace insostenible que se continúen con estás violaciones a derechos humanos”.
El SNTMMSSRM expuso que el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado por defender los derechos laborales de los trabajadores, sin embargo, el boletín conjunto emitido por las secretarías “favorece y privilegia la versión patronal de Grupo México”.
Sobre la respuesta del gobierno, el sindicato también señaló que “es imposible que se diga que esta empresa no comercializa sus productos con Estados Unidos de América, sus mismos informes financieros demuestran todo lo contrario, por lo que se demuestra que sí se encuentra dentro de un sector prioritario y sí exporta a ese país”.
También explica que el Sindicato Minero y su dirigente, Napoleón Gómez Urrutia, han buscado a través de los Tribunales Mexicanos, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiados, la reivindicación de los derechos humanos de los agremiados a la sección 201 de Sombrerete y demás secciones “víctimas de los abusos, la negligencia y violaciones a derechos de parte de empresarios corruptos como Germán Larrea Mota Velasco”.
En este sentido, refiere que la huelga sigue, pero “se deben desalojar a los rompehuelgas y terceros, los cuales ilegalmente permanecen en la mina. Nuestra organización espera que el Estado Mexicano reconsidere su respuesta a la luz de las pruebas aportadas, las cuales están a su disposición, y estudie a conciencia la queja interpuesta, de lo contrario seguiremos recurriendo a paneles internacionales correspondientes para que se haga justicia por el bien de los mineros, de sus familias y de todo el país”.
En su respuesta al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, el gobierno mexicano expone que, después de 16 años de litigio, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) emitió una resolución el 9 de junio de 2023, en la que dejó sin efectos el acuerdo dictado por esa misma autoridad el 23 de agosto de 2018, que daba por terminada la huelga a través de un convenio firmado entre Grupo México y una coalición de trabajadores.
El 14 de junio de 2023, agrega, la JFCA resolvió el juicio de imputabilidad de la huelga, dictando un laudo en favor del Sindicato Minero, el cual reconoce a éste como titular del contrato colectivo; declarando como responsable de causar la huelga a Grupo México, condenándolo a pagar salarios caídos y prestaciones y dando por terminada la huelga.
Por tanto, “de los resultados de la investigación del gobierno de México sobre la presunta denegación de derechos se desprende que el conflicto se encuentra fuera del ámbito de aplicación del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida conforme al principio de irretroactividad de la ley”.
Según la argumentación del gobierno mexicano, ello se debe a que el conflicto de huelga inició en 2007 y los demás hechos que el Sindicato Minero señala como causas de denegación de derechos sucedieron antes de la entrada en vigor del T-MEC (2020); particularmente, el levantamiento de la huelga que acordó la JFCA con base en el convenio firmado entre Grupo México y una coalición de trabajadores, hecho que sucedió el 23 de agosto de 2018. Además, “no existe evidencia de que dicha mina exporte mercancías a Estados Unidos”.
“De esta manera, el Gobierno de México concluye que el conflicto en la Mina San Martín en Sombrerete, Zacatecas, está próximo a una resolución final en instancias judiciales mexicanas al encontrarse fuera del ámbito de aplicación al Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del T-MEC; y reitera su compromiso de velar por el respeto y cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras mexicanas conforme a las leyes y autoridades nacionales”.
