■ Buscan obligar a cualquier persona pública o privada a presentar su declaración patrimonial
■ 151 funcionarios fueron sancionados según lo establecido en la Ley de Responsabilidades: Acosta
En tanto que parte de lo que busca la “Ley 3de3” es cuidar que puedan obtener beneficios gubernamentales empresas fantasma, sí era excesivo lo establecido en los incisos b y c de su artículo 32, que obligaban a cualquier persona pública o privada que recibiera o contratara con el gobierno, a presentar su declaración de conflicto de intereses, opinó Ernesto Acosta Escalante, secretario de la Función Pública de Gobierno del Estado sobre el tema que causó polémica con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El funcionario adelantó sus expectativas de que la próxima semana la Cámara de Diputados “tenga a bien autorizar lo que se considere más correcto y que pueda hacer muy operativa –esta normatividad- para estos menesteres”.
Dijo que como están actualmente planteados los alrededor de mil 400 artículos contenidos en siete leyes -con las que se pretende acotar la corrupción en la administración pública-, “mi opinión personal es que la Ley 3 de 3 (…) recoge una gran parte de lo que la ciudadanía determinó mediante las 614 mil firmas” ciudadanas que se recolectaron para llevar al Congreso de la Unión el tema.
Son dos artículos que calificó de “fundamentales”, los que a partir del 5 de julio, en que inicia el periodo ordinario de sesiones, habrán de modificarse, el 29, que deberá señalar “hasta qué nivel debe ser pública la información” de las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses de los funcionarios públicos, y el 32 en sus incisos b y c, que obligaban como quedaron planteados, a presentar a cualquier persona pública o privada que recibiera recursos del erario o estableciera contratos con instancias gubernamentales, a presentar su declaración de intereses.
Luego de exponer que en su opinión esta disposición sí es excesiva, ejemplificó con el caso de una compañía hipotética que recibiera apoyo gubernamental para el desarrollo de tecnología y tuviera una plantilla de 3 mil trabajadores, todos, que según esta normativa tendrían que presentar sus declaraciones. “Ésa es la parte que busca cancelarse”, expuso.
Ernesto Acosta Escalante también ofreció ayer en breve entrevista a su salida de la inauguración de los trabajos del Taller de entrega-recepción de la administración pública municipal dirigido a contralores y síndicos, -a dos meses de finalizarse el sexenio-, el corte de los actos de fiscalización en que la dependencia ha encontrado alguna responsabilidad de los servidores públicos, mismos que sumó en 650.
Sostuvo que no se encontraron problemas en mandos altos, sino que normalmente las personas contra las que se acreditan sanciones se ubican en los niveles de subsecretarías, directores, jefes de departamento y trabajadores operativos.
De los 650 funcionarios que la SFP consideró se habían desapegado a los lineamientos legales, 151 han sido sancionados de distintas formas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos, mismos que ya agotaron las instancias a impugnar; quedan pendientes entonces, 400 casos más que deberán resolverse en los tribunales competentes.
En estos casi seis años de la administración del gobernador Miguel Alonso Reyes, sólo el actuar de tres personas mereció que se les responsabilizara penalmente según los criterios de la SFP, sus casos, que refieren casos de peculado y “solicitud de dádivas”, todavía se encuentran en análisis en las agencias del Ministerio Público, precisó.
El secretario de la Función Pública también dijo que el número exacto de funcionarios que presentaron su declaración patrimonial luego de que se ha cumplido el plazo de este año para hacerlo, fue de 2 mil 853, quedando rezagados en esta obligación 22 personas a quienes ya se les ha requerido informen las razones de la omisión, y en caso de que no sean suficientes para justificarla, “procederemos a hacer las sanciones correspondientes”.
No obstante precisó que ya cumplieron extemporáneamente con este mandato de ley 18 funcionarios, a quienes se castigará con tres días de suspensión en sus labores.
Taller de
entrega-recepción
Ernesto Acosta Escalante advirtió a los funcionarios participantes en el Taller de entrega-recepción de la administración pública municipal dirigido a contralores y síndicos, que el proceso no termina con el traslado de bienes y personal que supone este proceso, sino que en lo sucesivo “ustedes estarán bajo el escrutinio público de las próximas administraciones y la sociedad”.
Refirió además que la información de los egresos que no tenga base documental quedará sin sustento, “y el trabajo no será válido”.
El proceso de entrega-recepción es un acto fundamental de la transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, también les recordó.
El taller se ofreció a dos meses de que concluyan en sus funciones las administraciones municipales, respecto de lo cual se recalcó a los participantes procedentes de los 58 municipios del estado, que se les han dado las herramientas necesarias para hacer una entrega ordenada y transparente de los recursos humanos y materiales a los siguientes funcionarios en el encargo, pues se les ha capacitado para ello, agregó por su parte Raúl Brito Berúmen, titular de la Auditoría Superior del Estado.
