- El presunto homicida había sido denunciado por secuestro por la estudiante hace unos meses, hecho sobre el cual se hallaron “elementos suficientes” para dictar una orden de aprehensión en su contra; sin embargo, huyó y nunca fue detenido
- Tanto el juez que dictó dicha orden de aprehensión como la joven recibieron amenazas, por lo que se les proporcionó protección a ambos
- El presunto secuestrador y ahora presunto homicida interpuso, en ese momento, un amparo en contra de la orden de aprehensión, el cual le fue negado; dicho amparo, aparentemente, fue tramitado por el abogado asesinado ayer
- “Pareciera una represalia […] Evidentemente estamos hablando de hechos vinculados con la delincuencia organizada”
En una entrevista radiofónica en el noticiero A Tiempo, de Radio Zacatecas, el magistrado Arturo Nahle García aseguró que los hechos ocurridos este miércoles, tanto el asesinato del abogado Juan Manuel Rodríguez González, hijo del secretario de Gobierno del ayuntamiento de Zacatecas, como el de Nayeli Nohemí, estudiante de Derecho en la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), podrían estar relacionados.
El también ex procurador de Justicia explicó que la joven hizo prácticas en el Juzgado de Primera Instancia de Pinos y durante su estancia denunció ante el Ministerio Público ubicado en este municipio que había sido secuestrada por su ex pareja.
Los agentes que llevaron a cabo la investigación encontraron “elementos suficientes para considerar que efectivamente se había cometido el delito de secuestro en su contra y también que había datos de prueba para presumir que el ex novio había cometido el delito”.
Por ello, se llevó el caso ante el juez, en concreto el que estaba a cargo del Juzgado en el que la estudiante realizaba sus prácticas, quien dictó finalmente una orden de aprehensión en contra del probable responsable de estos hechos. Sin embargo, el magistrado dijo que esta persona huyó y nunca fue detenida.
Esta situación, expuso, ocurrió hace “unos cuantos meses, hace muy poco tiempo” y, posteriormente, tanto el juez como la estudiante estuvieron recibiendo amenazas, por lo que se solicitó el apoyo al secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández.
A raíz de esta petición, se le proporcionó protección al juez e incluso el magistrado refirió que en el mismo municipio de Pinos los escoltas de este trabajador del tribunal fueron agredidos en una ocasión con disparos de arma de fuego.
Respecto a la joven, fue el gobernador Alejandro Tello Cristerna quien refirió en medios de comunicación nacionales que también tenía escolta derivado de las amenazas recibidas.
Aparte de esta situación, Nahle García señaló que el “presunto secuestrador” interpuso un amparo en contra de la orden de aprehensión, el cual le fue negado por un juez federal de distrito. En cuanto a este proceso de amparo, dijo, “con las reservas del caso, porque no lo tengo confirmado, al parecer quien tramitó el amparo es el abogado Rodríguez que también fue asesinado el día de ayer” y que se trata del hijo del secretario de Gobierno del ayuntamiento capitalino.
Por ello, el magistrado concluyó que “si el licenciado Rodríguez es quien efectivamente promovió el amparo y le fue negado, sí pudieran estar relacionados los dos hechos. Pareciera una represalia de este presunto secuestrador, y ahora presunto homicida, tanto en contra de su abogado que perdió el amparo como en contra de la ex novia que lo acusó de secuestro hace unos meses en Pinos”.
Consideró, respecto a los hechos de este miércoles, que “evidentemente estamos hablando de hechos vinculados con la delincuencia organizada. Un llanero solitario no se avienta una agresión de esta naturaleza hasta en contra de policías estatales”.
Nahle García informó que este jueves tendrían una reunión todos los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ) debido a que, después de estos dos homicidios, temen por la integridad del juez que dictó la orden de aprehensión.
Asimismo, señaló que la situación es aún más preocupante por hay más jueces que han recibido amenazas “por los asuntos que tienen bajo su responsabilidad, por resolver una orden de aprehensión, un auto de vinculación, por dictar una sentencia condenatoria; imagínate a lo que estamos expuestos los juzgadores cuando resolvemos”.
