■ La única opción es que el pueblo se organice de manera independiente: García Zamora
Académicos, organizaciones sociales y ciudadanos, dieron a conocer la constitución de la asociación civil Amigos de Salaverna, cuyo objetivo será el acompañar la lucha de los habitantes de esa comunidad en contra de las grandes corporaciones mineras, que han afectado gravemente sus condiciones de vida.
Rodolfo García Zamora, director de la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), explicó que en los últimos 10 años se ha visto un aumento importante en el número de corporaciones mineras nacionales e internacionales instaladas en el estado de Zacatecas y se ha consolidado la presencia de compañías como Peñoles, Frisco y otras de origen canadiense.
Al mismo tiempo de su llegada, se han generado conflictos crecientes con diferentes comunidades, debido a agravios y daños de esas corporaciones hacia la vida tradicional de sus habitantes, sin que interviniera Gobierno Federal o estatal para regular esa situación.
“El problema de Salaverna manifiesta los enormes costos que tienen estas grandes inversiones mineras en el estado, y por otra parte la impunidad con la que funcionan las grandes corporaciones que, con el afán de llevarse la mayor cantidad de riqueza explotando brutalmente los recursos naturales, no se detienen en la expulsión de los habitantes de las comunidades aunque hayan tenido más de 100 años viviendo en ellas”, indicó.
Así, durante cinco años, las 30 familias que habitan Salaverna han sido sujetos de diversas estrategias de convencimiento y de presión para que abandonaran la población, y así lograr que la empresa Frisco, propiedad de Carlos Slim, pudiera transitar de una explotación subterránea a una de tajo abierto.
Según expuso el académico, ese caso embona en la situación que experimenta el país, en donde se ha implementado una estrategia de desmantelamiento de la Constitución, modificando de forma autoritaria el artículo 25, 27 y 28, con lo cual se pierde el espíritu de un proyecto independiente de México y se legaliza la entrega de los recursos naturales.
Las mismas estructuras del gobierno mexicano a nivel ejecutivo, legislativo y judicial, entonces, quedan subordinadas a las grandes corporaciones internacionales y en ese sentido Salaverna refleja los problemas que prevalecen en el país, señaló García Zamora.
Afirmó también que las agresiones que sufren varias comunidades de Mazapil y otras regiones del estado, son las mismas que se padecen a nivel nacional, con la complicidad del gobierno federal, estatal y del Poder Legislativo.
“La única opción es que el pueblo se organice de manera independiente y genere una estrategia de movilización, o de lo contrario el país será entregado a los intereses de las grandes corporaciones”, agregó.
La Asociación Civil Amigos de Salaverna, por lo tanto, se ha constituido por ciudadanos que buscan apoyar y acompañar la lucha de los habitantes de esa comunidad, con el propósito de defender el lugar en el que han habitado más de 100 años, defender la integridad de las condiciones naturales y materiales de Mazapil y defender la dignidad de esas familias que no pueden ser avasallados por ninguna corporación, aunque sea de Carlos Slim.
Por el contrario, en países como Ecuador y Bolivia, donde los gobiernos reflejan los intereses populares, hay una estrategia de desarrollo regional que no destruye el equilibrio de los habitantes con la naturaleza.
En Salaverna, manifestó el investigador, los habitantes son perseguidos, hostigados y agredidos no solamente por las empresas mineras, sino también por los funcionarios de Gobierno del Estado. En ese contexto, “los ciudadanos debemos participar y exigir el respeto a los demás zacatecanos, porque Slim no puede llegar a arrasar, como ya lo hizo en Noria de Ángeles, sin enfrentar ninguna sanción”.
Además de apoyar a esas familias, Amigos de Salaverna pretende apoyar también a todas aquellas comunidades que sean lesionadas por las grandes inversiones mineras que generan efectos irreversibles sobre las condiciones de vida en las zonas rurales del estado.
Informó que el plan de la asociación consiste en sensibilizar a la opinión pública sobre el problema “y hacer responsable al gobierno y Congreso del estado de los eventuales daños que pueda recibir la población que sigue viviendo en so comunidad”.
“Yo hago responsable a Miguel Alonso y al Congreso de cualquier consecuencia que tengan en las condiciones materiales de vida y cualquier represión que puedan sufrir los compañeros de Salaverna y otras comunidades, además que no evitó la agresión como se dio en los últimos meses de dinamitar el subsuelo, generando un desplome de 200 toneladas de tierra, para que la población tuviera que salir huyendo”.
García Zamora aseguró además que la minería es la “economía de la muerte”, porque por una parte genera grandes beneficios para los propietarios, y por otra representa enfermedades, miseria, marginación y expulsión para los habitantes, además de la muerte de la naturaleza.
Según comentó, sería utópico que la asociación pretenda detener completamente las agresiones contra las comunidades y el medio ambiente, por lo cual la idea es exigir y obligar al gobierno a que haya una alternativa decorosa para resolver el conflicto, por ejemplo, que se dote a los habitantes de un terreno con características similares el que ocupan en este momento, en el que puedan realizar sus actividades tradicionales de ganadería y recolección, y no darles dos cuartos para que maten su forma de vida centenaria.
“Nuestra meta en este problema de Salaverna es evitar el aplastamiento de la comunidad y ayudar que se les garantice una salida adecuada con un terreno que ellos ya han definido y que les permitiría tener condiciones de vida equivalentes a las que pueden perder en la medida que la compañía minera siga dinamitando el pueblo de manera subterránea”.
En lugar de gastar 400 millones de pesos en eventos para celebrar la Toma de Zacatecas, propuso que se utilice ese recurso para crear un fondo de compensación para reparar el desplazamiento de comunidades como Salaverna.
Concluyó que, después de 30 años de fracaso neoliberal, la sociedad está obligada a organizarse y exigir un funcionamiento honesto, responsable y transparente, pues impera la impunidad en el manejo de 5 billones de pesos de presupuesto a nivel nacional o 22 mil millones de pesos en el estado.
Por su parte, Edith Ortega, presidenta de la asociación Manuel Ortega El Pariente, destacó la respuesta de la sociedad para la creación de un organismo que apoyará la situación de Salaverna.
“Para nosotros eso es un triunfo de la organización social. Eso es importante porque los mexicanos todavía tenemos sentimientos, aunque Gobierno del Estado quiera terminar con el espíritu libertario de los ciudadanos”.
Afirmó que Amigos de Salaverna será una asociación no partidista, y la única intención es resolver los problemas de la comunidad. Aunque ella ha sido militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), “hoy estoy muy decepcionada, pero entiendo que la participación de la sociedad es importante para definir cosas desde el poder”.
Roberto Cuauhtémoc de la Rosa Castillo, regidor del municipio de Mazapil, aseguró que la población no está en contra de la creación de empleos con la minería, pero manifestó la necesidad de implementar un modelo distinto mediante el cual los habitantes no sean perjudicados.
“Estamos de acuerdo en que se haga el centro de trabajo, pero queremos que se nos trate dignamente. Si ellos van a sacar provecho de lo que es de nosotros, entonces quisiéramos vivir en un lugar adecuado con la certeza jurídica”.
Se refirió a un caso de Baja California, en San Felipe, donde la comunidad se negó a vender sus tierras y al final lograron un acuerdo para su renta. En el convenio, se estableció la cantidad que la empresa tendría que otorgar al ejido, de acuerdo a las necesidades de la población, además de becas para los niños y jóvenes.
En ese sentido, también se estableció que si la contaminación de la minera sobrepasaba los límites, el contrato quedaría sin vigencia, es decir, en ese caso “hubo un diálogo”, al contrario de lo que sucede en Salaverna.
