El conflicto inició porque los partidos no querían perder el poder ante el autogobierno indígena, a pesar de que las autoridades electas bajo el sistema de usos y costumbres fueron reconocidas por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) en 2017.
El juicio fue promovido por legisladores de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, quienes afirman que el gasto destinado a temas específicos fue disminuido, violando el principio constitucional de no regresividad de derechos.
“Estamos frente a un gran retroceso en la libertad de información y de expresión; probablemente el más grave de los últimos 45 años”, señalaron los empresarios.
