Morelia, Mich. Luego de permanecer tres años, dos meses y nueve días en el Cereso Regional de Uruapan, los integrantes del Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen (CCIN), José Antonio Arreola y José Luis Jiménez Meza, así como el comunero Gerardo Talavera Pineda, finalmente retornaron este miércoles a sus hogares.
Eso, debido a que no se acreditó el delito de sabotaje, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenó su libertad inmediata. Igualmente les fue restituido su derecho a continuar como autoridades comunales.
El vocero del CCIN, Efraín Avilés, sus compañeros arribaron a la cabecera municipal de Nahuatzen este nueve de febrero a las 15:30 horas. El pueblo los recibió con banda, y José Antonio Arreola uno de los principales líderes del Consejo Ciudadano agradeció lo que hizo la gente por lograr su liberación, luego de que habían sido condenados injustamente a siete años de prisión.
“Sabíamos que ese delito de sabotaje nunca se había aplicado, y las acusaciones de robo desde el inicio del proceso penal fue desechado por el juez, por eso siempre hemos dicho que se trató de una venganza política”, subrayó Avilés.
El conflicto inició porque los partidos no querían perder el poder ante el autogobierno indígena, a pesar de que las autoridades electas bajo el sistema de usos y costumbres fueron reconocidas por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) en 2017.
Sin embargo, los ayuntamientos perredistas que encabezaron Miguel Prado, Davis Otlica y Mayra Morales no solo se negaron a entregar la parte proporcional de presupuesto directo al gobierno comunal, sino que hicieron todo lo posible por desmantelarlo, bajo la complicidad del gobierno perredista que encabezó Silvano Aureoles.
Arreola, Jiménez y Talavera fueron detenidos luego de un zafarrancho ocurrido cuando los trabajadores del ayuntamiento, apoyados por policías estatales, intentaron tomar las oficinas en la que venía laborando el gobierno comunal. Los comuneros fueron acusados de robo de material que se encontraba en la casa municipal, de dos vehículos Tsuru y un camión recolector de basura, delitos que fueron desechados, pero fueron procesados por sabotaje.
