Además de la promoción del Plan C, como agenda de gobierno, la virtual Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum, propuso durante su campaña una interesante reforma en materia de combate a la corrupción, en voz del futuro Senador de la República, Javier Corral. Entre otras cuestiones proponía, por ejemplo, constitucionalizar el derecho humano a un ambiente libre de corrupción y el derecho a una buena administración pública, tal como ya se encuentra en la Constitución Política de la Ciudad de México. Además de lo anterior, se puso sobre la mesa la creación de la Agencia Federal Anticorrupción, diferenciando, para la administración pública federal, las tareas de control, prevención y fiscalización, de las de investigación, sustanciación y sanción, en materia de responsabilidades administrativas, hoy todas éstas, en manos de la Secretaría de la Función Pública. Solo por mencionar los dos aspectos más destacables, desde este punto de vista. En relación a la primera propuesta, no solo se trata de una interesante idea con sustancia jurídica y de principios, sino que, la corta experiencia que se tiene en la materia en nuestro país, ha dado resultados prácticos muy interesantes, con sentencias de parte del Poder Judicial de la Federación que garantiza, en reclamos concretos de la ciudadanía contra actos de autoridad, que dicho derecho se constituya en una herramienta ciudadana plena para exigir la garantía de verse libre de las afectaciones que por materia de corrupción puedan sufrir. Respecto a la segunda propuesta, implica el resultado de un análisis, que parece haber considerado la práctica, el análisis y evaluación del actual Sistema Nacional Anticorrupción y su implementación, pues es cierto que, desde la promulgación y entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la configuración de los órganos internos de control no se ha resuelto del todo; a tal punto que, recientemente la Secretaría de la Función Pública federal, realizó una reforma a su reglamento interior en la que, aglutinó a los órganos internos de control, que tenía distribuidos en las dependencias y entidades, para rediseñarlos en órganos internos de control especializados. Con la reforma propuesta por Sheinbaum y Corral, no solo se atendería tal tema, sino que también, elevaría la responsabilidad política y la decisión institucional para la sanción de faltas graves y no graves al interior de la administración pública. 

El problema es que, de los dictámenes que se han conocido respecto a las reformas constitucionales que se conocen como Plan C, dicha reforma no solo no está contemplada, sino que, además, se contradice, en parte cuando menos, con la que propone la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues, sí la tarea de garantizar el acceso a dichos derechos recaerá en el órgano interno de control del Poder Ejecutivo, habría que especificar, con la reforma propuesta por la presidenta, a que instancia se refiere ésta expresión ¿a la Secretaría de la Función Pública, que ya no sería competente para la materia de responsabilidades administrativas o a la Agencia Federal Anticorrupción, nueva instancia propuesta? Además, también cabría cuestionarse ¿cuál de ambas instituciones o instancias ocuparía el asiento que corresponde al Poder Ejecutivo en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que se mantiene vivo en el Dictamen ya comentado? Aunque pudiera suponerse que la creación de la Agencia citada no implica la reforma a la Constitución, esto es debatible, por las referencias al órgano interno de control que ya hemos expuesto y las propias reformas que deberán realizarse a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y en su caso, a las legislaciones de carácter local. Urge pues, que en la discusión de las reformas constitucionales que se están dictaminando en la Cámara de los Diputados, se aclare ¿qué lugar tiene en este Plan C la plataforma que presentó en campaña por parte de la virtual Presidenta? ¿Cómo se harán compatibles dichos planteamientos? La propuesta que vocalizó Javier Corral es positiva y me parece que atiende rezagos y deficiencias institucionales en materia de combate a la corrupción, además de poner en el centro a la persona, al constitucionalizar derechos humanos relativos a la materia. Ojalá pronto escuchemos de nueva cuenta de esta interesante idea y se le dé paso y cabida en la agenda de reformas y reconfiguración institucional por venir.

@CarlosETorres_

La impronta indeleble de Jimmy Hoffa en el conocimiento universal consistió en demostrar que un sindicato es un poder fáctico. Se le condenó por manipulación de jurados, soborno y fraude. Un día supo que era mucho mejor tener de su lado a las fuerzas del poder judicial que confrontarse con ellas.

A continuación, un cuento de hadas, cualquier parecido con la realidad revela las malas intenciones del lector porque aquí no hay coincidencias. En un lugar recóndito, alejado de la modernidad y avenido a todas las barbaries, moraba una reina chiquita especialista en fraudes electorales. Un buen día decidió, como todo lo que ella decidía, poner por “dedazo” a sus amigas a presidir junto con ella una comisión para dialogar con Dios. Sus súbditos acongojados decidieron demandar a su enana monarca, por considerar que sus actos son antidemocráticos y debía consultarlos. Hubo titubeo, pero a pesar de las diatribas en contra de los aún más enanos acólitos de la pequeña engreída lo hicieron. Fueron ante la “jueza de hierro” y se les dio hora, lugar y día para desahogar pruebas. Esto no gustó a la reina chiquita, poderosa como ella era, convocó a sus peones: el cerdo manchado, experto en “estafas maestras” y el borrico redondeado, contador de los dineros, defensor de los ladrones y santo patrono del delirio. Los instruyó, y estos dos personajes detuvieron la audiencia mediante la instrumentalización de sus seguidores, los hicieron declarar que serían afectados por la decisión y debían concurrir al palacio de justicia desde sus lejanas moradas. Aquellos que con ilusión peleaban por la democracia cedieron una de sus demandas y el día del juicio no se pudo aplazar más, pues los supuestos interesados no lo eran. Sin rubor alguno el apoderado de la reina chiquita declaró: “Los estatutos sindicales son anteriores, por lo menos en 5 años, a la conformación de las comisiones mixtas” (aunque los estatutos dicen “reformados” porque fueron adicionados en 1995). Y prosiguió: “los demandantes son nadie frente a la reina chiquita” (improcedente, pues los demandantes tienen derecho a reclamar lo que a su juicio consideren se les niega). Se procede al desahogo de pruebas testimoniales. Se cita a Juan Diablo y se desecha su declaración porque no es “testigo singular”. La siguiente declaración corre a cuenta del Cerdo manchado, seguidor de la reina chiquita. Declara que: “todos los rectores quieren controlar la comisión que habla con Dios. Y a mí el señor Diablo me llevó el nombramiento donde se designaba por él a los integrantes de la misma” Los defensores de los demócratas le preguntan al cerdo: “¿usted fue rector? Sí. ¿Quiso controlar la mixta? No, sí, no recuerdo”. A ver, dice uno de los abogados de los demócratas, solicito que se haga reconocimiento de pruebas. Aplicaré la técnica de contradicción. El apoderado de la reina chiquita replicó: “me opongo a eso porque a mí no se me dejó hacer lo mismo”. La jueza le responde: “apoderado, usted no justificó sus dichos y acciones. A veces se debe estudiar”. La reina chiquita manda un mensaje telepático: “no te pases, no te pases”. Se le pasa al cerdo manchado un documento y se le interroga: “¿Es ese el documento que le mandó Juan Diablo? Sí. ¿Lo puede leer?, sí. Balbucea y lee, o medio lee: “le comento, mmmm, espere, mmm, dice que comenta que esos son los miembros de la comisión” ¿Dice que los nombra? Contesta el cerdo: “No, no sé, no recuerdo”. Sin embargo, a pesar de ser contradictoria la declaración no se desecha pues la jueza de hierro es soberana y leerá con mucho cuidado las declaraciones. Así que sí, en un giro neohegeliano decide que de la contradicción surge la verdad. ¿Quién ganó? Los que se apersonaron por los pasillos del palacio de justicia de la jueza de hierro y le aplicaron la “llave doble”: el cerdo manchado le prometió dineros y votos, pues de votos se vive, y el borrico redondeado le prometió parar si la sentencia era en contra, parar el palacio, parar las avenidas y correr chismes en su contra. Ante tamañas razones la autoridad cedió. “Se hará como piden, o más bien, haré lo que pueda para que todo quede como está”.

La democratización del SPAUAZ es un proceso inconcluso. A pesar de estar claro que esa debe ser la intención de quienes lo dirigen, pues los principios del mismo establecen que “Deberá representar los intereses del conjunto de sus agremiados y no sólo de una fracción de los mismos. Para lograr tal representatividad, el Sindicato debe ser profundamente democrático”, “Pugnar por la democratización en todos los aspectos, sobre todo en lo político, así como en el interior del mismo sindicato, tratando con igualdad a todos los miembros”. Democratizar el SPAUAZ consiste en que las decisiones las tomen la mayoría de los sindicalizados mediante procedimiento democrático, que ya existe: la Asamblea General. Quienes apoyan el “dedazo” podrán tener sentencias a favor, las tuvo Jimmy Hoffa, pero no son demócratas sino autoritarios que pretenden utilizar al sindicato para posicionar a su candidata. Lo bueno que a veces gana, malo cuando pierde, que guardan silencio como momias.

Después de los resultados de la elección del 2 de junio, donde Claudia Sheinbaum logró una victoria contundente e histórica en la presidencia de México en 31 estados de los 32, obteniendo el voto y la confianza de 36 millones de mexicanas y mexicanos  para que a partir del 1 de octubre dirija los destinos de nuestra nación y consolide la cuarta transformación, y de que Morena y sus partidos aliados PT y PVEM lograran en conjunto una amplia mayoría en las Cámaras de Diputados y de Senadores, con una mayoría calificada en la primera y a un par de escaños de lograrlo en la segunda, lo que permitirá la aprobación del paquete de reformas a la Constitución presentadas al Congreso el pasado mes de febrero por el presidente Andrés Manuel López Obrador, a las cuales se suman las iniciativas de reforma que agregará la hoy presidenta electa Claudia Sheinbaum, entre las cuales se encuentran la reforma al Poder Judicial y la reforma Electoral, el frente opositor integrado por el PAN, PRI y el extinto PRD, comandado por Claudio X González, representante de los grandes monopolios y de la oligarquía dorada que busca regresar al régimen de los privilegios, intentan a toda costa impedir que se construya la mayoría calificada  de Morena y sus partidos aliados con el propósito de que no se aprueben las reformas constitucionales que afectan sus intereses políticos y económicos.

La oposición carente de argumentos con fuerza jurídica suficiente alega una supuesta sobrerrepresentación legislativa de Morena y sus partidos aliados, pero la Constitución es clara, en el artículo 54, fracción IV establece  “ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios” y en su fracción V dispone “en ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esas son las dos reglas de la Constitución que deben acatarse y aplicarse literalmente sin hacer otras interpretaciones en la asignación de diputadas y diputados de representación proporcional a cada partido político, cambiar el criterio de asignación actual por partido político por coalición de partidos como lo propone la oposición sin una reforma previa sería violar la Constitución.

Esas son las dos reglas vigentes que han prevalecido desde la reforma de 1996 al artículo 54 de la Constitución por una mayoría priista, es cierto, en ese mismo año se estableció en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales una regla específica en el artículo 59 A que regulaba las coaliciones para que estas se consideraran como un solo partido político, sin embargo, por no convenir a sus intereses políticos la coalición PRI-PAN-PVEM en 2008 eliminaron del COFIPE la disposición de que las coaliciones fueran consideradas como un solo partido político.  Por lo cual, desde 2009 a la fecha en todas las elecciones federales se ha aplicado textualmente las dos reglas constitucionales antes mencionadas. Así fue en 2009 donde le benefició a la coalición PRI-PVEM; en 2012 benefició a la coalición PRI-PVEM y PANAL; en 2015 benefició a la coalición PRI-PVEM; en 2018 estas dos reglas también se aplicaron a las coaliciones PRI-PVEM-PANAL; PAN-PRD-MC; Morena-PT-PES; en 2021 estas mismas reglas se aplicaron para las coaliciones PRI-PAN-PRD; Morena-PT-PVEM, donde la distribución de los diputados de representación proporcional también fue por partido político y no por coalición. 

Como vemos, en las cuatro elecciones anteriores, la asignación de diputadas y diputados de representación proporcional ha sido conforme lo dispone la Constitución en el artículo 54 en sus fracciones cuarta y quinta, por partido político y no por coalición de partidos. Con todos estos antecedentes, la asignación del INE en 2024 debe apegarse al texto de la Constitución que no admite interpretación distinta; intentar lo contrario con marchas, chantajes y presiones al INE “que dijeron no se toca” o al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), significa intentar violar la Constitución, incumplir el estado de derecho y la normatividad electoral y ofender el mandato del pueblo que votó por el Plan C, por la mayoría calificada para lograr las reformas constitucionales que necesita el país. Si la oposición no está hoy de acuerdo con el método de asignación que antes les convenía pueden presentar una iniciativa de reforma en la materia. 

Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación al aplicar el texto de la Constitución con los resultados de la elección, hace una proyección en la asignación de las diputadas y diputados de representación proporcional, donde se demuestra que no hay sobrerrepresentación de Morena y de sus partidos aliados.

Morena obtuvo 161 diputados de mayoría relativa (MR), con el 43.54% de la votación nacional, de acuerdo a la regla le corresponden 87 diputados de representación proporcional (RP) de los 200 ha asignar a los partidos (200 x 43.54% = 87), que sumados a los de MR tendría un total de 248 diputaciones. Como vemos, se cumple la primera regla de que “ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados”. También se cumple con la segunda regla de que “ningún partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”, el total de 248 diputados de Morena representa el 49.6% de los 500 diputados de la Cámara de Diputados, el cual no excede en ocho puntos al porcentaje de su votación nacional emitida del 43.54%. 

El PT obtuvo 38 diputados de MR con una votación nacional del 5.83% por lo que le corresponden 12 diputados de RP, con un total de 50, que representan el 10% de los diputados, los cuales no rebasan los 300 de la primera regla, ni excede en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional, ya que al sumar 5.83 + 8 = 13.83, su proyección es de 10%, el cual es menor al 13.83%. El PVEM obtuvo 57 diputados de MR con una votación nacional del 8.95% por lo que le corresponden 18 diputados de RP con un total de 75, que representan el 15% de los diputados, los cuales no rebasan los 300 de la primera regla, ni excede en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional, ya que al sumar 8.95 + 8 = 16.95, su proyección es de 15%, el cual es menor al 16.95%. 

Como vemos en ningún caso los partidos de la coalición “Sigamos Haciendo Historia” incumplen con las dos reglas multicitadas de la Constitución, por lo que es falso que haya sobrerrepresentación derivado de la asignación de diputados de RP por arriba de lo que dispone nuestra Carta Magna. Por lo cual, los consejeros electorales del INE y los magistrados del TEPJF deberán de respetar y hacer cumplir la Constitución en la asignación de los diputados y senadores de representación proporcional por partido político y no por coalición, hacer lo contrario sería violar la Constitución y pondría al descubierto el conflicto de interés para impedir la mayoría calificada que apruebe las reformas al Poder Judicial y la Electoral.