Además de la promoción del Plan C, como agenda de gobierno, la virtual Presidenta Electa, Claudia Sheinbaum, propuso durante su campaña una interesante reforma en materia de combate a la corrupción, en voz del futuro Senador de la República, Javier Corral. Entre otras cuestiones proponía, por ejemplo, constitucionalizar el derecho humano a un ambiente libre de corrupción y el derecho a una buena administración pública, tal como ya se encuentra en la Constitución Política de la Ciudad de México. Además de lo anterior, se puso sobre la mesa la creación de la Agencia Federal Anticorrupción, diferenciando, para la administración pública federal, las tareas de control, prevención y fiscalización, de las de investigación, sustanciación y sanción, en materia de responsabilidades administrativas, hoy todas éstas, en manos de la Secretaría de la Función Pública. Solo por mencionar los dos aspectos más destacables, desde este punto de vista. En relación a la primera propuesta, no solo se trata de una interesante idea con sustancia jurídica y de principios, sino que, la corta experiencia que se tiene en la materia en nuestro país, ha dado resultados prácticos muy interesantes, con sentencias de parte del Poder Judicial de la Federación que garantiza, en reclamos concretos de la ciudadanía contra actos de autoridad, que dicho derecho se constituya en una herramienta ciudadana plena para exigir la garantía de verse libre de las afectaciones que por materia de corrupción puedan sufrir. Respecto a la segunda propuesta, implica el resultado de un análisis, que parece haber considerado la práctica, el análisis y evaluación del actual Sistema Nacional Anticorrupción y su implementación, pues es cierto que, desde la promulgación y entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la configuración de los órganos internos de control no se ha resuelto del todo; a tal punto que, recientemente la Secretaría de la Función Pública federal, realizó una reforma a su reglamento interior en la que, aglutinó a los órganos internos de control, que tenía distribuidos en las dependencias y entidades, para rediseñarlos en órganos internos de control especializados. Con la reforma propuesta por Sheinbaum y Corral, no solo se atendería tal tema, sino que también, elevaría la responsabilidad política y la decisión institucional para la sanción de faltas graves y no graves al interior de la administración pública.
El problema es que, de los dictámenes que se han conocido respecto a las reformas constitucionales que se conocen como Plan C, dicha reforma no solo no está contemplada, sino que, además, se contradice, en parte cuando menos, con la que propone la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), pues, sí la tarea de garantizar el acceso a dichos derechos recaerá en el órgano interno de control del Poder Ejecutivo, habría que especificar, con la reforma propuesta por la presidenta, a que instancia se refiere ésta expresión ¿a la Secretaría de la Función Pública, que ya no sería competente para la materia de responsabilidades administrativas o a la Agencia Federal Anticorrupción, nueva instancia propuesta? Además, también cabría cuestionarse ¿cuál de ambas instituciones o instancias ocuparía el asiento que corresponde al Poder Ejecutivo en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, que se mantiene vivo en el Dictamen ya comentado? Aunque pudiera suponerse que la creación de la Agencia citada no implica la reforma a la Constitución, esto es debatible, por las referencias al órgano interno de control que ya hemos expuesto y las propias reformas que deberán realizarse a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y en su caso, a las legislaciones de carácter local. Urge pues, que en la discusión de las reformas constitucionales que se están dictaminando en la Cámara de los Diputados, se aclare ¿qué lugar tiene en este Plan C la plataforma que presentó en campaña por parte de la virtual Presidenta? ¿Cómo se harán compatibles dichos planteamientos? La propuesta que vocalizó Javier Corral es positiva y me parece que atiende rezagos y deficiencias institucionales en materia de combate a la corrupción, además de poner en el centro a la persona, al constitucionalizar derechos humanos relativos a la materia. Ojalá pronto escuchemos de nueva cuenta de esta interesante idea y se le dé paso y cabida en la agenda de reformas y reconfiguración institucional por venir.
@CarlosETorres_
